El Casino Royale era un casino como todos los casinos. Por las tardes, se llenaba de mujeres mayores de 50 años, y algunos hombres. También había jóvenes. Jugaban hasta el amanecer. Afuera, agosto ratificaba 45 grados a la sombra. Dentro, el ambiente de aire acondicionado y el ring-ring de las máquinas se convertían en bendición. Porque, como ocurría en todos los casinos, no había deficiencias en las instalaciones. Y el miedo era una sensación lejana y la emoción, una cascada.
Desde las 4:30 p.m del 25 de agosto de 2011, Casino Royale significa tragedia. Pero también injusticia. Este amanecer, 52 cruces colocadas sobre cenizas resumen lo primero. A lo segundo lo ejemplifica la falta de responsables. Si aquella tarde El Casino Royale ardió en llamas después de que un grupo de sicarios lo roció con gasolina y granadas, el destino cambió sólo para las víctimas y sus familiares. Para las autoridades y el propietario, no. Todos están libres. Que así ocurriría quedó claro desde el principio. El 6 de diciembre, el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que la muerte no llegó porque el establecimiento fuera inseguro. Así que deslindó de cualquier responsabilidad a los gobiernos estatal y municipal. En cambio, centró sus fuerzas en detener a supuestos miembros de Los Zetas. Por El Casino Royale, los detenidos han caído como dominó. El 29 de agosto había cinco; para el 20 de septiembre, ya eran nueve, y en noviembre, con la aprehensión de Hugo Iván Santos Doria, El Monky o El Manitas, quien habría participado como “halcón”, se completaron diez. Son los diez que en febrero dirían que admitieron culpa bajo tortura. Pese a ello, el efecto continuó y los culpables continuaron cayendo. El cinco de enero de 2012 cayó Baltazar Sauceda Estrada, “El Mataperros”; en abril de 2012, cayeron Jesús Rafael Gómez Bautista, alias “El Colitas y dos cómplices. Hay otros que –según la PGR- participaron en la quemazón, pero no llegaron a la cárcel. Al “Quemado” –autor intelectual- lo habrían matado elementos del Ejército en la carretera que comunica Piedras Negras con Nuevo Laredo en abril de 2012. En otro momento y en otro sitio, habrían asesinado a “El Monterrey”. Hasta el cierre de este texto, seguían prófugos Jesús Alejandro García González, “El Gato” o “El Borrado”, y otros identificados sólo con los apodos de “La Kitty” o “La Pelirroja”; “El Chimpas” o “El Chimpa”; “La Beba”, “El Huevo” y “El Tony”… Se han completado dos decenas de detenidos, pero en la vigilia del primer aniversario de la tragedia, los deudos aún reclaman justicia. Continúan a la espera de algo de reparación y alivio, frente a 52 cruces en este terreno que hace apenas un año era un casino como todos los demás.
RODRIGO MEDINA / GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN
DÓNDE ESTABA
Faltaban diez minutos para las 16:00 horas en Monterrey y el Casino Royale, en Jesús María Fernández y San Jerónimo, ya estaba rociado con gasolina y sembrado con granadas. Quizá explotó una, quizá todas al mismo tiempo –el peritaje de la PGR no conoció el detalle-, pero a las cuatro de la tarde, aquella esquina ardía. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, descansaba de una mañana agitada. Tras un año de gobierno de la entidad donde nació en 1972, los delitos comunes y federales se habían incrementado más allá de la media nacional. Y él, como parte de una labor coordinada con el gobierno federal para amenguar la inseguridad, esa mañana había entregado un punto fijo de control de la avenida Garza Sada a la Secretaría de la Defensa Nacional, el segundo en la semana. En las horas siguientes, se dedicaría a usar el Twitter: a la una con trece de la tarde, desde la Mac felicitaría a 33 centenarios de Nuevo León que habían recibido un reconocimiento. Eso fue lo último que hizo en el microblogging porque a las 16:30 Jorge Camacho Rincón, secretario de Protección Civil del estado, ya había sacado 23 cadáveres del Casino Royale. El gobernador calló. A las 20:20 el presidente Felipe Calderón expresó su solidaridad con las víctimas de “este aberrante acto de terror y de barbarie” y dijo que este tipo de actos lo motivaba a continaur con la lucha contra el crimen organizado. Rodrigo Medina, a las 9:29 de la noche, a través de Twitter apareció, por fin: “Mi más sincero pésame a todos los familiares de las víctimas que cobró el cobarde atentado en el establecimiento de Avenida San Jerónimo”. Desde entonces y hasta ahora, esas llamas se convertirían en su sombra.
