El recrudecimiento de la persecución contra los migrantes por parte de las autoridades mexicanas va en aumento desde finales de marzo, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro en su política migratoria de puertas abiertas hacia la contención. En los cinco meses desde su llegada a la presidencia la cifra de deportaciones casi se ha triplicado, rozando las 15 mil en abril, máximo histórico según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Y la tendencia sigue al alza con unas 22 mil 700 detenciones en mayo.
Por Aitor Sáez
Tenosique, Tabasco, 24 de junio (ElDiario.es).– “¿Falta mucho, mamá?”, pregunta Wilmer, de cuatro años.
—Ya llegamos —repite Vivian.
Es la misma respuesta que le da desde hace varias horas. Pero, esta vez, su promesa es cierta. Les faltan cinco kilómetros para llegar a Tenosique, la primera ciudad en territorio mexicano, después de haber caminado otros 60 desde la frontera con Guatemala. Casi un día entero a pie para un trayecto de una hora en vehículo. Los conductores de autobuses impiden que se suban porque pueden condenarlos por tráfico de personas. El rebufo de los coches pasando a escasos metros los ventila ante el abrasante sol que pesa sobre sus cabezas. Ya no encuentran nada con qué cubrirse ni árboles donde tomar un respiro.
Wilmer carga una cantimplora vacía desde hace bastantes kilómetros. “Llevamos un día caminando sin comer nada, sin beber agua. Hemos pedido agua pero nos la han negado”, lamenta Vivian. “Vamos con miedo, hay muchos obstáculos. Mucha gente que estafa, que miente para cobrar dinero”. Por el mismo arcén caminan su hijo de 8 años, otra madre con tres niños de 12 a 6 años, y una pareja de mujeres. Sus maridos avanzan unos cien metros más adelante para advertir si viene alguna patrulla migratoria. Todas partieron de Ciudad de Guatemala y se conocieron en El Naranjo, la última urbe fronteriza de ese país desde dónde se planea un cruce a México cada vez más arriesgado.
LA PERSECUCIÓN PONE EN RIESGO SUS VIDAS
El recrudecimiento de la persecución contra los migrantes por parte de las autoridades mexicanas va en aumento desde finales de marzo, cuando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un giro en su política migratoria de puertas abiertas hacia la contención. En los cinco meses desde su llegada a la presidencia la cifra de deportaciones casi se ha triplicado, rozando las 15 mil en abril, máximo histórico según datos del Instituto Nacional de Migración (INM). Y la tendencia sigue al alza con unas 22 mil 700 detenciones en mayo.
“Las redadas y detenciones masivas –denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF) –fuerzan a la población migrante a la clandestinidad y bloquean su acceso a los servicios médicos”. Una de las rutas alternativas a Tapachula (Chiapas), el paso más concurrido, es por Tenosique, en el estado de Tabasco. Buena muestra de ello es la presencia sin precedentes de cubanos y haitianos, que ahora optan por entrar a México por uno de los puntos con mayor índice de violencia.
“Mucha caravana por allá en Tapachula, entonces las autoridades están deteniendo más a uno. Aquí se arriesga más, pero hay menos migración”, explica sin aminorar su paso el hondureño Fredy Mata, junto a sus dos hijos. Durante la noche, su grupo se escondió entre los matorrales cada vez que pasaba un vehículo ante el temor a ser detenidos o asaltados.
“Hemos percibido un incremento de consultas por golpes, traumas, lesiones físicas y también violencia sexual en este tramo de la ruta. Todo esto por el aumento del peligro debido a la criminalización de los migrantes”, afirma a este medio Perla Gómez, la encargada médica de MSF en la zona. En cuatro días de junio se registraron siete casos de violaciones y abusos sexuales en ese camino de 60 kilómetros, además de numerosos atracos y varios secuestros.
A Sender Ramírez y su colega los atacaron con machetes para robarles el teléfono móvil, su ropa y los pocos pesos que cargaban. “Nos apuntaron con el arma y nos dijeron que nos metiésemos al monte que si no, nos iban a matar. Entonces ya estando en el monte nos quitaron todo lo que traíamos”, explica el joven guatemalteco tembloroso y con una profunda herida que le impide mover el brazo derecho.
EL DESPLIEGUE DE LAS AMENAZAS DE TRUMP
Pese al blindaje de la frontera sur, el flujo migratorio ha seguido creciendo. Estados Unidos interceptó a 144 mil migrantes en mayo, un 32 por ciento más que en el mes anterior. El Presidente Donald Trump utilizó esas cifras para lanzar su amenaza de imponer aranceles a todos los productos procedentes de México. Tras el ultimátum, el Gobierno mexicano acabó plegándose ante la mayoría de exigencias de Washington para restringir la llegada de personas sin papeles en un plazo de 45 días. No obstante, hasta la fecha, el acuerdo alcanzado con Estados Unidos hace dos semanas apenas ha representado cambios sustanciales en la intensificación del control fronterizo que ya se venía produciendo desde hace dos meses.
México se comprometió a desplegar en la frontera sur a seis mil miembros de la Guardia Nacional (GN) –cuerpo recién creado para combatir el narcotráfico–, con el fin de contentar al vecino del norte. En la práctica, “la Guardia como tal no puede desplegarse porque la primera generación se forma el 30 de junio”, según explican fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública consultadas por eldiario.es. Es decir, por el momento, se reduce a policías y militares portando brazaletes con las siglas “GN”. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) [entidad gubernamental] alertó que esos efectivos actuarán en tareas migratorias “sin una formación y conocimiento en derechos humanos”. En Tapachula es el único de los ocho puntos fronterizos oficiales donde algunos miembros de la GN, alrededor de 500, han iniciado operaciones, pero su presencia no ha frenado, al menos significativamente, el ingreso de personas extranjeras en el país.
