Hace seis años, Enrique Peña Nieto prometió en su campaña electoral abatir la violencia y llevar más “seguridad” y “libertad a los mexicanos”. Hoy, en la recta final de su mandato, mayo registra las cifras más sangrientas desde que, en dos décadas, se lleva un registro oficial de indicadores criminales.
El año pasado fue el más violento en la historia contemporánea del país y se pronostica que el horror no sólo no bajará, sino que 2018 será el peor del sexenio y por tanto marcará récord, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano.
Especialistas, académicos y organizaciones califican a la actual administración como un fracaso y un desastre en materia de seguridad. “El nivel que ha alcanzado la violencia y la generalizacion de la misma, que es lo que más preocupa, tiene relación con la baja calidad del Gobierno de Peña, con haber bajado los brazos a esperar que transcurriera su Presidencia y a estar más preocupados por seguir robando”, considera Clara Jusidman, presidenta de la asociación civil INCIDE Social.
Ciudad de México, 24 junio (SinEmbargo).- Tadeo Velázquez de la Rosa tenía sólo ocho meses de edad cuando murió el pasado 21 de mayo por las quemaduras sufridas en el 90 por ciento de su cuerpo, tras el incendio intencional a un camión urbano donde viajaba con su joven madre, Elizabeth de la Rosa. El bebé y su madre, de 26 años, fueron víctimas circunstanciales de un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara.
Durante su campaña electoral, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió a los ciudadanos abatir la violencia y “corregir la estrategia de seguridad […] para devolver a todos los mexicanos el orden; pero sobre todo libertad”. Así es como se promocionaba en uno de sus sports de televisión hace seis años.
El pequeño Tadeo, quien apenas sería bautizado, es una de las víctimas mortales del pasado mes de mayo, periodo que presentó las cifras más sangrientas desde que se realiza oficialmente el registro del crimen en el país [1997], con un total de 2 mil 530 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso a nivel nacional.
Es así como la actual administración federal rompió sus propios “récord de violencia por mes”, tendencia que ha sido casi constante desde junio del año anterior, pues mayo desplazó a octubre de 2017 –que registró con 2 mil 380 homicidios dolosos–, superando a junio, que reportó 2 mil 238 asesinatos, y a mayo de 2017, que registró 2 mil 193 asesinatos.
De cara a la elección federal del próximo domingo 1 de julio, el mandato de Enrique Peña Nieto llega con un funesto desempeño en materia de seguridad, que se hace evidente en las cifras de violencia, pues éstas ya superaron a las de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien lideró un sexenio letal para los mexicanos, luego de lanzar su llamada “guerra” contra el crimen organizado.
Por ejemplo, mayo de 2018 reportó 422 asesinatos más que el mismo mes de 2011, considerado el periodo más violento en la administración de Felipe Calderón.
En el Gobierno de Calderón se registraron 102 mil 859 carpetas por homicidio doloso (de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ). En lo que va del sexenio de Peña Nieto (de diciembre de 2012 a junio de 2018 ) se reportaron 109 mil 542 carpetas por homicidio doloso, 6 mil 683 más que la administración de Calderón y 34 mil 965 más que en el Gobierno del también panista Vicente Fox Quesada, que finalizó con 74 mil 577 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de carpetas abiertas.
El robo con violencia reporta 103 mil 759 carpetas iniciadas de enero a mayo de este 2018, un 14.12 por ciento más que en los primeros cinco meses de 2017, que acumularon 89 mil 99, y un 14. 04 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2013, que registró 89 mil 187.
La extorsión registró su punto más álgido en 2013, con un total de 8 mil 213 carpetas de investigación iniciadas. El delito disminuyó a 5 mil 128 en 2015. Sin embargo, para 2016 regresó la tendencia al alza y en 2017 se reportaron 5 mil 649 carpetas abiertas por extorsión, 7.2 por ciento más que en 2016, que cerró con 5 mil 267.
Mientras que con Felipe Calderón hubo 13 mil 681 desapariciones en seis años, actualmente el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registra al menos 35 mil 424 personas desaparecidas.
Los colectivos de familiares de desaparecidos consideran que hay más de 50 mil personas desaparecidas en el país, y no las 35 mil que reportan las cifras oficiales
LA ESTRATEGIA FRACASADA
El doctor José Antonio Álvarez de León, especialista en políticas públicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), califica a la actual administración como un fracaso en materia de seguridad. El académico consideró que los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto fueron la etapa de “la herencia y retos”, en los se que debió plantear la estrategia de seguridad pública para enfrentar el sexenio.
