Tijuana, Baja California, 24 de junio (SinEmbargo/Zeta).– Jornadas de sangre, balaceras en vía pública, asesinos impunes, criminales liberados y procuradurías que no fincan cargos contra miembros del crimen organizado en Baja California, es el caldo de cultivo que cobija la guerra interna del Cártel de Sinaloa, que en la entidad protagonizan los traficantes José Soto y René Arzate.
La lucha de poder criminal entré José Soto y Alfonso y René Arzate –ambos del Cártel de Sinaloa, acentuado en Baja California–, ha resultado en mujeres y hombres calcinados, descuartizados, entambados, estrangulados; cadáveres desmembrados, sin manos, sin brazos, sin dedos, encobijadas, asfixiados con bolsas plásticas, baleados en una taquería, o desde una motocicleta en movimiento.
De todo hubo en Baja California entre el 13 y el 19 de junio, cuando a las 12:30 pm del jueves, un hombre fue baleado –resultó herido– frente a la Escuela Primaria “Margarita Maza de Juárez”, en la colonia Internacional de la Delegación Sánchez Taboada, en Tijuana. Balas y casquillos invadieron los patios escolares mientras los niños de ambos turnos escolares que rondaban el plantel, intentaban protegerse.
El 13 de junio mataron a seis, el día 15 a otros cinco, en el inter, los ejecutados diarios sumaron dos, cuatro o tres. Entre el 1 y el 19 de junio parecía que jugaban una carrera con la muerte. Tijuana con 30 homicidios y Mexicali con 24, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo reconoce 11 y cuatro osamentas; el resto los clasifica como culposos. Durante la semana que concluyó, sólo en dos casos hubo detenidos. En el caso del hombre encajuelado en un auto, localizado en Mexicali el 14 de junio, los dos sujetos aprehendidos supuestamente dentro del carro, salieron libres porque la autoridad no pudo comprobar la relación de éstos con el cadáver; en cuanto a los supuestamente capturados por el asesinato de un taquero en Tijuana, el día 15, la PGJE ni siquiera tiene registro.
Al final, sólo un puñado de muertos como evidencia de la sangrienta lucha por un mercado de venta de droga al menudeo, que según un estudio de la PGJE realizado en 2012, generaba ya 22 millones de pesos diarios en Baja California.Sin embargo, oficiales de investigación revelaron a Zeta que con asesinatos, José Manuel Soto Gastélum “El Tigre” y sus principales cabecillas, Alfonso Lira, “El Atlante”; José Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, y Francisco Javier Flores Hernández, intentan quitarle a los hermanos Arzate García y sus secuaces, el control territorial que consiguieron a partir de 2010; y que en Mexicali la pugna es con unos hermanos de apellido Cárdenas, procedentes de Sonora, quienes representan los restos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ese es el diagnóstico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aunque investigadores de las corporaciones que realizan trabajo en las calles, no coinciden y ven inconsistencias o falta de profundidad en el análisis de la hipótesis oficial: “… muchos de los muertos no han sido identificados, no tienen antecedentes de aprehensiones previas o registros penales”, por lo menos eso informan al Grupo Coordinación desde la PGJE, “… y los cuerpos no son reclamados”, reflexionó uno de ellos a Zeta.En la jornada violenta de 2008-2010, las autoridades operativas vigilaban los funerales en búsqueda de criminales, pero en este reciente periodo sangriento, han preferido dejar los cadáveres abandonados. Los levantan, los desaparecen, y conforme a lo reportado por el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), no hay familia que lo denuncie.El Servicio Médico Forense confirmó este fenómeno, y explicaron que es más complicado en Mexicali, donde por Ley, sólo deben guardar los cuerpos 15 días; en el día 16 inician los trámites para que se vayan a fosa común.
Se ha hecho común que traten recuperarlos dos o tres meses después, ya que pasó el escándalo y el interés de las autoridades por las muertes. “La familia cree que los vamos a detener, pero no es así”.
Hace poco más de seis años, en nombre del Cártel de Sinaloa, ambos jefes de célula criminal aprovecharon el enfrentamiento interno en el Cártel Arellano Félix (CAF), desde 2007 hicieron sus acercamientos. Los hermanos Arzate, Alfonso y René, formaron equipo con Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, heredero familiar del CAF, y José Manuel Soto Gastélum se unió a Eduardo García Simental “El Teo”, los sicarios y ala rebelde del mismo cártel.
