León Fierro pasó una veintena de días tras las rejas del Cereso de Mexicali, Baja California, acusado de intento de homicidio a un policía –luego reclasificado a lesiones dolosas– en una protesta de resistencia a la instalación de una planta de la trasnacional Constellation Brands.
Ya en libertad, el catedrático afirma que detrás de su reclusión están los intereses económicos del Gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y su “séquito”, quienes respaldan los “intereses de la empresa cervecera Constellation Brands y de compañías desaladoras ligadas a los negocios del agua”.
Pese a su periodo en reclusión, el activista advierte: “No nos amedrentan, no nos doblegan. Si pretendían quebrantarnos e intimidarnos, no vamos a dar ningún paso atrás, al contrario, esto nos ha fortalecido. Hay muchos grupos de resistencia en varias ciudades y esto vino a unirnos”.
Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- León Sedov Fierro Reséndiz, profesor y defensor de los derechos humanos, el agua y el medio ambiente, recuperó su libertad luego de vivir bajo la sombra del Centro de Readaptación Social de Mexicali (Cereso), Baja California, durante 20 días.
Entre gritos de júbilo, música y aplausos, decenas de activistas, ciudadanos y familiares lo esperaron a las afueras del Centro de Justicia Mexicali. León abrazó fuerte a Katia, Ernesto y Johnatan, sus tres pequeños hijos. Ya está de vuelta en casa para cuidar de ellos, como ha hecho desde que enviudó hace cinco años y como le impidieron hacerlo durante las casi tres semanas que duró su encarcelamiento.
En las primeras horas de regreso a la libertad, el maestro en pedagogía narra a SinEmbargo que se siente más fuerte y más dispuesto que nunca a continuar en la lucha por la defensa de los derechos humanos y el agua en su natal Mexicali.
“Salimos más fuertes que nunca. Me siento muy bien, listo para continuar”, afirma vía telefónica.
Durante cerca de tres semanas, León compartió una celda de cuatro metros cuadrados, con un retrete sin muros, con hasta 30 reos. Sus derechos humanos –como el de todas las personas con quien convivió– fueron pisoteados. Los protocolos son “inquisidores” en el Cereso de Mexicali, cuenta: los desnudan para verificar que no guarden armas o drogas, por ejemplo.
“Entrando fue algo muy difícil porque me metieron a una celda oscura, húmeda, me metieron descalzo. Al llegar me quitaron toda la ropa, me revisaron los genitales. Es decir, aplican una serie de medidas que son completamente violatorias de todos los derechos humanos, derechos fundamentales, que ninguna cárcel en el mundo debería tener, ni prisioneros de guerra ni los peores delincuentes deberían sufrir este tipo de condiciones. Se nos desviste en muchos procesos, tienen un protocolo inquisidor, para nada utilizan tecnología, no utilizan la prudencia ni la inteligencia para hacer las revisiones. Son cuestiones que definitivamente tienen que cambiar”, critica.
El activista advierte que si realmente los centros de readaptación buscan reinsertar y “convertir en personas de bien” a quienes han delinquido, lo primero que debe hacerse “es tratarlos como humanos con dignidad y eso no se cumple. Tiene mucho qué mejorar este centro que se dice de readaptación social”.
“En el mismo espacio [dentro de la celda] está el baño maloliente, con un ducto directo al drenaje. Uno está prácticamente respirando las heces fecales de todo el mundo ahí y por la falta de luz, muchos orinan fuera del lugar, entonces está todo encharcado de orines. Había una plaga tremenda de ratas. Además, conviví con delincuentes de todo tipo: asesinos, traficantes, asaltantes, feminicidas, de todo había en las celdas y con ese tipo de personas me tocó lidiar, aunque por fortuna no sufrí ningún ataque”, agrega.
El 16 de enero se trazó el destino del ingeniero. Aquél día, participó en una manifestación para evitar que se realizaran obras para la instalación de la cervecera de la multinacional Constellation Brands que pretende exportar 10 millones de hectolitros de bebidas alcohólicas cada año, aunque lograrlo requiera 20 mil millones de litros de agua, lo que equivale al consumo de alrededor de 750 mil habitantes… y en Mexicali, de acuerdo con datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 988 mil 417.
La protesta derivó en un enfrentamiento entre unos 40 defensores y cerca de 200 policías estatales y municipales. Fierro movió su automóvil y con la defensa golpeó a un uniformado, quien tuvo una lesión de dos centímetros en el antebrazo y otra de diez en la pierna, heridas que no requirieron atención médica, tal como dio a conocer el Semanario Zeta y otros medios locales.
El 3 de mayo, fue detenido acusado de intento de homicidio, pero cinco días después, durante la primera audiencia, el delito fue reclasificado a lesiones dolosas. A pesar de ello, la Jueza Ruth Esperanza Álvarez Fuentes lo consideró como una persona “peligrosa para la sociedad”, por lo que le extendió la prisión preventiva.