“Evidentemente el Presidente asume una administración complicada en términos de seguridad por la violencia desatada en la lucha contra el crimen organizado”, expuso el especialista en entrevista con SinEmbargo.
Enrique Peña Nieto recibió un país con una tasa de 18.33 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes (en 2012), de acuerdo con las cifras oficiales. En 2014 disminuyó 29.3 por ciento a 12.96 por cada cien mil habitantes, que fue la tasa más baja del sexenio.
En la primera etapa, los indicadores mostraban un avance, el punto máximo de violencia estaba en 2011 y parecía que el país iba en camino a recuperarse de los efectos violentos de la guerra contra el narco de Calderón. Sin embargo, para 2015 la violencia nuevamente repuntó.
El académico de la UNAM calificó la etapa intermedia de EPN como la evidencia del rezago.
“A la mitad del sexenio, el Presidente no sólo no pudo enfrentar esa herencia sino que no cumplió las expectativas en términos de control y presencia política, de seguridad y de fuerza del Estado”, explicó.
Para 2016, con un total de 20 mil 547 carpetas de investigación abiertas, el homicidio doloso subió 21.51 por ciento: 3 mil 638 carpetas más que en el 2015, que reportó 16 mil 909 casos, según muestran las cifras oficiales. La tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes subió de 13.97 a 16.80, es decir, 16.84 por ciento.
“La impunidad, los homicidios dolosos, el fracaso en la plena implementación del sistema justicia, los problemas de profesionalización de la policía, todos estos conflictos se han quedado cargados de rezago”, detalló el investigador.
En 2017, la tasa fue de 20.50 homicidios por cada cien mil habitantes, un alza de 22.02 por ciento con respecto a 2016, que reportó una tasa de 16.80 y creció 58.17 por ciento en comparación con 2014 [con 12.96 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes]. Respecto a 2013, el primer año de este sexenio, la tasa se acrecentó un 11.83 por ciento.
En 2017 aumentaron ocho de los 10 delitos de alto impacto a nivel nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Una carpeta de investigación por robo con violencia se abrió, en promedio, cada 2 minutos y 16 segundos en el país, lo que es equivalente a una tasa de 188.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
El robo a vehículo creció 14.34 por ciento (186 mil 896 carpetas de investigación) y a casa habitación 0.27 por ciento (84 mil 559).
El delito de robo a negocio se disparó 27.76 por ciento (93 mil 334 carpetas de investigación) y a transeúnte 24 por ciento (82 mil 042 carpetas de investigación).
Respecto al delito de secuestro, el informe señala que cada 4 horas y 57 minutos se registró una víctima en los 12 meses del año anterior, lo que corresponde a mil 768 víctimas y a una tasa de 1.43 víctimas por cada 100 mil habitantes.
En la etapa final del sexenio, a la que Álvarez León denomina “el fracaso”, se ha desatado la violencia “y, pese al aumento de presupuesto en materia de seguridad, los índices delictivos se mantienen a la alza”, destaca.
El gasto gubernamental en contención de violencia, que agrupa el presupuesto para las fuerzas armadas, gasto de seguridad interna, y gasto en el sistema judicial, creció 73 por ciento en los últimos diez años, de acuerdo al más reciente informe de Índice de Paz 2018.
De 142.4 mil millones de pesos destinado en el 2007 [primer año de Calderón] pasó a 229.5 mil millones de pesos en 2012 [último año del panista].
El primer año de Enrique Peña Nieto [2013] se destinaron 222 mil 100 millones de pesos para la contención de la violencia. En 2016 se asignaron 264.3 mil millones de pesos y para 2017 ese gasto se redujo a 246.5 mil millones de pesos.
“Tras subir 86 por ciento el presupuesto en la década anterior, el gasto gubernamental federal se redujo 7 por ciento el 2017 con respecto al 2016, tras subir un 86 por ciento en la década anterior, destaca el documento.
Actualmente, México gasta el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad interna [44.5 mil millones de pesos] y en su sistema judicial [102.9 mil millones de pesos], lo cual representa sólo 60 por ciento del promedio de los países de la OCDE, dice el Índice de Paz.
No obstante, los montos presupuestarios no se reflejan en una verdadera contención de la violencia.
“No hay seguridad, no hay coordinación con los estados, se ha manejado mucho dinero en sistemas de inversión de justicia, que tampoco ha demostrado a plenitud el funcionamiento y la lógica de seguridad. Tampoco ha disminuido el problema carcelario, entonces los retos están ahí pero a través del fracaso”, considera el doctor José Antonio Álvarez de León.