Los de Sinaloa proveyeron a ambos grupos de droga y brazos armados, ofrecieron aniquilar a los contrarios y poner orden criminal. Entre 2008 y 2010, con denuncias mutuas usaron a las autoridades para que sus enemigos fueran capturados y, al mismo tiempo, desplazar a sus aliados.
Pese a las diferencias de origen, asesinatos y robos de droga mutuos, durante más de tres años operaron con acuerdos territoriales delineados y breves embestidas de invasión delictiva, según un análisis oficial. El enemigo común seguía siendo lo que quedaba del CAF, encabezado por Melvin Gutiérrez, capturado en marzo de 2013.
Ampliaron la información: a finales del año pasado, Soto aprovechó la salida de Baja California de los líderes de Los Aquiles para evitar ser detenidos, pero según reportes de las autoridades federales, René Arzate regresó en mayo de 2014, y esta nueva pugna interna se recrudeció.
VAN POR ELLOS
Según declaraciones hechas esta semana por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid instruyó a las fuerzas del orden para detener a los hombres y mujeres que están decidiendo y ejecutando los homicidios.
Pero olvidó dar la misma instrucción a la Procuraduría del Estado, donde saben que son responsables de los homicidios, pero no los judicializan. Cuando los llegan a detener es con armas o droga, para después ser liberados en la Procuraduría General de la República.
De igual forma, el Alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, informó en estos días que dicha irregularidad ya ha sido denunciada y reclamada al interior del Consejo Estatal de Seguridad.
En este esquema de “vayan por ellos”, fue detenido el 3 de junio en Rosarito, en posesión de armas –delito que alcanza fianza–, Hipólito Meza Delgadillo, “El Pariente”, a quien las autoridades ubican como operador del “Teo”. Hasta su captura seguía delinquiendo en la célula del “Tigre” con Los Uriarte, primos de Raydel López, “El Muletas”, y Javier Flores Hernández, “El Javy”, “El 11-11” o “El de los Lentes”, quien, mencionó, es su actual jefe.
Entre el lunes 16 y martes 17 de junio, la Policía Estatal Preventiva (PEP) estuvo a punto de recapturar a Javier Flores en un hotel de Rosarito, y se les fue –ha sido detenido y liberado sin culpa legal, en tres ocasiones recientemente–, pero a menos que lo hubieran detenido en posesión de droga o armas, la historia hubiera sido la misma, porque no tiene orden de aprehensión.
Previamente, el sábado 14 de junio los agentes estatales entraron en una casa y se entrevistaron con el hermano de “El Javi”, llamado Miguel, pero no le encontraron, ni obtuvieron información.
Bajo la misma instrucción, el 6 de junio capturaron a Jesús Roberto Sánchez Beltrán “El Tito” y, según las policías que trabajan ese municipio, el único operador criminal que no había terminado por rendirse con la gente de Alfonso Lira “El Atlante” y “El Tigre”.
Las fuerzas coordinadas de seguridad lo detuvieron con otras cinco personas, luego de que levantaron a una joven de 20 años en la colonia Cuchuma. El asunto incómodo –informaron– fue que los policías estatales se dieron cuenta que la Municipal solicitó apoyo para la captura y los había usado para ayudar a “El Atlante”, porque entre los detenidos en dos operativos, hubo gente de los dos grupos.
Conforme a las áreas de inteligencia, quien controla parte de la actividad criminal tecatense, es un jefe policiaco de apellido Reyes, que respalda la labor delictiva de una mujer encargada de cobro de plaza y repartir dinero a policías municipales, pero no ha sido identificada.
Uno de los principales objetivos delictivos actuales, fue expuesto públicamente por el secretario De la Rosa: José Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, a quien responsabilizó de la jornada sangrienta que se vive en la Zona Este de Tijuana.
El 4 de diciembre de 2011, la PEP y el Ejército ya habían detenido al “El Güero Chompas” por su presunta relación con varios homicidios, sin embargo, fue liberado en diciembre de 2012, y en marzo de 2013, la PGJE ofreció una conferencia, asegurando que buscaba su recaptura, pero la realidad es que no le ha fincado cargos. Actualmente en el sistema nacional sólo tiene registrado en su contra un mandamiento judicial por robo equiparado, que data de 2013.