Las acciones del gobernador fueron seguidas de peros:
-A mes y medio, presentó un paquete de reformas a la Ley de Justicia Administrativa. La iniciativa sustancial era que que el estado fuera el encargado de emitir los permisos para la operación de casinos y se negara la instalación de más; pero el Congreso sólo aprobó la que se refiere a que la magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo amparen a dueños de casinos que se resistan a la suspensión de la construcción o la operación. En Monterrey pueden construirse más casinos.
-Dijo ante los medios de comunicación que el peritaje estaría listo en diciembre, pero a finales de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó. Ante el asombro de las familias y la confusión del gobernador. La dependencia federal aclaró que sí había realizado el estudio y que se entregaría a la Procuraduría de Nuevo León, que hasta ese entonces no podían acceder al inmueble porque estaba bajo la jurisdicción federal.
Pasó un año y este hombre, nacido en Monterrey el 9 de septiembre de 1972 del matrimonio de Humberto Medina Ainslie y Rebeca de la Cruz Barrera, empezó a vivir la peor crisis de confianza de su gobierno. Acaso el espejo de ello ocurrió el 28 de agosto de 2011 cuando más de mil personas se manifestaron en una marcha en contra de la inseguiridad frente al Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León. Un grupo de jóvenes golpeó las puertas de Palacio porque quería sacar las pertenencias del mandatario a la calle. El historial profesional de Rodrigo Medina sólo se encuentra en la política. Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana y maestro en Derecho Corporativo Internacional, fue delegado regional del Instituto de Migración; después, secretario técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad del Estado en Nuevo León y a la postre, subsecretario de Atención Ciudadana y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno. En 2006 fue electo diputado federal por II distrito electoral federal de Nuevo León. Medina fue presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados hasta que el 5 de julio de 2007, el gobernador José Natividad González Parás lo nombró secretario general de Gobierno de Nuevo León. El 5 de julio de 2009 fue declarado gobernador electo de Nuevo León.
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FERNANDO LARRAZABAL / PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY
DÓNDE ESTABA
A tres horas del atentado, el alcalde ya tenía certeza sobre las causa de la tragedia: todo había ocurrido por la ilegalidad. Casino Royale desobedeció la orden de suspensión. “Si en su momento hubieran permitido el actuar de Protección civil, Dirección y Vigilancia, otro resultado hubiéramos tenido”, comentó Fernando Larrazabal Bretón.
Cinco días después, ya no estaba cierto de nada. Sus declaraciones ya no eran fáciles. Ni tan rápidas. El hombre al que que se le adjudicó el fracaso de la megabiblioteca José Vasconcelos, el fracaso más emblemático del gobierno de Vicente Fox, por construirla en terrenos irregulares y sobre todo, por guiarse con prisa, tuvo que callar. El Grupo Editorial Reforma lanzó a la red una serie de videos en los que su hermano mayor, Manuel Jonás, recibía dinero en efectivo de varios empresarios de casinos en Monterrey.
A las 7:15 horas del 30 de agosto, el alcalde se presentó a reabrir la calle Colegio Civil, que había permanecido cerrada durante 28 años porque ahí se instalaron vendedores ambulantes al grado que fue conocida como Tepito regiomontano. Motejado como Larry, el presidente municipal tenía previsto anunciar ahí un golpe a la ilegalidad cuando los reporteros lo sorprendieron. “La ciudad de Monterrey eligió a Fernando Larrazabal; de los actos de mi hermano no me puedo yo hacer responsable. Yo voy a pedir a la Procuraduría que sea quien investigue, y si él tiene una responsabilidad, que sea llevado a la justicia como cualquier persona”, alcanzó a decir. Y se fue.
