El resto de los casos que contabiliza la organización también considera al menos 19 atentados y 6 secuestros, así como 54 casos de amenazas, 51 de ellas denunciadas por los mismos partidos políticos que cobijan a las personas.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Humberto Amezcua, Presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, y quien buscaba reelegirse, fue asesinado el viernes 15 de marzo en un ataque directo. Cuatro días después, Joaquín Martínez López, Alcalde de Chahuites, Oaxaca, municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinado a balazos frente a su domicilio.
Estos son apenas dos de las últimas agresiones contra políticos en el último año, un fenómeno que se ha intensificado con el inicio de las campañas electorales en México, donde se han reportado al menos 125 casos en total.
El mapa de la violencia electoral en este proceso se amplía casi a diario. Se trata de una de las elecciones más grandes en la historia del país: además de nueva Presidenta de la República, los mexicanos asistirán a las urnas el 2 de junio para elegir 20 mil 708 cargos a nivel federal y local, incluidas 9 gubernaturas. El país tendrá un total de 99 millones 117 mil 292 personas en su Lista Nominal.
Ante ese panorama, desde el 4 de junio de 2023 y con corte hasta el 19 de marzo de este año, se acumulan 125 casos de agresiones contra políticos, de acuerdo con el recuento que realiza la organización Laboratorio Electoral.
Esa cifra incluye 46 asesinatos –40 hombres y 6 mujeres–, aunque la cifra aumentará con el asesinato de Martínez López, aún no considerado en el conteo. Al menos 24 de estos homicidios fueron realizados contra aspirantes a una candidatura y de todos los partidos políticos, sin excepción.
El resto de los casos que contabiliza la organización también considera al menos 19 atentados y 6 secuestros, así como 54 casos de amenazas, 51 de ellas denunciadas por los mismos partidos políticos que cobijan a las personas. Sin contar este último apartado, los agredidos son un 72 por ciento hombres y un 28 por ciento mujeres. No hay por ahora denuncias de candidates no binarios.
“Dentro del monitoreo no podemos dejar de lado otros casos de violencia que a pesar de no ir enfocados en candidaturas, sí afectan el clima de violencia del proceso electoral y evidencian un contexto adverso. Estas categorías hacen referencia a asesinatos de perfiles políticos que no buscaban un cargo (funcionariado), asesinatos de excandidaturas y exfuncionarios/as de los poderes ejecutivo y/o legislativo que no buscaban un cargo, y ataques a miembros de las autoridades electorales”, explican en su primer informe, publicado a principios de febrero, y que se irá actualizando conforme avance el proceso electoral en estos meses de campañas.
El Laboratorio Electoral indicó que, para construir su base de datos, realizó “un mapeo de los principales medios y periodistas locales cuyo trabajo de investigación y denuncia es fundamental. Con este mapeo hemos realizado semanalmente búsquedas intensivas sobre cada uno de estos casos, corroborando en todo momento la veracidad de las fuentes y que se hubiese retomado el tema en al menos otro medio de comunicación. Nuestra segunda fuente de información se centra tanto en los comunicados oficiales de los partidos políticos como en las redes sociales de las y los principales afectados”.
La organización ya realizó este tipo de reportes en las últimas dos grandes elecciones: las presidenciales de 2018, donde registraron un total de 145 personas asesinadas; y las elecciones intermedias de 2021, llamadas “las más grandes de la historia”, aunque con menor concurrencia a nivel nacional, debido a la falta de una elección para la Presidencia: en este caso, enlistaron 88 muertes en total.
“En el proceso electoral 2017-2018, el pico más alto de casos registrados se presentó en los meses de diciembre y enero, momento en el que tenían lugar las precampañas electorales. En el proceso electoral 2020-2021, los meses con mayor cantidad de casos registrados fueron febrero y marzo, periodo de registro de candidaturas a nivel federal. Ahora en el proceso electoral 2023-2024, enero representa el mes con mayor grado de incidencia por violencia electoral, con un total de 9 casos registrados, mes que coincide con la finalización de las precampañas”, señalaron. Sin embargo, falta por actualizar el total de casos y asesinatos para marzo, abril y mayo.
Al término de las precampañas, 11 de febrero en 2018, 31 de enero en 2021, y 18 de enero de 2024, los casos por asesinato se presentaron de la siguiente manera: 65 en 2018; 31 en 2021 y 26 casos este año, reportó la organización. El pico sigue siendo la elección presidencial anterior, aunque faltan por comparar las campañas oficiales una vez que terminen las de 2024.
“Respecto a la distribución geográfica, Guerrero es el estado con mayor incidencia por violencia electoral en el país en todos los procesos electorales, seguido por Veracruz. Otro estado que presenta al menos un caso en los tres procesos electorales revisados es Jalisco”, detalló el Laboratorio Electoral.
Sin embargo, el reporte indicó que “no es concluyente afirmar que la violencia política ha tenido un factor de género en los últimos meses ni en los procesos electorales analizados. Sin embargo, es importante recordar que la participación política de las mujeres aún se ve obstruida en etapas tempranas del proceso electoral”.
Por otra parte, en un desglose de los datos de base del proyecto Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, se obtiene que se han registrado documentado al menos 185 eventos de violencia desde el 7 de septiembre de 2023, fecha en que el INE en sesión extraordinaria dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2023-2024, hasta el 3 de febrero del presente año.
Estos incidentes abarcan desde amenazas, ataques armados, secuestros y asesinatos dirigidos a diversos actores, como políticos en activo, excandidatos, funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso elementos policiacos de seguridad.
La documentación de la organización también ha incluido en sus registros asesinatos y ataques contra familiares de candidatos o aspirantes a un cargo público. Sumando los siete eventos registrados en estas dos semanas (no incluídos en dicha base de datos), se contabilizan al menos 191 incidentes de violencia durante el actual proceso electoral.
LA PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL
A principios de marzo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó el esquema de protección para las y los candidatos que buscarán un cargo de elección popular en las elecciones del 2 de junio, y dio a conocer que hasta el corte del 4 de marzo, se han recibido 23 solicitudes. Sin embargo, esta semana, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, detalló que se han recibido 83 solicitudes de protección, 74 de las cuales ya han sido aprobadas.
“El Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene el compromiso de que el proceso electoral de este 2024, se lleve a cabo de manera pacífica. Esta es nuestra responsabilidad, por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad, y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del Gobierno y de que habrá personal que los proteja”, dijo.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador del martes 5 de marzo, la funcionaria explicó que el Gabinete de Seguridad acordó con el Instituto Nacional Electoral (INE), en apego a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “un protocolo en materia de seguridad que a continuación detallo”.
“Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Proyección Ciudadana, a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso”, señaló.
Rodríguez Velázquez indicó que la SSPC notificará al INE la disposición del servicio para que el organismo informe a los partidos políticos y candidatos o candidatas. “En el caso de que se otorgue la protección, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique, que es alto, medio o bajo, según sea el caso”, precisó.