En 2017, el 87 por ciento de las víctimas de homicidio fueron hombres, 71 por ciento de ellos adultos o mayores de 18 años. Foto: Cuartoscuro
OÍDOS SORDOS A UN GRAN PROBLEMA
Una de las características de la actual administración federal fue la falta de reconocimiento de los problemas, empezando por los repuntes de inseguridad, de acuerdo con diversos especialistas y observadores.
Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano (ONC), expuso en entrevista con SinEmbargo que en materia de seguridad faltó estrategia y, además, el tema se asumió con superficialidad.
“Nosotros fuimos la primera organización que dijimos que estaba creciendo el secuestro, la extorsión, y en ese entonces el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo que no sabíamos contar […] Después, hace dos años, empezamos a advertir del crecimiento de homicidio, y en ese entonces salió Renato Sales Heredia, [titular de Comisión Nacional de Seguridad] a decir que éramos irrespetuosos, que era un análisis sesgado y que no reconocíamos los grandes avances en seguridad […] entonces, el año pasado tuvimos el peor año materia de homicidios en la historia y todo apunta a que este año será aún más violento”, detalló.
El doctor José Antonio Álvarez de León explica que el fracaso en el tema de seguridad, no sólo es por los indicadores del resurgimiento de la violencia, sino porque “la inseguridad se da en muchos aspectos más que en la violencia y los homicidios dolosos”.
La paz en México retrocedió por segundo año consecutivo en 2017 al caer 11 por ciento con respecto al 2016, acuerdo al Índice de Paz, un estudio realizado por Instituto para la Economía y la Paz (IEP) para analizar el nivel con base a cinco indicadores: tasa de homicidios, delitos con violencia, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada
La violencia domestica aumentó 32 por ciento de enero de 2015 a diciembre de 2017. “No es solo la violencia criminal o en las calles, es la violencia que está en las casas, la violencia extendida a las dinámicas interpersonales [..]. Esto nos habla de un deterioro mucho más amplío. Hablamos de una cultura y relaciones interpersonales más violencias”, expresó Carlos Juárez, presidente de IEP durante la presentación del documento en abril pasado.
El estudio considera que el crecimiento de la violencia no sólo se debe a crímenes de la delincuencia organizada, sino también a que las personas que pueden sentirse empoderadas por la debilidad del Estado de derecho
En ello coincide el investigador de la UNAM “hay un problema de autoridad, de presencia de la autoridad, liderazgo, por supuesto de capacidad para mantener el orden”.
NO SÓLO LO DICEN LOS ESPECIALISTAS
La percepción de inseguridad subió dos puntos porcentuales en lo que va de la administración de Peña Nieto. Pues pasó de 72.3 por ciento entre marzo y abril de 2013, a 74.3 por ciento, de 2017.
En primer trimestre del último año de Felipe Calderón -2012-, un 66.6 por ciento de los mexicanos encuestados por el INEGI dijeron sentirse inseguros en el estado en el que vivían. En ese periodo, el estado que expresó sentir mayor inseguridad fue Nuevo León con un 86.2 por ciento, seguido de Estado de México con un 84.5 por ciento; Tamaulipas con un 82.9 por ciento y Chihuahua con 82. 7 por ciento.
En el primer trimestre del penúltimo año de Enrique Peña Nieto, Estado de México presentó un mayor número de ciudadanos que se sentían inseguros: 90.7 por ciento. En segundo lugar, Guerrero con 86.9 por ciento de la población .
La percepción ciudadana de impunidad se ha triplicado durante los últimos cinco años pues pasó de 7 por ciento en 2012 a 20 por ciento en 2017.
En México a cada ciudadano la violencia le costó 33 mil 118 pesos en el 2017, es decir, cuatro salarios mensuales de un trabajador promedio, de acuerdo al índice de Paz.
El costo de la violencia en el país fue de 4.7 billones de pesos en el año anterior, lo que equivale al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ocho veces más de lo que se invierte en salud y siete veces más que lo destinado a la educación.
Además, al menos mil nuevas empresas de seguridad privada se abrieron entre 2010 y 2016 en el país, es decir, un alza de 32 por ciento, detalla el informe.
LUCHAR CONTRA MEDUSA
“¿Por qué se llevan a gente inocente?”, fue el sentido clamor que recogieron medios de comunicación de Carlos Alexis Velázquez, padre del pequeño Alexis Tadeo, víctima del azote de terror que ha logrado imponer el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Enrique Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de seguridad y obtener resultados. Sin embargo sostuvo el planteamiento de la depuración con la “decapitación” de los grupos delictivos.