El edil no era de Nuevo León. Ahí llegó en los 80 y en 2000 obtuvo la alcaldía de San Nicolás, el quinto municipio más industrializado del país. Un año después de concluir su encargo, Vicente Fox lo nombró director general del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y ahí tomó la responsabilidad de la megabiblioteca.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN le solicitó que pidiera licencia para esclarecer los presuntos nexos ilegales de su administración con casinos. El nueve de septiembre, Larrazabal Bretón anunció que se mantendría en el cargo. En una sesión extraordinaria de Cabildo, el edil dijo que esta decisión había sido adoptada con base en una consulta pública, con más de seis mil regiomontanos, su familia y su equipo de trabajo. En febrero de 2012, el mismo PAN determinó incluir a Fernando Larrazabal, presidente municipal de Monterrey, en la lista de candidatos a diputados federales. Y en marzo, el cabildo le concedió licencia. Larrazábal ganó la contienda electoral del domingo, aunque su triunfo fue impugnado. El particular Eduardo Montemayor Treviño interpuso una denuncia basada en que el mismo hombre no podía tener dos cargos de elección popular al mismo tiempo. Un juez le ordenó a Larrazábal que regresara a la presidencia municipal. Él se amparó.
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JONÁS LARRAZÁBAL / HERMANO DEL ALCALDE
Su nombre no era relevante al momento de la tragedia. Oriundo de Ejutla de Crespo, Oaxaca, como sus cuatro hermanos, Manuel Jonás vivía en forma intermitente en Monterrey porque solía ir a Oaxaca y regresar. Pese a los puestos de su hermano, no fabricó ninguna carrera en la administración pública. Manuel Jonás se afilió al PAN en San Nicolás, el municipio que gobernaba Fernando Larrrazábal. Se dedicó a promover eventos deportivos en Monterrey. En la siguiente administración, el hermano del alcalde logró colocarse en el departamento de Panteones, bajo la administración del priista Ricardo Canavati.
La sombra de Casino Royale lo persiguió cuando arrancó septiembre y el Grupo Editorial Reforma divulgó su imagen mientras recibía dinero en supuesto chantaje. Cuestionado sobre sus motivos, Larrazabal respondió que se debía a la venta de quesos y otros productos típicos de Oaxaca. Para entonces, se encontraba solo. Lícitas o ilícitas, su hermano se había deslindado de sus actividades. A él lo lo rodeaba el mayor escándalo en torno a la tragedia del Casino Royale. Por una demanda de los socios del casino La Red, el 19 de octubre de ese mismo año, fue ingresado al penal de Cadereyta y luego reubicado al Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO). El 25 de octubre, personal del Juzgado Segundo de lo Penal en Monterrey le notificó auto de formal prisión por el delito de chantaje. Luego de permanecer 72 días en prisión, fue liberado. Los empresarios le otorgaron el perdón.
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ADRIÁN DE LA GARZA / PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE NUEVO LEÓN
Tenía seis meses como procurador cuando un grupo armado quemó el Casino Royale y 52 personas perecieron. A las 17:00 horas del día después, arribó al lugar con 20 agentes ministeriales. Fue él quien le puso el punto final a la historia de la masacre: ya no encontró cuerpos entre los escombros, oficialmente la cifra se estacionaba en 52.
Hasta ese momento, no había ninguna relación personal entre el procurador y el Casino Royale. Tras la difusión de los videos del hermano del alcalde, el procurador declaró en la radio, la televisión y los periódicos que estaba abocado a la búsqueda del operador del casino La Red para que aclarara la situación. Pero la prensa local publicó que el apoderado jurídico para pleitos y cobranzas del Casino Red era precisamente Gerardo Israel Gómez Méndez, socio del despacho De la Garza Santos Abogados, donde trabaja el hermano del procurador: Filiberto de la Garza. Este hermano también había estado en la función pública. El 18 de febrero de 2009, el hermano del procurador del estado renunció al cargo de subsecretario de Protección Ciudadana de la entonces Agencia de Seguridad Pública.