Finalmente, ayer 23 de mayo acabó la pesadilla. Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez Fernando Serrano Jiménez determinó que el activista continúe en libertad su proceso por lesiones dolosas.
León Fierro lamentó que casos como el suyo se extienden por el país, donde los gobiernos se valen de amenazas, hostigamiento, criminalización, ataques e incluso asesinatos, para acallar a los activistas y entregar los recursos naturales al mejor postor.
–¿Qué intereses consideras que ampara el Estado?
–Nosotros vemos que los gobernantes y funcionarios de prácticamente todo el país representan los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros, en perjuicio del pueblo de México […]. Son luchas de los pueblos contra los gobiernos que solo fingen la representación de pueblo, pero en realidad representan intereses del capital. “Kiko” Vega obedece a intereses de capital extranjero y nacional, a sus intereses muy particulares ligados al Poder Ejecutivo federal y de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República. El Gobernador obedece a intereses de la empresa cervecera Constellation Brands y de compañías desaladoras ligadas a los negocios del agua. No tienen límites en la entrega de los recursos, están buscando las inversiones extranjeras, ofreciéndonos como una mercancía al mejor postor. Siempre andan buscando cómo hacer negocios y cómo lucrar con nuestros recursos, cómo explotar a la gente.
–¿Es México un lugar seguro para los activistas?
–De ninguna manera. Lamentablemente, el país está viviendo una guerra de baja intensidad por parte del Gobierno y los capitales. Esta guerra incluye múltiples ataques y diferentes tipos de represión, torturas, desapariciones, criminalización, hostigamiento, amenazas, hasta llegar a los asesinatos. México es uno de los lugares con más muertes violentas y esto es una muestra evidente de la guerra que se vive en contra del pueblo. Los activistas, periodistas y abogados somos el principal blanco del Gobierno.
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En marzo, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales, durante ese periodo se dio un incremento en la cifra de asesinatos que hasta entonces llegó a 29. Ejemplos de todo tipo de embates contra activistas en territorio nacional, desafortunadamente, sobran.
En Baja California Sur, por ejemplo, el activista John Moreno se encontraba en la lucha por defender los recursos naturales de comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, dañina para un sistema de humedales y manglares cercano. Pasó 95 días tras las rejas sin pruebas de haber cometido delito alguno.
En el Estado de México, Ildefonso Zamora, conocido como “el defensor de los bosques”, pasó 266 días encerrado, acusado de un robo que no cometió y que por lo tanto no le comprobaron. En su momento, hace más de tres años, Greenpeace México sostuvo que desde los años 90, Ildefonso comenzó con la defensa de los ecosistemas mexiquenses, donde los talamontes eran ligados a la policía.
Recientemente, Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos, quien se oponía a megaproyectos en algunos municipios del estado de Puebla, fue torturado y asesinado. Sus compañeros de lucha sospechan que el ataque pudo venir de alguna de las empresas y/o ayuntamientos donde el activista se manifestaba: pudo ser la Presidencia Municipal de Cuetzalan, la empresa Minera Autlán o bien la Comisión Federal de Electricidad, comentaron entonces a este diario digital.
–¿Qué puede estar detrás de tu encarcelamiento? ¿Por qué alguien querría verte tras las rejas?
–Son los intereses del Gobernador y su séquito. Por oponerme a los negocios del agua del Gobernador: es la cervecera [Constellation Brands], pero también está la Desaladora de Rosarito.
Entre ese “séquito”, el profesor incluye al Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez, a Gustavo Sánchez Vázquez, Presidente Municipal de Mexicali; además de los diputados José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte y Raúl Castañeda Pomposo. Todos, miembros del Partido Acción Nacional.
De acuerdo con información de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), la Planta Desaladora en Playas de Rosarito, Baja California, tendrá una capacidad de producción de 2 mil 200 litros por segundo. También señala que con el proyecto se cubriría la demanda de agua fracciones de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, con lo que se sustituiría el flujo dotado por el Acueducto del Río Colorado-Tijuana. En marzo pasado, el Gobernador del estado colocó la primera piedra, aunque actualmente las obras están detenidas.
No obstante, María del Carmen Carmona, coordinadora de área de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo en un foro organizado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) hace algunas semanas, que es “imposible” precisar si realmente la desaladora será o no capaz solucionar el problema de abastecimiento, dio a conocer Zeta.
Durante el encarcelamiento de León, el Gobernador del estado y Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia de BC, negaron que el activista fuera un preso político, pero él sí se considera como tal y advierte que a pesar de los obstáculos, la lucha por defender los recursos naturales y el agua de Mexicali no cesará.
“No nos amedrentan, no nos doblegan. Si pretendían quebrantarnos e intimidarnos, no vamos a dar ningún paso atrás, al contrario, esto nos ha fortalecido. Hay muchos grupos de resistencia en varias ciudades y esto vino a unirnos”.