En el mismo sistema, José Antonio Soto Gastélum, “El Tigre”; Alfonso Lira Sotelo, “El Atlante”, y Alberto Lira Sotelo, “El Carnicero”, no tienen mandamientos judiciales en su contra, ni federales, ni locales.
Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, tiene un mandamiento local activo por homicidio calificado en 2012, no tiene mandamientos federales; su hermano, René Arzate García, “La Rana”, estuvo preso el 10 y 11 de abril de 2008, cuando se le cumplimentó una orden de aprehensión por haberle disparado a su esposa.
En aquella fecha lo beneficiaron al no hacerle efectiva otra orden de aprehensión previa, que data de 2007, por la indagatoria 4483/07/20B/AP, delito homicidio en grado de tentativa, contra otra mujer. Hasta el año pasado, esta orden estaba activa, pero en 2014 desapareció. Hoy no existen mandamientos, ni federales ni locales, en su contra.
Otros presuntos criminales, ubicados actualmente entre “Los Más Buscados” de Baja California, son uno de apodo “El Tribi” y una mujer, supuestos operadores de “El Aquiles”, y “El Cheke” y “La Trufa”, presuntos criminales al servicio de Candelario Arceaga, quien según versiones públicas del secretario Daniel de la Rosa, sigue delinquiendo en la entidad.
Arceaga fue detenido el 30 de junio de 2009, y recientemente liberado. Su hijo se presentó a las oficinas de Zeta para mostrar documentos donde los policías que lo acusaron originalmente en los partes informativos, retiraron su dicho, y esa fue la razón de la liberación. El joven aseguró que su padre está libre y trabajando en sus negocios, “todos legales”, y ni siquiera se encuentra en Baja California.
La frustración de los oficiales operativos en este contexto es: “Entonces para qué nos mandan…”.
MATONES Y LÍDERES RECICLADOS
Como Candelario Arceaga, otro presunto líder criminal fue liberado el 8 de abril de 2014: Manuel Ivanovich Zambrano Flores, “El Jimmy”, detenido el 6 de agosto de 2009 como presunto cabecilla de célula. Una alerta de la DEA-FBI estadounidense lo exhibía como jefe de una de las células encabezadas por los hermanos Arellano.
El parte informativo indicaba que dentro de su taller mecánico, en la Zona Norte de Tijuana, localizaron 10 armas largas, siete cortas y casi 4 mil cartuchos. Esa captura tuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos, donde también lo buscaban, pero tampoco le habían fincando cargos.
Conforme al Gobierno Federal, Zambrano habló de la división del CAF y de los homicidios y secuestros cometidos por la célula de Eduardo García Simental y Armando Villarreal Heredia. Pero hoy está libre y, desde el Consejo Estatal de Seguridad, consideran que podría haber reactivado su actividad delictiva.
Las autoridades se dieron cuenta que había regresado porque Eduardo Briceño, el hombre detenido por asesinar a un taxista el 21 de mayo de 2014 en la colonia Colinas de Agua Caliente en Tijuana, lo mencionó en sus declaraciones como uno de los que estaba encabezando los grupos que quedan al servicio de Fernando Sánchez Arellano.
El Alcalde de Tijuana dijo la semana pasada que tiene una lista de por lo menos diez nombres de criminales detenidos por la Policía Municipal y liberados por las procuradurías, y que son responsables de homicidios en la ciudad. Una versión similar fue dada por el secretario De la Rosa, sin agregar el reclamo a las fiscalías.
En ese listado, presentado en el Pleno del Consejo, vuelven a salir los nombres de René Arzate García, “La Rana”, y Javier Flores Hernández, que se mueve entre Tijuana y Rosarito. El año pasado tenía abierta indagatoria en su contra, la AP 337/13/201, del 23 de septiembre de 2013, por el asesinato de Luis Calderón Salazar, pero resulta que ya arregló. Al día de hoy no tiene averiguaciones previas pendientes.
