Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).— La presencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, en el Senado de la República no sirvió para despejar las dudas que llevaron a los legisladores a citarlo a comparecer este martes ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

La razón para llamarlo era que explicara las causas “técnicas, jurídicas y de cualquier índole” que habían motivado el anuncio de suspensión indefinida del proceso de evaluación docente el pasado 29 de mayo. Pero tras casi cuatro horas de comparecencia, el funcionario no aclaró cuestionamientos esenciales sobre la súbita suspensión, su corolario en sentido opuesto y la explicación que ofreció para justificar ambos mensajes.

El aviso de suspensión del proceso de evaluación docente se hizo de forma imprevista y a través de un lacónico boletín de 33 palabras, pocos días antes de las elecciones del 7 de junio y poco después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtiera sobre paros, movilizaciones y hasta la posibilidad de un boicot electoral si no se derogaba la Reforma Educativa, de la que el proceso de evaluación forma parte.

El anuncio provino de la SEP, pese a que constitucionalmente la instancia que tiene la responsabilidad de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Sin embargo, la Secretaría a cargo de Chuayffet no consultó, sino que sólo informó de la suspensión a los consejeros del INEE dos horas antes de hacerlo público, como dio a conocer este martes la consejera presidenta de dicho Instituto, Sylvia Schmekels del Valle, en comparecencia previa a la de Chuayffet.

Pasados 10 días del anuncio de la suspensión –y pasada también la jornada electoral–, la SEP reviró en su mensaje inicial e informo sobre la reanudación del proceso de evaluación, que se llevó a cabo los pasados días 20, 21 y 22 de junio.

Este martes, Chuayffet justificó el actuar de la SEP. Dijo que se había decidido la suspensión indefinida del proceso de evaluación debido a que para el 29 de mayo, sólo las autoridades de 18 entidades federativas habían proporcionado a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente información sobre las sedes y los equipos de cómputo de los que disponían para la aplicación de la evaluación.

Se trató, según el funcionario, de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Las autoridades locales, expuso Chuayffet Chemor, se habían comprometido a proporcionar esa información y la Coordinación había fijado fechas para que los participantes en la evaluación pudieran consultar previamente cuáles serían las sedes de aplicación. La fecha límite para que se hicieran las notificaciones de las sedes era el 31 de mayo, dijo.

Como dos días antes de esa fecha faltaban entidades por cumplir con la entrega de la información, “la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente advirtió la necesidad de suspender la publicación del 31 de mayo, fecha de convocatoria estatal, hasta lograr la certeza de la eficacia de los concursos”, según el funcionario.

De acuerdo con Chuayffet, el alcance de la modificación era sólo a las convocatorias estatales mas no a los programas anuales, que son competencia del INEE. Bajo este argumento, el Secretario aseguró que la SEP actuó “con base en sus facultades”.

Asimismo afirmó que el boletín de prensa emitido el 29 de mayo no tuvo consecuencias jurídicas, pues no se actuó por omisión ni tuvo un efecto ilícito, ni tampoco representó un “acto de molestia o privación de los derechos de los participantes”.

Lo súbito del anuncio, Chuayffet lo justificó diciendo que tanto la SEP como la Coordinación Nacional mantuvieron una “total discreción” sobre las razones del boletín “para no verse impelidos a un debate político dado el curso del proceso electoral y sobre todo dada la discusión que había cobrado en la opinión pública”.

Finalmente, sobre la suspensión indefinida -a la que se refirió como “que se detenía temporalmente”- el funcionario dijo que se revocó porque entre el 2 y el 5 de junio, los estados que faltaban por notificar sobre sus sedes y equipos de cómputo para la evaluación finalmente lo hicieron.

LAS DUDAS SIN RESPONDER

¿Cuál fue el sustento jurídico que avaló a la SEP para suspender el proceso de evaluación?, ¿por qué si la SEP tenía facultades para suspender la emisión de las convocatorias locales sin afectar el calendario de evaluaciones no lo sustentó en el boletín que emitió el 29 de mayo?, bajo ese mismo argumento, ¿por qué se notificó a los consejeros del INEE apenas dos horas antes de publicarse la suspensión?, ¿cuál fue el papel que jugó la Presidencia de la República en esos hechos?, ¿cómo es que una dependencia de la magnitud de la SEP cometió el error de publicar un boletín tan parco que causó el efecto contrario al que supuestamente buscaban?, ¿fue idea de Chuayffet o de alguien más la suspensión del proceso de evaluación en pleno proceso electoral?, ¿existió una motivación política en la suspensión?

