Las directoras de las organizaciones de CEA Justicia Social y Reinserta coincidieron en que la Ley de Amnistía quedó a deber en el tema de reinserción social.
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Representantes de organizaciones civiles enfocadas a la reinserción social aplaudieron la aprobación de la Ley de Amnistía con la que se pretende que personas salgan de prisión por la epidemia del COVID-19 y con la que se busca despresurizar los reclusorios del país; sin embargo, consideraron que la legislación quedó a deber en el tema de reinserción.
Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora del Centro de Estudios y Acción para la Justicia (CEA-Justicia Social) y Saskia Niño Rivera, de la organización Reinserta, celebraron la Ley, pues dijeron que es el primer paso –de muchos a seguir– para visibilizar que en México no solo se envían inocentes a prisión sino que encarcelar a las personas por delitos menores no está bien.
Sin embargo, ambas defensoras consideraron que la legislación queda a deber en el tema de reinserción y debido seguimiento para las personas liberadas, pues “no hay claridad en cuanto a los procesos jurídicos que Gobernación va a implementar una vez que libere a estas personas” y de las medidas o programas sociales para garantizar su reintegración a la sociedad.
Para Ángela Guerrero, al aprobar esta Ley en un contexto de COVID-19, se debió haber previsto cuatro medidas clave para las personas que salgan de ahí: atención médica inmediata, garantizar la movilidad de las personas ( desde prisión a sus viviendas) garantizar un albergue a quienes no tengan techo y que salgan con un documento de identidad oficial.
¿QUÉ DICE LA LEY?
El Senado de la República aprobó el pasado 20 de abril la Ley de Amnistía impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se espera que sean al menos 6 mil 200 personas las que puedan ser liberadas después de que entre en vigor, según dio a conocer la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde hace meses, en diciembre pasado, cuando el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Ley, personas que están en los supuestos de vulnerabilidad podrán ser liberadas, como indígenas que no tuvieron un proceso adecuado, personas encarceladas por delitos como consumo y posesión de estupefacientes, también incluye el delito de aborto y adultos mayores que corren alto riesgo de contagio por COVID-19 dentro de las penitenciarías.
Del mismo modo, la ley contempla liberar a internos que no sean reincidentes o que no hayan cometido delitos como homicidios, secuestros o lesiones graves.
“La Ley de Amnistía es básicamente un mecanismo legal mediante el cual las personas que están privadas de la libertad y entran en los supuestos de vulnerabilidad establecidos en la Ley, podrían ser liberadas. Los que están en estos supuestos podrán enviar una solicitud a una Comisión de la Secretaría de Gobernación quien, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial e integrantes del Poder Legislativo, harán una revisión para ver si son proclives a ser beneficiados”, dijo Angela Guerrero Alcántara.
La activista señaló que las personas que hayan sido procesadas por los delitos de aborto (madres, médicos y familiares), homicidio en grado de parentesco (muy vinculado al tema de aborto); robo simple sin violencia; delitos contra la salud, y delitos de sedición”, podrán enviar esta solicitud a la Comisión que la Secretaría de Gobernación debe instalar la liberación.
La ley sólo aplica para los internos federales, ya sea que estén en centros penitenciarios federales o estatales, pero que fueron procesados por delitos federales.
Guerrero Alcántara especificó que en el caso de aborto, la ley aplicaría para todo aquel que esté procesado por este delito, más allá de las mujeres, es decir, incluiría también a enfermeras, médicos, o parientes que hayan participado.
A nivel federal, hay 16 hombres que están procesados por aborto “y si son personas que lo practicaron con el consentimiento de la mujer, (también)podrán ser beneficiarios de la Ley”, apuntó la defensora.
En el caso de los delitos contra la salud, hay distintos supuestos de vulnerabilidad por los que los procesados podrán acceder, es decir, no todas las personas que están en prisión por delitos relacionados con drogas van a salir.
“Lo que se buscó con esta iniciativa, es mostrar quienes están en la parte más baja en una cadena delincuencial y que muy probablemente estuvieron inmersos en esta cadena por razones de pobreza, o impulsados por algún familiar, como son muchos de los casos de mujeres, (usadas por sus parejas) y en el caso de personas indígenas, que estaban vinculadas, pero en materia de cultivo, y de personas consumidoras”, agregó la coordinadora de CEA Justicia.
Además, aclaró a experta, ningún reincidente se podrá beneficiar de esta ley, es decir, todos tienen que ser primodelincuentes.
“¿Quienes no van a ser beneficiados? todos los delitos que están relacionados con sangre”, dijo. “Esta es una ley muy clara que no busca sacar a delincuentes sino a personas en vulnerabilidad”, expresó Saskia Nino.
REPENSAR EL SISTEMA DE “CASTIGO”
Saskia Niño Rivera, de la organización civil Reinserta, celebró la aprobación de la ley pues consideró que “no solamente era una deuda que el Presidente tenía, sino que era también una deuda pendiente en materia de derechos humanos y de las fallas en el sistema de justicia penal.
