Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Miguel Ángel Mancera tiene poco más de seis meses al frente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde donde ha promovido la creación del Escudo Centro entre las entidades de la zona centro del país para combatir la inseguridad.
En este mismo periodo, el ex Procurador capitalino ha enfrentado distintas crisis, varias relacionadas con la violencia. En enero se dio una escalada de la misma, asesinaron a Malcolm Latif Shabazz, nieto del activista Malcolm X, en Garibaldi y, desde el 26 de mayo, desaparecieron 12 personas de la Zona Rosa.
Es “un hecho focalizado”, así calificó Mancera el hecho. “No minimizo la situación”, añadió después.
Y todo esto pasa en una ciudad que Mancera ha prometido mantener segura, al tiempo que niega la presencia de cárteles en la urbe.
Pese a que ha presentado su proyecto de seguridad hasta al mismo Presidente Enrique Peña Nieto y ha sido aceptado por gobernadores y procuradores estatales, las criticas no cesan, mientras la violencia parece no tener fin.
El programa tiene como objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía en la región centro del país con la homologación de condiciones operativas, legislativas, periciales y tecnológicas, para beneficiar a más de 32 millones de habitantes de la zona centro del país.
Pretende realizar un blindaje operativo, legislativo, social y pericial para contribuir en el esquema de prevención y combate a la delincuencia, para lo cual se busca compartir estrategias con Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero.
También tiene como prioridad aplicar un plan de operaciones para el combate a los delitos de alto impacto social como el homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo de vehículos, a transportista, a transeúnte y a negocio.
LOS “AMIGOS GOBERNADORES”
El 5 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera rindió protesta como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En esa ocasión convocó a formar el Escudo Centro para blindar a dicha zona del delito y la inseguridad.
Tres días después, el funcionario capitalino informó a través de su cuenta de Twitter que durante la toma de posesión de Manuel Velasco como Gobernador de Chiapas, aprovecharía la ocasión para conversar con sus “amigos gobernadores” sobre el programa.
La propuesta se planteó días más tarde al Presidente Enrique Peña Nieto, con quien se reunió en privado durante cuatro horas. Al salir del encuentro, Mancera anunció que en enero habría un cónclave con los gobernadores de los estados aledaños al DF para compartir el proyecto.
Mancera estaba en plena promoción de su plan, cuando un hecho mostró la falta de coordinación entre entidades y la violencia imperante, incluso en la capital del país.
El pasado 10 de diciembre, Antonio Román Miranda, alias “La Moña” y Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, “El Bocinas”, supuestos líderes del cártel de Los Rojos en Morelos y Guerrero, sobrevivieron a un ataque de una banda rival, pero el segundo resultó gravemente lesionado.
Con dos heridas, una en el abdomen y otra en el hombro, Maldonado Jiménez llegó a una clínica del Instituo Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Plan de Ayala, Morelos, de donde fue dado de alta sin haber presentado una declaración ante del Ministerio Público. Por su parte, “La Moña” fue trasladado a las instalaciones de Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, donde luego de ser cuestionado sobre el ataque del que salió ileso, se retiró por la puerta principal escoltado por policías ministeriales.
Debido a sus lesiones, ”El Bocinas” ingresó al hospital Médica Sur de Tlalpan en el DF. Ahí dos hombres vestidos de médicos burlaron la seguridad y lo asesinaron el 16 de diciembre. Todo en medio de la laxa presencia de autoridades locales. En Morelos se argumentó que ambos hombres “no tenían antecedentes penales”; en el DF, que “falló la colaboración entre dependencias” y que la información sobre el presunto capo ya muerto, llegó muy tarde.
El Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, reveló que la Procuraduría de Morelos tardó cinco días en aportar información referente de la carpeta de investigación en torno de Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, lo que ocasionó la falta de custodia, como debió haberse dado en un prinicipio.