Para sortear la aduana de El Ceibo, el cruce fronterizo de Tabasco, los migrantes pagan a un “coyote” [traficante de personas] unos 200 pesos, unos 9 euros, para que los guíe por un sendero selvático de media hora a pie, a tan solo 50 metros del paso legal. “Si la ‘migra’ [agentes de inmigración] tapa esto, pasaremos a los mojados [migrantes] más arribita”, asegura Miguel, uno de los vecinos de ese puñado de casuchas que ahora se gana un dinero extra con esos recorridos.
Sellar los mil kilómetros de porosa frontera entre Guatemala y México resulta poco factible. Por ello los planes del Gobierno de López Obrador se encaminan a crear una barrera de contención en el istmo del país, –la parte más estrecha de la geografía, ya dentro del territorio mexicano–, de unos 200 kilómetros de ancho. Sin embargo, a la dificultad de tapiar la frontera se suma la extendida corrupción de las autoridades migratorias y policiales, que “suelen recibir pagos de los ‘coyotes’ para hacer la vista gorda”, explican los lugareños sobre lo que consideran un secreto a voces. El refuerzo de los controles migratorios empuja a los migrantes a exponerse a las redes de traficantes y a situaciones de mayor riesgo como viajar dentro de camiones o atravesar rutas inhóspitas controladas por el narcotráfico. También aumenta el precio que los traficantes cobran por cada tramo.
CENTROS SATURADOS
Hace un mes, unas 200 unidades de la Policía Federal y el Ejército llegaron a Tenosique para acompañar a las autoridades migratorias en sus labores de “rescate” y “aseguramiento”, eufemismos empleados para referirse a las detenciones de migrantes. El despliegue fue tan precipitado que los agentes fueron hospedados en los escasos hoteles de la ciudad, donde paradójicamente cada mañana se topan con los migrantes, también alojados ahí, a los que tal vez interceptarán más adelante.
Sólo en Tabasco, uno de los estados fronterizos menos transitados, se cuadruplicaron las detenciones en mayo respecto a marzo, superando las 4 mil aprehensiones, según cálculos de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur) a los que tuvo acceso eldiario.es. Una de las modalidades recientes ha consistido en parar el tren de mercancías al que se suben los migrantes, conocido como “La Bestia”, en una zona deshabitada a unos 10 kilómetros de Tenosique. En concreto, en el puente Boca del Cerro que atraviesa el río Usumacinta, donde los migrantes tienen menos opciones de escapar. Algunos periodistas locales explican que, de este modo, las autoridades eluden además la vigilancia de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación en caso de incidentes en el operativo.
La intensificación de estos operativos, que las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes califican de “cacería”, ha saturado la estación migratoria –centro de detención para migrantes– de la localidad. “Las condiciones son preocupantes porque si tiene una capacidad de 100 personas y hay 400 dentro, se produce desabastecimiento de alimentos, agua y medicamentos. Además, tener encerrado a alguien en un espacio tan reducido durante un tiempo prolongado ya constituye una violación de los derechos humanos”, sostiene en una conversación con eldiario.es el responsable de Acnur en la región, Andre Righetti, quien subraya que su organismo “siempre ha instado al Gobierno mexicano a no detener a población en riesgo como mujeres y menores”.
Precisamente son los grupos poblacionales que más abundan en el centro de internamiento, donde los vigilantes se afanan en impedir que los migrantes se acerquen a los barrotes para hablar con la prensa. Algunos lanzan gritos de auxilio para que sus consulados los saquen de lo que tachan como “infierno”. Por el hueco de una de las puertas asoman un par de botellas con orina donde los migrantes deben hacer sus necesidades y que han logrado arrojar para evitar recargar el hedor. Muchas de las madres abanican con cartones a sus bebés dormidos en el suelo para aliviarlos de los asfixiantes 40 grados que aprietan durante casi todo el día.
A 5 KM DE LA “SALVACIÓN”
Uno de los pocos espacios de sosiego que hallan los migrantes en Tenosique es “La 72”, el único albergue del municipio, aunque en las últimas semanas también se ha visto desbordado con picos de hasta 400 personas. Aun así, sigue siendo un oasis para los migrantes ya que ahí no pueden ser detenidos. Además se ubica a pocos metros de la línea ferroviaria a la que corren en desbandada en cuanto les dan el aviso de que va a pasar un tren.
A cinco kilómetros de esa suerte de “salvación” se encontraban Vivian, su hijo Wilmer y el resto del grupo de guatemaltecas cuando los atrapó “la migra”. Reposaban bajo una de las escasas sombras, quizá uno de los últimos descansos tras un día de caminata, cuando apareció la camioneta del INM, escoltada por dos patrullas de la Policía Federal y el Ejército, que los custodian en caso de requerir el uso de la fuerza. No será en esta ocasión. Ni siquiera pueden ponerse de pie cuando un funcionario les pide que lo acompañen. Entre caras largas se suben sin rechistar a la ‘perrera’, como los migrantes conocen la furgoneta de Migración.
—Tranquilo, no pasa nada, no te asustes —le dice Vivian a su hijo de cuatro años, al borde del llanto al verse rodeado de uniformados fusiles en mano.
Apenas tardan 10 minutos en transportarlos a la estación migratoria. Ahí buscarán un pedazo de suelo desocupado donde poderse recostar durante algunas horas. Ahí esperarán su deportación que puede tardar varios días o semanas. Ahí termina una huida cada vez más obstaculizada, con un final cada vez más anticipado.