“Desafortunadamente quienes conocemos el sistema de justicia penal, sabemos que las cárceles las están llenando de inocentes o personas que no necesariamente deben de estar en prisión”, dijo.
La activista destacó que es necesario entender la prisión como un espacio de segregación de personas que son una amenaza para la sociedad por los delitos que cometieron, pero hoy en día no es así: “a la fecha hay muchos delitos o muchas cuestiones que se han penalizado y que no necesariamente tienen que ver con personas dañinas”, dijo.
Agregó que debido a esa idea del “sistema de venganza” que se ha instaurado el sistema de justicia penal, pocas veces se aplican medidas alternas a la pena, “entonces hemos llenado las cárceles de personas que no deberían de estar ahí”.
Ángela Guerrero coincidió con Saskia Nino en que un gran porcentaje de quienes están en prisión son personas en pobreza que no tuvieron acceso a juicio justo, un debido proceso y están de manera indebida en un centro penitenciarios.
Para la coordinadora de CEA Justicia, la Ley de Amnistía es un primer paso para hacer justicia y empezar a cambiar las dinámicas en las que la única herramienta que se contempla para la prevención del delito es la cárcel.
“En realidad, esta Ley es el primer paso de un largo camino que tendremos que recorrer para comenzar a repensar en cómo, quienes y en que circunstancia llevamos a personas a prisión”.
CONTEXTO DE COVID-19
Además, ambas defensoras expresaron que en contexto de emergencia sanitaria era fundamental acelerar la aprobación de esta Ley.
“Dada la crisis sanitaria esta medida ayudará a disminuir la población que tienen en los centros penitenciarios. En el caso de coronavirus es una medida humanitaria y urgente”, dijo Ángela Guerrero.
“La realidad es que el sistema penitenciario no está creado para recibir una pandemia de este tamaño; entre más podamos depurar las cárceles y, aunque ya hay varias acciones que los gobiernos toman para empezar a depurar las cárceles, creo que la Ley de Amnistía va a ayudar mucho”, señaló Saskia Nino.
Es por ese motivo que dijeron que en este momento el gran reto lo tienen la Secretaría de Gobernación quien deberá crear de manera casi de manera inmediata la comisión que revisará todos los casos.
“Además también deberá de dar a conocer dentro de todos los centros penitenciarios cómo serán las solicitudes para liberación y entregarles por lo menos el machote de cómo hacerlas; conformar el grupo de expedientes y llegar a los acuerdos necesarios con el Poder Judicial y FGE, para liberar a las personas lo más rápido posible, y lo último, implementar el programa de reinserción social”, destacó Angela Guerrero.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBERADOS?
Las especialistas coincidieron que la Ley queda a deber en el tema de reinserción para las personas liberadas y su debido seguimiento. Ambas defensoras señalaron que -ahora en el contexto de pandemia– “no hay claridad en cuanto a los procesos jurídicos que Gobernación va a implementar una vez que libere a estas personas.
De acuerdo con las entrevistadas solo en un punto un transitorio de la Ley de Amnistía establece que se hará un programa de reinserción social integral, pero no se detalla qué acciones en concreto se emitirán de seguimiento y atención a los liberados.
Para Ángela Guerrero, al aprobar esta Ley en un contexto de COVID-19, también se debieron establecer cuatro medidas clave para las personas que salgan de ahí.
La primera de ellas es atención inmediata de salud por parte de la Secretaría de Salud, es decir que a cada una de las personas que salga se le tiene que hacer la prueba de COVID-19 y darles atención médica, “porque además la cárcel enferma”, dijo.
También garantizar la movilidad de las personas que están en prisión a su vivienda, y si no cuentan con una vivienda, tienen garantizar un albergue.
“En la Ciudad de México no existen albergues para las personas que salieron de cárcel, cuando en muchos casos justamente las mujeres en prisión son quienes más abandono sufren”, ejemplificó.
Otro punto que se debió contemplar es que se entregue un documento de identidad oficial al momento de liberarlos.
Explicó que dado que el INE redujo su trabajo no hay manera de entregarles una credencial de elector de manera inmediata, con lo que no pueden ser incorporados a programas sociales, mucho menos conseguir un trabajo, rentar una vivienda. “No tienen manera de asegurar que son ellos y esto es un problema que lleva con el INE”, expresó.
Saskia Nino comentó el Gobierno tendrá que revisar a la brevedad que programas sociales y de reinserción implementarán con la población liberada.
“veo complicado que personas que están en situación de pobreza salgan y tengan una red de apoyo sólida para poder regresar […] La cárcel está llena de gente que ha encontrado en la cárcel manera una estabilidad alimenticia y una estabilidad en cuanto a un techo donde dormir, y eso es algo que el Gobierno va tener que revisar de manera urgente para que un acto humanitario como este se vuelva un problema social mucho más grande”, dijo.
Guerrero Alcántara recordó que la reinserción social es clave para que las personas no reincidan, pero también es esencial para restablecerle los derechos, por ello alertó que “mientras no les restablezcan los derechos de manera adecuada por supuesto que abres la posibilidad a que vuelvan a cometer un delito”.
