[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “El Gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad [Veracruz], y lo habremos de hacer con este estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana” (Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante la “Gesta Heroica Puerto de Veracruz y Jura de Bandera de Cadetes de la Escuela Naval Militar”, viernes 21 de abril de 2017).
EL HECHO: El Presidente Enrique Peña Nieto finalizó la semana pasada con una visita al estado de Veracruz. Ahí profirió un solemne mensaje que promete una incesante lucha en contra de la impunidad, en todo el territorio nacional. Lo dijo en la “cueva del lobo”, donde el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa cometió fechorías desproporcionadas, dejando tras de sí una estela de corrupción e impunidad que dejó quebrado al estado. Al cierre de 2015, la deuda pública de la administración de Duarte ascendía a 48 mil 183.5 millones de pesos (mdp), refiere el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015. Si a ello sumamos la deuda pública municipal de 3 mil 902.5 mdp y la deuda a proveedores (pasivo circulante) de 12.5 mil mdp, obtendríamos la suma reconocida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF): 64 mil 586 mdp de deuda opaca. A este monto faltaría sumarle otras deudas y retrasos en pagos no incluidos en el reporte, entre ellas, los 2 mil mdp que la administración de Duarte quedó a deber a la Universidad Veracruzana (UV). Como fuera, todo apunta a que la deuda es mayor que aquella reconocida por la ASF. Para el Observatorio de Finanzas de la UV, ésta superaría los 115 mil mdp.
En ese escenario lastimado, con la mirada recargada en actual Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, Peña Nieto dirigió su último discurso, y como ya es costumbre, prometió mejoría. Sin embargo, como refiere el Índice Global de Impunidad (IGI) 2016 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), “los altos niveles de impunidad que caracterizan a México, se han traducido también en un deterioro creciente del desempeño institucional y en un profundo desprestigio de la clase política […]. [L]a colusión de servidores públicos con organizaciones criminales, nos advierten de las graves consecuencias de un fenómeno que se extiende en nuestra vida pública a través de los diferentes órdenes de gobierno”. Luego entonces, nada rara es la calificación de México según el IGI: México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad -sólo nos supera Filipinas-.
#DichosyHechos no le puede dar el beneficio de la duda al Presidente de la República. En lo que va de su sexenio, la impunidad y la inseguridad no han dado marcha atrás; más bien, pareciera que avanzan, o que por lo menos, se mantienen como un cáncer enquistado. Los datos así lo indican.
· La Impunidad: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), asegura que, “los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que la impunidad es un problema generalizado en el país”. Según sus resultados, del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias. Esto significa que la impunidad en nuestro país es “cercana al 95 por ciento” -porque sólo el 4.46 por ciento de los delincuentes fueron condenados-. Pero las noticias negativas no terminan ahí. El Inegi menciona que si a esos porcentajes les añadimos el factor de la “cifra negra” (los delitos que no fueron denunciados por la ciudadanía), “la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados”. Como conclusión, el organismo explica que la cadena de impunidad nos habla de “ineficacia e ineficiencia institucional”, que se va acumulando a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia.
Por ello, remata diciendo que “el Estado mexicano en su conjunto es responsable de los altos niveles de impunidad”. Y tal vez, como expresó el Ministerio Público guatemalteco -encargado de juzgar a Javier Duarte-, a finales de noviembre de 2015, durante la presentación de la propuesta de sistema de medición de impunidad realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al fallar el Estado “en su obligación de proporcionar acceso a la justicia para toda la población […], reproduce una cultura de impunidad ya que quienes vulneran los derechos de otras personas, lo hacen con la convicción de que las probabilidades de rendir cuentas por sus acciones son mínimas”.
· La Violencia: Entre 2006 y 2012, bajo la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, los homicidios dolosos aumentaron en un 84.1 por ciento, mientras que, las lesiones dolosas, decrecieron en cerca del 12 por ciento, señalan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según esa misma información, tras cuatro años de priismo, al cierre de 2016, sólo se registró un decremento del 4.2 por ciento en casos de homicidio doloso, y una baja del 14.3 por ciento en casos de lesión dolosa. Según el Índice de Paz México 2016 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), “hoy en día, México es 13.5 por ciento más pacífico que en 2011, el punto álgido de la guerra contra las drogas”. A pesar de ello, el IEP asevera que “esto se contrarresta por el deterioro en el indicador de presos sin condena, delitos cometidos con armas de fuego y tasa de homicidios, la cual aumentó 6 por ciento en el último año [2015-2016]”. Es decir, la mejora es mínima, o por lo menos, el país mejora en ciertos rubros a expensas de sacrificar otros; y así, quizá que el remedio nos salga peor que el malestar originario.