Al arranque de la administración se establecieron 122 objetivos relevantes, presuntos criminales considerados como las cabezas o como piezas claves en las estructuras delictivas.
En el V Informe de Gobierno federal, se jactaba de haber neutralizado a 107 de estos 122 objetivos [93 detenidos y 14 fallecidos].
Sin embargo, para especialistas esto no es suficiente.
Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano sostiene que “no hay una estrategia de seguridad” sólo acciones que no han dado resultados contundentes desde hace mucho tiempo.
“Lo que ha venido haciendo Enrique Peña Nieto es aparentemente detener a ciertos capos”, pero detener a ciertos capos no ha demostrado ser la solución, comentó.
Rivas destaca que la falta de inteligencia y de estrategia, de combatir sus estructuras financieras, ha permitido que los delincuentes se rearmen y se expandan.
De acuerdo al especialista, las acciones para detener solo a los capos no se han transformado en una desarticulación de bandas, ni en mermar las capacidades de los grupos delictivos.
“Hoy los grupos criminales son mas violentos y están más armados. Yo creo que hoy no hay una estrategia sino acciones y esas acciones por sí mismas no van a lograr reducir la incidencia de los homicidios; pero no se trata nada mas de reducir los homicidios sino mejorar las condiciones de justicia en el país”, detalló el director del ONC.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los que más ha destacado durante la actual administración. Este grupo criminal es considerado por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) como “el Cártel del sexenio”, por su rápida expansión,y por ser el de mayor crecimiento y brutalidad durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Desde su fundación, en julio de 2010, el CJNG –liderado por Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”– se ha empeñado en posicionarse como el cártel de la droga dominante en territorio mexicano, y lo ha logrado a través de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano, así como con sus enemigos, entre los que destacan Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, quienes han visto mermado su poderío tras la captura de sus principales líderes, reportan informes de la DEA.
La promesa de cambiar la estrategia también fue rota con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, altamente criticada y la cual, volvió a colocar a México en la lupa de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que alertan que la militirización,- sacar a los soldados a la calle para tareas de seguridad- traerá más violaciones de derechos humanos a la nación, la cual ya de por sí enfrenta una crisis en esta materia. Las advertencias de las organizaciones simplemente no fueron escuchadas.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta de INCIDE Social AC, describe a la administración como un desastre.
La especialista comentó que una de las fatalidades fue concentrar las secretarías de seguridad en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Siempre señalé que era un error tener en la misma secretaría a las fuerzas de seguridad con los mecanismos de gobierno responsables de vigilar derechos humanos, porque las que más violentan a los derechos humanos son las fuerzas de seguridad. Particularmente la Procuraduría General de la República ha sido utilizada facxionamente como un instrumento de gobierno para las elecciones”, comentó la experta a SinEmbargo.
Otra falla está en el Poder Judicial, explica la especialista.
“Toda la estructura de impartición y procuración de justicia se sigue concentrado en la atención de las élites y no ha contribuido a enfrentar la impunidad”.
En el país hay sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, “cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes”, de acuerdo al IGI-2017.
El proyecto “Impunidad Cero” plantea que la probabilidad de que un delito sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento. “De este tamaño es la impunidad en México”, destaca el informe presentado a finales de 2017.
“En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven, por lo que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento”, explica la proyecto que investiga los niveles de impunidad en la República Mexicana.
México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador, de acuerdo al Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (IGI-2017).
Nuestro país ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad.
“El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad”, indica el estudio.
La corrupción es otro lastre distintivo del actual gobierno, destaca Jusidman.
“Los niveles de corrupción alcanzados por este Gobierno federal han sido históricos. Yo no recuerdo en toda mi vida, y ya son una persona mayor, el nivel de corrupción como la que hay. Hay un nivel de colisión con el crimen organizado, ejemplos dramáticos, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, comenta.
VIOLENCIA POLÍTICA
Clara Jusidman destaca que el “desastre se refleja en la violencia política que vivimos actualmente con el número de candidatos y funcionarios asesinados por el crimen organizado”.
Al menos 122 actores políticos han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre, hasta el 16 de junio.
En el Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, la consultoría Etellekt registra un total de 465 casos de agresión contra actores políticos en nuestro país durante el actual proceso electoral.
Finalmente, Jusidman Rapoport concluyó que “el nivel que ha alcanzado la violencia y la generalización de la misma –que es lo que más preocupa– tiene que ver con la baja calidad de Gobierno de Peña, con haber bajado los brazos a esperar de que transcurriera su Presidencia y a estar más preocupados por seguir robando”.
