Montevideo, 24 ago (EFE).- La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) pide que los médicos de esa especialidad puedan actuar en los procesos de interrupción del embarazo en Uruguay, para compensar el fallo que permitió a los ginecólogos objetores abstenerse de todas las etapas del aborto.
“Sería suficiente modificar el decreto reglamentario desde el Ministerio de Salud, cambiando la especificación de la especialidad médica que puede intervenir en determinadas etapas”, explicó hoy a Efe la presidenta de Sumefac, Jacqueline Ponzo, respecto a la limitación de que solo ginecólogos pueden actuar integralmente.
El pasado viernes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Uruguay falló a favor de que los ginecólogos del país aleguen la objeción de conciencia para negarse a participar en cualquier consulta relacionada a la solicitud del aborto.
De acuerdo con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2012, la mujer que solicita abortar lo puede hacer hasta las 12 semanas de gestación y mediante una serie de consultas que incluyen el asesoramiento informativo previo al procedimiento y el acompañamiento posterior al mismo.
Antes de la decisión definitiva del TCA, los especialistas contrarios a la práctica tenían que participar de todas esas etapas, pudiendo abstenerse solamente del acto en sí: recetar el fármaco abortivo o intervenir quirúrgicamente.
Luego de las repercusiones acerca del fallo, la Sumefac emitió un comunicado para manifestar su preocupación por la posibilidad de que los derechos de las mujeres “continúen vulnerados” debido a la objeción de conciencia, que ya venía afectando el acceso al servicio especialmente en el interior del país.
En algunos departamentos uruguayos, el porcentaje de ginecólogos objetores sobrepasa el 80 %, según una investigación de la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU) divulgada el pasado abril, que alerta de “un colapso de los servicios”, que resultan sobrecargados en donde están disponibles.
“Creemos fundamental ampliar el perfil profesional habilitado para intervenir en las diferentes etapas de IVE, actualmente restringida a especialistas en ginecología. Este procedimiento debe estar comprendido dentro de la atención a la salud de las mujeres que ya realizamos desde nuestra especialidad”, dice el texto de la Sumefac.
Para Ponzo, “en el marco de la atención integral, muchas veces resulta artificial derivar a la paciente a otro médico cuando ya tiene una atención personalizada en el equipo de familia”.
“Por supuesto que cuando se requiere un procedimiento quirúrgico ahí sí tiene que intervenir el ginecólogo, pero podemos perfectamente hacer esa coordinación para que la paciente sea entonces derivada”, completó.
En ese sentido, la Sumefac reiteró su pedido de “modificaciones reglamentarias” para incluir a los especialistas en medicina familiar y comunitaria en la atención integral al aborto, “incluida la administración de misoprostol (medicamento mayoritariamente utilizado en la IVE)”.
El comunicado aboga por el “compromiso” de la asociación en “ser parte de la solución”.
Luego de ser notificado oficialmente por el TCA el pasado viernes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay anunció que hará un registro de los ginecólogos que aleguen objeción de conciencia para practicar abortos a fin de cumplir el dictamen administrativo.
El ministro de Salud, Jorge Basso, señaló en ese momento que la sentencia obligará a desarrollar algunas medidas de reestructuración de personal para poder atender la demanda de solicitudes en todo el territorio nacional.
Por su parte, Ponzo adelantó que la comisión directiva de la Sumefac se reunirá esta semana para evaluar la posibilidad de solicitar una reunión con el MSP.
“Si bien todavía faltan médicos de familia en algunos lugares, eso podría aumentar el acceso (de las mujeres a la ley), particularmente en el sector público donde tenemos mayor inserción y justamente donde las pacientes encuentran más dificultades”, defendió.
En América Latina, la posibilidad de que la mujer aborte amparada por el sistema de salud solo existe en la capital mexicana, en Cuba, Guyana y Puerto Rico, además de en Uruguay.