Las anteriores fueron las preguntas que los Senadores panistas Pilar Ortega Martínez, Esther Quintana Salinas y Juan Carlos Romero Hicks –presidente de la Comisión de Educación–, así como la perredista Angélica de la Peña Gómez y la petista Lilia Aguilar Gil lanzaron al Secretario cuestionándole tanto los anuncios iniciales de la SEP como su explicación al respecto.

Chuayffet atajó algunos de esas interrogantes; la mayoría quedaron sin una respuesta clara.

La Senadora Quintana le replicó que si el boletín del 29 de mayo no tuvo consecuencias jurídicas entonces se trataría de una “simulación”; mientras que Aguilar sostuvo que los tintes políticos eran evidentes; Ortega le reclamó que la emisión de ese boletín había sido un acto de “irresponsabilidad” e “ilegalidad” y de la Peña le señaló que al emitir ese boletín incurrió en un acto de inconstitucionalidad, dado que el artículo 3 de la Constitución Política en su fracción IX establece que el sistema de evaluación se sustentará en el INEE.

“No me diga que no sabía que estaba incurreindo enb una cuestion irrefutablemente de inconstitucionalidad”, le espetó.

Chuayffet respondió leyendo un comunicado del INEE del 8 de junio, publicado tras darse a conocer la reanudación de la evaluación, con el que, según él, se reivindicaban los valores contenidos en los artículos 3 y 4 constitucionales. La Senadora le replicó diciendo que la inconstitucionalidad no se sustenta en la opinión del INEE sino en la decisión de la SEP de interferir en un proceso.

Contrario a la postura de estos Senadores, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron condescendientes con el funcionario en sus planteamientos, y se refirieron a cuestiones relacionadas con la Reforma Educativa en general y no al tema específico que los había convocado.

Otros legisladores como los Senadores Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), o Amalia García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se abocaron a cuestionar el sistema educativo en su conjunto.

Romero Hicks le señaló a Chuayffet, casi al final de la comparecencia, que no había contestado las preguntas formuladas sobre cómo se decidió la suspensión del proceso de evaluación.

Asimismo le dijo: “Hubo un error de diagnóstico, pronóstico y tratamiento” sobre la decisión de la SEP de suspender el proceso de evaluación. “La sociedad quiere resultados, resultados y más resultados; no quiere intentos de explicación”.

EL INEE TAMBIÉN SE DEFIENDE

Previo a la comparecencia de Chuayffet, los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE defendieron la postura que tomaron ante el anuncio que la SEP hizo, sin consultarle, de suspender indefinidamente la evaluación docente.

La consejera presidenta, Sylvia Schmelkes del Valle, dijo que habían recibido la noticia apenas dos horas antes de su publicación, y sólo como noticia, no como consulta.

“El INEE recibe la noticia un par de horas antes de su publicación, fue informado, mas no consultado”, dijo Schmelkes del Valle.

No obstante, expresó, tras reaccionar con un comunicado de prensa al día siguiente, los consejeros tenían “la esperanza” de que la suspensión indefinida durara poco y no afectara el calendario de evaluación.

Aseguró que habían planteado el 8 de junio como fecha límite para considerar otras acciones legales como emprender una controversia constitucional, pero ante el anuncio ese mismo día de la reanudación del proceso de evaluación, esa opción ya no fue necesaria.

En su turno, el consejero Gilberto Guevara Niebla defendió que ese plazo –de más de una semana– era “razonable” para esperar una respuesta de la SEP y con el fin de no confundir a la población por la coyuntura electoral.

Asimismo recalcó que el calendario del proceso de evaluación no se modificó por la decisión de la SEP.

“No hubo no un sólo evento que se hubiera modificado por la decisión de la SEP…Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera sucedido nada”, dijo.

Si bien la Segunda Comisión acordó hace una semana citar a los consejeros para tratar el asunto del anuncio de la suspensión, únicamente los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) abocaron sus planteamientos a ese tema.

La Senadora Mariana Gómez del Campo preguntó al consejero Guevara Niebla su opinión sobre la suspensión de la evaluación docente anunciada por la SEP y por qué el INEE no emprendió acciones legales por este hecho. Asimismo le cuestionó sobre qué hubieran hecho si la SEP no hubiera anunciado la reanudación del proceso de evaluación el 8 de junio.

El consejero defendió que al recibir la noticia no se mantuvieron pasivos sino que actuaron inmediatamente, en referencia al comunicado de prensa que el INEE lanzó al día siguiente del anuncio de suspensión. El consejero afirmó que se trató de una respuesta rápida y eficaz.