De Cártel de Sinaloa también están Javier Adrián Beltrán Cabrera, “El Javy”, detenido el 15 de mayo de 2011 y liberado el día 21 del mismo mes, presunto operador de “El Tigre” y hermano de José Antonio Beltrán Cabrera, “El R4”, asesinado en Mexicali en mayo de 2013 cuando hacía las veces de secretario de Soto Gastélum.
También reciclado, Manuel Martín Cárdenas Meza estuvo en la cárcel del 20 de julio de 2012, al 4 de octubre de 2013.
Ubicados como parte de Los Aquiles, aunque originalmente hayan sido CAF y/o Sureños, entre los liberados incluyen a Luis Manuel Toscano Rodríguez, “El Mono”, detenido el 20 de octubre de 2013 y liberado al día siguiente, según la prensa.
Como parte de Los Sureños reciclados, clasifican a Héctor Uriel Rodríguez Fabián, “Uriel”, ingresó el 7 de octubre de 2010 y salió el 15 de abril de 2011. Uno al que le atribuyen más muertes en la Zona Este, es Pedro Quintero Velázquez, “El Pedro”, “El Jaguar” o “El 5-8” capturado el 25 de agosto de 2013 y liberado el 26 de agosto de 2013.
Otro es el cuñado de “El Mono”, Alberto Ávila Alvarado, alias “El Chacal”, quien según la autoridad, ingresó a la cárcel en 2010 y salió el 15 de julio de 2013. Sin embargo, existen notas periodísticas de que fue detenido y liberado en febrero de 2011, pese a ser consignado en posesión de un kilo de cocaína, 155 gramos de cristal, cuatro armas cortas, cuatro cargadores, 519 cartuchos, dos chalecos antibalas, 4 mil 109 dólares y 7 mil 560 pesos en efectivo.
LOS GARIBAY
De la banda de Los Garibay identifican como liberados a uno de los hermanos, José Luis Garibay Espinoza, “Chuy Señor”, preso del 9 de abril de 2012 al 3 de mayo de 2013. A Joshua Torres López, “El Chore”, capturado el 10 de septiembre de 2012, y puesto en libertad el 25 de septiembre de 2013. Junto a él aprehendieron a José Ramón López Trejo, alias “El Chemón”, quien salió el mismo día. Sus cómplices también fueron liberados: Abraham Rodríguez López el 4 de julio de 2013, y José Adán Curiel López, “El Adancillo”, el 11 de julio del mismo año. Y José Luis Mora López, “El Chinito”, detenido el 26 de septiembre de 2012, fue liberado el 13 de marzo de 2013. Todos en Mexicali.
Otros objetivos policiacos reciclados que están en la lista, por lo menos de Baja California, son Juan Luis Potenciano Higuera, alias “El Rayo”, del 21 de mayo de 2010 al 26 de octubre de 2013; Luis Francisco Lozano Beltrán, apresado el 25 de septiembre 2009 y liberado el 1 de octubre del mismo año; y Arturo Gómez Herrera, “El Giros”, del 14 de abril de 2011 al 13 de diciembre de 2013. Estos hombres fueron detenidos mínimo en posesión de droga, algunos hasta toneladas, también los consignaron con armas; en algunos casos los presentaron como responsables de asesinato, después sus cómplices se echaban la culpa, los acusadores se retractaban, ellos cambiaban sus declaraciones originales, las pruebas periciales desaparecían, o “sospechosamente” salían a su favor, según criterios de los jefes de las policías.
Pero al final, fueron dejados en libertad por “falta de elementos”, incluso, algunos acusaron públicamente a las autoridades de haberlos torturado, sembrado droga, armas, e inventado cargos. Sin embargo, al día de hoy, las policías operativas los siguen considerando parte del organigrama criminal y objetivos de búsqueda, aunque las procuradurías estatal y federal siguen sin fincarles cargos.
OPACIDAD EN QUEJAS
La queja de Francisco Antonio Nogueda Hernández por abuso de autoridad de policías municipales, está en Sindicatura Municipal desde el 20 de enero de este año, se presentó dos días después de los hechos. El director de Responsabilidades, Omar Durán, informó que aún se encuentra en etapa de integración, pues faltan elementos probatorios que recabar.