De cualquier modo, a ojos de la ciudadanía, la situación permanece igual o es más crítica. De 2013 a 2014, la ENVIPE arrojó que, en ese periodo de tiempo, hubo una reducción de 15 por ciento en los niveles de victimización en México. En 2015, la ENVIPE refirió que el 80 por ciento de los mexicanos manifestaron sentirse inseguros en su estado. Además, medir la inseguridad en México es un albur, ya que según el Índice Global de Impunidad 2016, en nuestro país “solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos”. ¿Y por qué no hay denuncias? “Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad”, según indica la ENVIPE. “La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, detalla el Inegi.
· El cuerpo del delito: Las recientes capturas de dos ex gobernadores, el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y el veracruzano Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), trajeron a colación un suceso que data de 2012, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la Presidencia de la República. Entonces le dio cara al “nuevo PRI”, y el rostro del partido estaba encarnado por tres lucientes caballeros: Javier y César Duarte Jáquez -este último fue Gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016-, y Roberto Borge Angulo (Gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016). El primero fue capturado en Guatemala hace unos días, el sábado 15 de abril. El segundo, desde marzo de este año, se encuentra prófugo de la Ley; tiene al menos 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades durante su mandato, encontradas por la ASF. El último, Borge Angulo, cuenta con seis denuncias en su contra -cuatro interpuestas por la Procuraduría General de la República y dos más por la Fiscalía General de Quintana Roo- por delitos del fuero local, entre los que se cuentan la venta ilegal de terrenos que eran patrimonio del estado (una afectación patrimonial estimada en 2 mil mdp), y manejos irregulares de recursos públicos a nivel estatal.
Más allá de los nuevos rostros del PRI, están otros ex mandatarios -casi todos del Tricolor- acusados de corrupción: el priista Jorge Herrera Caldera, el ex Gobernador de Durango (2010-2016) indicado por el quebranto financiero de su entidad tras incrementar la deuda estatal en 11 mil 302.3 mdp durante su sexenio. El priista Egidio Torre Cantú, el ex mandatario de Tamaulipas (2011-2016) ligado al crimen organizado, dueño de una “casita” valorada en 340 mdp, y quien incrementó la deuda estatal en 12 mil 511.9 mdp, debido a la adquisición de hasta 11 préstamos con cinco bancos privados. El priista Rodrigo Medina de la Cruz, el ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015) acusado por el desvío de recursos e irregularidades valorados en 9 mdp en varias obras; además de ser señalado por aumentar a más del doble la deuda de la entidad (él solito sumó 35 mil 878.8 mdp a la deuda). El panista Guillermo Padrés Elías, el ex mandatario de Sonora (2009-2015) acusado de peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue interno del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México -liberado este año por un amparo- y añadió 11 mil 522 mdp a la deuda de Sonora. El priista Humberto Moreira Valdés, el ex Gobernador de Coahuila (2005-2011) arrestado en enero de 2016, en Madrid, España, acusado, entre otras cuestiones, de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho. Sin embargo, fue liberado siete días después. Aumentó la deuda de su estado en 11 mil 522 mdp.
La lista no termina; tampoco la impunidad. Al día de hoy, además de los ya mencionados, el ex Gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, es investigado por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público. Estuvo preso, pagó una fianza de 7 mdp, se amparó y enfrenta su proceso en libertad. A pesar de que hay muchos señalamientos en contra de gobernadores y ex gobernadores, hoy en día sólo hay cuatro ex mandatarios encarcelados: Mario Villanueva, ex Gobernador de Quintana Roo (por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y asociación delictuosa e intimidación); Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco (delitos de fraude fiscal y lavado de dinero); Jesús Reyna, ex Gobernador interino del PRI en Michoacán (presuntos nexos con delincuencia organizada); y Flavino Ríos Alvarado, ex Gobernador interino de Veracruz (delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad).
¿Dónde la lucha en contra de la impunidad? Ya resuenan las palabras del MP guatemalteco: “quienes vulneran los derechos de otras personas, lo hacen con la convicción de que las probabilidades de rendir cuentas por sus acciones son mínimas”.
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¿Verdad o mentira? MENTIRA. El Presidente Enrique Peña Nieto puede asegurar hasta el cansancio que el Gobierno federal dará “batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana”, pero sus esperanzadas palabras no hacen eco. Los datos lo indican, la realidad nacional lo corrobora. Y ambas desmienten al Primer Mandatario mexicano.
