Las víctimas de un delito recurrente pueden con el tiempo dejar de verlo como un delito. Es el caso de los dueños de negocios que llevan tanto tiempo pagando cuotas extorsivas que las ven como un gasto de operación al mismo nivel que los impuestos.
Por Chris Dalby
El Salvador, 24 de abril (InSight Crime).– Un nuevo informe ahonda en los entresijos de las técnicas extorsivas en Latinoamérica y muestra la constante innovación que requiere lograr que numerosos negocios paguen las cuotas sin hacer mucho ruido.
Después de analizar los esquemas extorsivos en los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, así como en Colombia y México, la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado (GI) halló cómo las pandillas dedicadas a la extorsión, tanto como sus imitadores, están continuamente ensayando nuevas técnicas para garantizar que sus pagos sigan fluyendo, todo lo cual se exacerbó durante la pandemia de COVID-19, pues los “cambios en los entornos de operación, como las restricciones a la movilidad” obligaron a las pandillas a buscar nuevas modalidades de extorsión.
Aquí, InSight Crime desvela la mecánica interna de esta diversa economía criminal:
IMPUESTOS, MUERTE Y EXTORSIÓN
Las víctimas de un delito recurrente pueden con el tiempo dejar de verlo como un delito. Es el caso de los dueños de negocios que llevan tanto tiempo pagando cuotas extorsivas que las ven como un gasto de operación al mismo nivel que los impuestos.
El informe de la GI halló que, con el tiempo, las mismas cuotas extorsivas habían llegado a ser aceptadas en general y que inclusive las víctimas ni siquiera se referían a esos pagos regulares como “renta”, “piso”, “vacuna” u otra jerga común para cobros extorsivos. Los dueños de los negocios solo daban esos términos a nuevas cuotas o incrementos en los pagos.
Las restricciones a la movilidad junto con el cierre de muchos negocios llevaron a estas organizaciones a llevar sus tentativas extorsivas en línea valiéndose de las redes sociales y las aplicaciones para teléfonos móviles. En el primer semestre de 2022, las autoridades de Ciudad de México retiraron de servicio 90 apps, lo que llevó a más de 5 mil denuncias ante la policía entre ellas. Estas aplicaciones de crédito, que ganaron gran popularidad durante la pandemia, ofrecían préstamos de poco monto al instante sin verificación de antecedentes. Quienes se registraban quedaban sujetos al pago de intereses extorsivos, aun cuando los grupos muchas veces no entregaban siquiera el monto completo del préstamo acordado.
Un reportaje de InSight Crime en julio de 2022 halló que las tasas de interés podían llegar hasta 500 por ciento. Si los usuarios no lograban reembolsar la suma exigida, las aplicaciones permitían a los criminales capturar los datos guardados en el teléfono, como fotografías o detalles de contacto de parientes, que luego usaban en nuevas tentativas de extorsión. Además, podían enviar mensajes insultantes o incómodos por WhatsApp o las redes sociales para forzar el pago.
USO DE MENORES
En Guatemala, las autoridades registraron un drástico incremento en el uso de menores para el cobro de pagos extorsivos en 2020 y 2021, según los hallazgos de la GI. Las pandillas explotan varias ventajas con el uso de menores, como que de ser atrapados estos no pueden ser judicializados y es poco probable que revelen información que les perjudique. Pero el informe señaló que el Código Penal de Guatemala afirma que la participación de un menor es un factor agravante en un delito y observó que esto podría usarse para “enfrentar el uso de menores en delitos asociados a la extorsión”.
DERECHO AL TRABAJO
El sector privado en México, ya afectado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que esta conllevó, ha sido más vulnerado por las constantes demandas extorsivas a las empresas legales. La extorsión es el delito contra el sector privado más prevalente en 21 estados mexicanos, según observó el informe de la GI. En 2021, se denunciaron más de 820 mil intentos de extorsión contra los sectores comercial, industrial y de servicios en todo el país.
Esto ha tenido un impacto importante en la población general. Se ha vuelto difícil encontrar en ciudades completas artículos infaltables de la canasta familiar, como pollo, tortillas, limones y aguacate, debido a la consistencia con la que se ha victimizado a los productores de alimentos. Esto combinado con la inflación desbordada se ha reflejado en los precios disparados, donde el costo de un kilo de limones aumentó en 400 por ciento entre finales de 2021 y comienzos de 2022.
La industria manufacturera es el nuevo blanco de los grupos criminales. Las fábricas se han visto golpeadas por grupos que pretenden cobrar una cuota por permitir la salida de cada contenedor, según una investigación publicada en julio de 2022 por el periódico mexicano El Diario. El asesinato de un alto ejecutivo de una multinacional japonesa pareció tener conexión con esas tentativas de extorsión, como informó el diario.
A CUÁNTO ASCIENDE LA EXTORSIÓN
La extorsión constituye una fuente de ingresos increíblemente confiable y recurrente. En zonas donde hay un grupo dominante, como las mencionadas anteriormente, los establecimientos y comercios pagan estas cuotas como un costo de llevar su negocio. Si los cambios de poder derivan en el control de otro grupo, el único cambio para las víctimas es a quién pagan las cuotas. La imposición de dichas cuotas en un nuevo barrio o sector industrial conlleva menos riesgos para los grupos criminales involucrados que muchas otras economías criminales.
Y las sumas generadas respaldan esto. Según un informe de Global Financial Integrity, publicado en septiembre de 2022, la extorsión genera entre 884 millones de dólares anuales tan sólo en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Salvador se llevó la mayor parte de esta fortuna, con pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, así como con los extorsionistas imitadores, responsables de ingresos que llegan hasta 862 millones de dólares.
Puede preverse que esta suma haya caído bruscamente en el último año, gracias a la ofensiva que libró El Salvador contra las pandillas, que produjo el arresto de decenas de miles de presuntos pandilleros. El Gobierno ha usado la reducción de la extorsión como justificación de la controvertida estrategia, y algunas empresas de transporte público reportan reducciones de la extorsión hasta en 70 por ciento.