Aproximadamente a las once de la mañana del sábado 18 de enero, Nogueda Hernández lavaba ropa en el patio de su casa, ubicada en el callejón 20 de Noviembre, colonia Tanque en el Aguaje de la Tuna (en la carretera libre Tijuana-Tecate), cuando entre insultos y gritos, dos oficiales le ordenaban salir de la vivienda. El joven de 23 años se negó, y uno de los policías abrió la puerta con una patada. De esta forma, Francisco Alejandro Jacobo Muñoz y Juan Miguel Aguirre Díaz, entraron a la vivienda exigiéndole que “sacara armas o drogas”.
“Mi hijo trabaja en una maquiladora, no tiene vicios, ni siquiera cigarros fuma, yo meto las manos al fuego por él”, dice su padre, Francisco Nogueda Navarrete, un policía comercial, durante el relato para Zeta.
Dentro de la casa, los policías amagaban con tomar sus armas mientras gritaban: “Danos el arma y la droga, ya te pusieron dedo”, según quedó establecido en la declaración hecha por el denunciante ante Sindicatura, con el número Q/066/2014.
Aguirre Díaz lo toma del cuello y Jacobo Muñoz trata de esposarlo, aun dentro de su casa y frente a su madrastra, Rosa Méndez Montejo, Francisco era azotado contra la pared y golpeado en el rostro.
“Mi papá es policía”, insistía el joven, y Rosa Méndez intentaba darles un celular donde ya esperaba en la línea su padre, “y yo para qué quiero hablar con él”, respondió uno de ellos.
El padre del agredido asegura que una bolsa con marihuana le fue puesta a su hijo para poder presentarlo ante el juez municipal de la delegación Margarito Saldaña. Después de tomarle fotografía con el enervante, fue turnado a la Agencia del Ministerio Público para Delitos de Narcomenudeo.
“Algo no estaba bien con el papeleo, por lo que regresaron dos veces a los oficiales, me presentaron, me llevaron al médico y me pasaron a las celdas, ahí me quedé hasta el domingo, mi papá pagó una fianza y por eso salí”, reza el documento firmado por el denunciante y por la entonces directora de Responsabilidades de Sindicatura, María Verónica Zavala Hermosillo.
Francisco Nogueda pagó 5 mil pesos de fianza por su hijo, lo que para él y su familia es una injusticia que no ha sido atendida por el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares, y en Sindicatura no avanza.
Omar Durán, actual director de Responsabilidades dentro de la dependencia, explica que la etapa de integración de la investigación aún no termina, por lo que no es posible determinar si efectivamente los oficiales ya identificados, incurrieron en una irregularidad.
Los elementos que faltarían para cerrar esta etapa del proceso, son copias certificadas de la averiguación iniciada por el Ministerio Público, y el fallo del juez al que habría sido turnado por la institución investigadora; documentos que, según el funcionario, ya fueron solicitados.
“Nosotros desconocemos ahora cual fue la resolución del Ministerio Público en su momento. Presumimos que en su momento fue consignado a un juez penal, pero esos elementos de prueba no los tenemos”, argumentó.
Sobre los seis meses que la investigación lleva en integración, Durán dijo que depende directamente de la rapidez con la que se vayan consiguiendo los elementos, “las personas que ahora denuncian, tienen personalidad jurídica frente al Ministerio Público y pueden pedir copias certificadas de sus expedientes, cuando lo solicitamos nosotros a través de oficios, es un poco más tardado”.
Una vez integrada, Sindicatura emite un fallo resolviendo con la invalidez de la denuncia o con una sanción administrativa a los elementos municipales señalados. Después depende de la Comisión de Desarrollo Policial ratificar, modificar o dejar sin efecto una sanción.
En caso de que se compruebe que los policías ingresaron ilegalmente a la casa y que sembraron la droga, ameritaría una suspensión definitiva, y la turnación del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, manifestó el director de Responsabilidades.
“La misma normatividad nos obliga a dar vista al Ministerio Público, y nosotros lo hacemos de oficio. La normatividad nos marca la pauta a seguir, pero nosotros de oficio sí damos vista al Ministerio Público cuando consideramos que se incurre en un delito, aunque nuestras atribuciones son para sancionar de forma administrativa”.
Por último, sin precisar cifras, Omar Durán expuso: “(Hay) Diversas quejas en las que los ciudadanos alegan que los policías se introducen a su domicilio. Eso está muy penado por el código penal, y el código que rige a los policías”.