Ríos Garza manifestó que “El Bocinas” ingresó al hospital en calidad de víctima y “no figuraba en las listas de mandamientos judiciales ni tampoco en Plataforma México, por lo que se desconocía las implicaciones jurídicas o el historial delictivo del sospechoso”.
Fue un mal momento y un duro golpe para dos gobiernos nacientes: el de Miguel Mancera en el Distrito Federal, y el de Graco Ramírez en Morelos.
Mientras Mancera presentaba su proyecto a los gobernadores, la violencia se hacía presente en la entidad que encabeza, lo mismo que en el Estado de México, bajo el mandato del priista Eruviel Ávila.
Durante la primera quincena de enero pasado, una ola de violencia inédita colocó el tema del ingreso de las bandas criminales no sólo en las portadas de los diarios nacionales, sino también en los internacionales.
Tan sólo en el fin de semana del 12 y el 14 de enero, el Distrito Federal fue escenario de 22 homicidios, por lo que la dirigencia del PAN-DF exigió a Mancera aplicar de manera inmediata la estrategia Escudo Centro: “Para Acción Nacional es urgente que el jefe de Gobierno defina la estrategia Escudo Centro que anunció en su toma de protesta, y que fue comentada como una estrategia conjunta con el Estado de México para afrontar el grave problema delictivo en la zona metropolitana del Valle de México”.
A pesar de los datos sobre la inseguridad, tanto Mancera como las autoridades mexiquenses afirmaron que no se trataba de una emergencia sino de un repunte “atípico”, temporal.
Mancera dijo entonces que en la Ciudad de México no se está “asentado ningún cártel de la droga”.
“Tengo que ocuparme de que todo esté funcionando de manera correcta, tanto Seguridad Pública como la propia Procuraduría, y el informe que tengo es que no tenemos asentado ningún cartel de la droga en el DF”, dijo.
Aclaró que su administración combatirá el narcomenudeo, y especialmente la mirada estará puesta en la zona de Tepito, en la delegación Cuauhtémoc, considerada uno de los puntos de mayor distribución de droga.
El 28 de enero, finalmente Mancera presentó el proyecto a los gobernadores del centro del país. Ese día, participó en el Gabinete de Seguridad Federal convocado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al cual asistieron también los gobernadores de Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, a quienes el ex Procurador capitalino expuso su propuesta de Escudo Centro.
Su principal innovación es la proposición, a otras entidades y a la Federación, de que la fuerza policial de un estado pueda incursionar e incluso desarrollar operativos y detenciones en otra entidad de la región.
El GDF cuenta con dos prioridades: la primera es lograr que las autoridades capitalinas puedan realizar un rastreo en los municipios limítrofes con el Estado de México con el Distrito Federal, a fin de combatir a las células de narcomenudistas y homicidas de la zona.
La segunda es eficientar el combate de la trata y tráfico de personas, con investigaciones conjuntas en varios estados.
El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, afirmó que con la implementación del Escudo Centro se busca consolidar un blindaje operativo, legislativo, social, ministerial y pericial para contribuir en el esquema territorial y nacional de prevención y combate a la delincuencia.
LOS LOGROS Y LA COORDINACIÓN
El 3 de abril, durante la primera sesión extraordinaria que se celebra de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro en el año, los funcionarios suscribieron los acuerdos para la instrumentación y operación del programa Escudo Centro que funcionará bajo cinco ejes estratégicos para combatir a la delincuencia, que consisten en el intercambio de información, la homologación de programas de capacitación, el intercambio de experiencias de éxito, la prevención del delito y la realización de operativos conjuntos. En el acuerdo, también se establece que se combatirán los delitos de robo de vehículos, a transporte, trata de personas, narcomenudeo y secuestro.
Además, se contará con dos ejes transversales relacionados con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, y el combate a la corrupción.