Pero Casino Royale fue un caso más en la cartera del procurador. Tres días antes de que se cumpliera un año del incendio, brindó entrevistas en su oficina. Dijo que solicitaría al juez del fuero común aplicar la pena máxima de 50 años de prisión para los autores de la masacre. Insistió en que de acuerdo con la averiguación que se seguía a nivel estatal no existían elementos para fincar responsabilidades a funcionarios, como tampoco al propietario del casino. Pidió a los familiares de las víctimas confiar en que los identificados como autores son, hasta ahora, los únicos responsables. “Entiendo que el sentimiento de impunidad también puede ser en el sentido de que no han sido sentenciados, pero también partimos de la base que hay un proceso penal establecido y que hay que cumplir los tiempos de este proceso, que se están cumpliendo a cabalidad”.
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RAÚL ROCHA CANTÚ / DUEÑO DEL CASINO
Raúl Rocha Cantú, dueño del Casino Royale, salió del país a pesar de tener una orden de presentación ante autoridades estatales y federales, días después del funesto 25 de agosto. El procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, José Cuitláhuac Salinas Martínez, coincidieron en que habían pedido apoyo internacional para ubicarlo. Los funcionarios dijeron que habían interrogado a familiares y conocidos del dueño del casino, y al piloto del avión con el que habría abandonado México. El procurador admitió que la declaración de Rocha Cantú era necesaria para la investigación.
El empresario apareció desde el exilio. Dirigió una carta a la sociedad de Nuevo León, las autoridades y los medios de comunicación. Estaba dispuesto a rendir su declaración sobre el atentado en cuanto las autoridades le garantizaran que su vida estaba a salvo.
Rocha Cantú, quien se identificó en la misiva como accionista de la empresa operadora del Casino Royale Monterrey, no ofreció detalles sobre los posibles motivos que tuvieron los autores del ataque.
Hasta hoy, el abogado de Atracciones Vayarta, Juan Gómez Jaime, no ha querido revelar el paradero de Rocha Cantú. Ha completado un año en el extranjero. Desde donde se encuentra, a principios de enero reabrió, con diferencia de unos días, dos casas de apuestas: al antiguo casino Fantastic lo rebautizó como Malibú, y al Palazzo, de Guadalupe, como Riviera. Los dos establecimientos habían sido clausurados el 12 de enero en operativos de la Secretaría de Gobernación y con apoyo de las autoridades estatales y municipales. El casino Malibú, que se localiza sobre la avenida Manuel L. Barragán, está registrado como propiedad de CYMSA Corporation, S.A. de C.V., empresa creada en mayo de 2005 por Rocha Cantú. Por la operación del Malibú, un juez penal de distrito, en abril de 2012, ordenó su aprehensión. Pero Rocha Cantú no ha aparecido.
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JORGE CAMACHO /DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE NUEVO LEÓN
Fue la primer autoridad en arribar al tinglado de la tragedia. A las cuatro y media de la tarde había sacado veinte cuerpos del casino. Dirigía el caos solo y con la mirada de los medios nacionales e internacionales sobre sus espaldas. Recorría la instalaciones que él mismo había autorizado en 2007. En septiembre de 2011, en rueda de prensa, admitió que fue él quien le dio el visto bueno al Casino Royale. También dijo ante los reporteros que el visto bueno no es un permiso y que el incidente del casino Royale no fue por fallas técnicas, sino por un atentado del crimen organizado. En ese momento, descartó renunciar. Legisladores del PAN interpusieron una demanda en su contra después de una comparecencia en el congreso local en la que reconoció que habría revisado las instalaciones del Casino Royale sólo en una ocasión. La demanda no ha procedido. Nació en Monterrey el nueve de septiembre de 1973 y empezó su educación básica en la Escuela Ignacio Zaragoza Club de Leones 10. Los estudios superiores los realizó en la Facultad de Medicina de Monterrey; además de asistir al Emergency Medical Techician Program en el Hospital Hayes Green Beach Memorial en Charlotte, Michigan. Como rescatista, se formó en la Cruz Verde Monterrey y después, como auxiliar en el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.