Al encuentro asistieron los procuradores de Hidalgo, Alejandro Straffon Ortiz; Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado; Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez; Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget; Querétaro, Arsenio Durán Becerra, así como los representantes de los estados de México y Guerrero, además del secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuradores, Jorge Nader Kuri.
Días después, los gobiernos que integran la estrategia de seguridad del Escudo Centro acordaron alinear acciones en contra de la trata de personas y los feminicidios.
Reunidos en el Centro de Monitoreo (C4) de la Ciudad de México, se dieron cita los mandatarios de Guerrero, Ángel Aguirre; de Tlaxcala, Mariano González; de México, Eruviel Ávila; Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; Morelos, Graco Ramírez; Puebla, Rafael Moreno Valle, e Hidalgo, Francisco Olvera.
Tras el encuentro se acordaron diversas acciones conjuntas, entre ellas el asesoramiento para que cada estado cree su propio C4, como el capitalino, donde se administran las imágenes de más de 10 mil cámaras y se coordinan acciones de emergencia.
Durante la reunión, Mancera presumió que los gobiernos del centro ya habían logrado establecer conectividad a través del canal 598 MATRA.
“Lo que nos permite estar comunicados, tanto para efectos de la seguridad operativa, de la seguridad pública, como de posibles contingencias de protección civil, por lo que agradecemos el apoyo prestado al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
Posteriormente se anunció que las entidades que conforman el Escudo Centro crearán una base de datos paralela a Plataforma México para combatir y disminuir los delitos de alto impacto mediante labores de inteligencia.
La Procuraduría capitalina se encargará de concentrar los reportes de esa nueva herramienta, que servirá para intercambiar informes y diseñar operaciones de precisión en el combate a narcomenudeo, secuestro, trata de personas, robo de vehículo y robo de transporte, principalmente.
El Procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, dijo entonces que habría coordinación y acciones conjuntas con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Advirtió que no se permitirá el asentamiento del crimen organizado en la Ciudad de México y que el objetivo es “blindar” la región centro ante ese fenómeno.
Ríos Garza reveló que del 5 de diciembre de 2012 a abril de este año, se habían puesto a disposición del Ministerio Público a 8 mil 636 personas; se desarticularon cuatro bandas de secuestradores; se iniciaron más de 110 averiguaciones previas por el delito de narcomenudeo; se aseguraron ocho inmuebles, todos relacionados con diversos delitos, entre otros.
Para el siguiente mes, la Secretaría de Gobernación aseguró que los delitos en la zona centro, incluidos los cometidos por organizaciones criminales, iban a la baja desde la coordinación en materia de seguridad que aplican las entidades del área.
Tras encabezar la tercera reunión de gobernadores de la zona con el gabinete de seguridad federal, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los ilícitos en carreteras, así como el robo y el secuestro disminuyeron, aunque no precisó cifras.
Sin embargo, pocos días después, diversos medios recordaron los datos de documentos de Transparencia obtenidos en 2011, año en el que Mancera era Procurador General de Justicia capitalino, así como informes de la Policía Federal reportan que en la capital del país operaban el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, la Familia Michoacana e incluso una célula de los Mara Salvatrucha, así como otras organizaciones locales del crimen.
Pero Mancera asegura que en el DF no existen los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado.
La información se retoma en medio de la crisis que afecta a la capital, tras la desaparición de 12 jóvenes originarios de Tepito el 26 de mayo en la Zona Rosa, a conde acudieron al bar After Heaven.
El 2 de junio, el Jefe de Gobierno aseguró que se trata de “un hecho focalizado” y que a estas personas jurídicamente se les define como “personas ausentes”, con lo que descartó que sea un tema de desaparición forzada.
Ese mismo día, diversos medios publicaron que, tras una semana y ante la falta de evidencias en el caso, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) activó el mecanismo de colaboración con procuradurías que conforman el Escudo Centro, para que reporten de inmediato el hallazgo de cuerpos sin vida entre edades de 17 a 35 años de edad.
