La represión ha caracterizado las protestas de mujeres en México en los últimos años. Recientemente, en Zacatecas mujeres presentaron denuncias por privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura, abuso de autoridad y tentativa de feminicidio por las agresiones de policías cometidas este 8 de marzo.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La represión marcó la jornada de protestas del 8 de marzo en Zacatecas, donde policías amenazaron a un grupo de mujeres con desaparecerlas, las torturaron e incluso, denuncian, intentaron asesinarlas. Por estos hechos, hasta el momento ya fueron presentadas 12 denuncias ante la Fiscalía estatal. Los casos se suman a las agresiones registradas en los últimos años contra mujeres manifestantes en distintas entidades, y que, de acuerdo con defensoras de derechos humanos, siguen impunes.
Las denuncias presentadas son por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura, abuso de autoridad y tentativa de feminicidio, informó en entrevista Mara Muñoz, representante legal de las manifestantes. Testimonios de manifestantes coinciden en que autoridades esperaron a que quedaran menos personas en la Plaza de Armas de la entidad para agredirlas.
La violencia a las manifestantes quedó grabada en videos difundidos en redes sociales. Uno mostró cómo policías arrastraron por el piso a una joven, en otro también se escuchó el reclamo: “¡Déjala, es una niña!”, para que autoridades pararan los jaloneos; a ellos se sumó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a asistentes a la movilización por el Día Internacional de la Mujer.
“Fueron retenidas ilegalmente durante alrededor de 50 minutos, incomunicadas. El tiempo que duró su traslado a la comandancia de la Policía Municipal no se les permitió hacer uso de teléfono, no se les dijo por qué las detenían, no se les leyeron sus derechos, no les dijeron a dónde las trasladaban. Fueron torturadas psicológica y físicamente. Se les amenazó con que se les iba a regresar a sus familias en bolsas de plástico hechas cachitos, que las iban a desaparecer y las golpearon. Físicamente están muy lastimadas, varias de ellas tienen esguince de cuello, están usando cuello ortopédico. Hubo intento de asfixia, en un par de casos se ve la marcada en el cuello y los daños en el cuello a nivel de esguince, ahí es donde nosotros señalamos esta tentativa de feminicidio”, denunció la abogada Muñoz.
Activistas de la entidad identificaron a 18 mujeres detenidas arbitrariamente, además de las 12 que ya presentaron denuncias penales, una de ellas es menor de edad y hay una mujer con discapacidad. Ante el reclamo de justicia hecho por feministas y distintas organizaciones sociales, las autoridades se han limitado a evadir sus responsabilidades.
Por ejemplo, dos días después de la protesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, mostró en conferencia una serie de videos para exponer momentos en que manifestantes insultaron y atacaron a policías, también descartó que respondieran a una orden específica.
“¿Ustedes creen que, ante una agresión a una fuerza de Seguridad Pública, cualquier agresión que sea, se espera una orden?, hay un protocolo, hay un resguardo y una contención y allí está documentado… ante las agresiones, se repele”, expresó.
Sin embargo, colectivas feministas y organizaciones sociales se han pronunciado para que se reconozca el uso excesivo de la fuerza. La defensora Mara Muñoz insistió en que debe reconocerse la reacción premeditada de las autoridades para violentarlas, pues recordó que desde el 4 de marzo, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo en conferencia de prensa que grupos radicales de otros estados pretendían infiltrarse en la marcha por lo que, dijo, sabían que sería violenta. “[Se] actuará y se detendrá a quienes agredan a civiles o a policías”, expuso en esa ocasión.
“Durante la marcha el rostro de la Policía fue de mujeres, pero en el momento de la represión actuaron también hombres, incluso miembros de las FRIZ [Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas], un cuerpo de élite creado para perseguir a la delincuencia organizada. Sin duda era personal de las fuerzas de seguridad con equipo táctico, con toletes, con escudos, con cascos, que en ningún momento fueron agredidos. Actuaron por una orden, por una instrucción, reaccionaron en ese momento en contra de quienes nos encontrábamos ahí y reprimieron particularmente a las jóvenes que se encontraban ya despidiéndose, ellas no agredieron en ningún momento a las y a los policías, algunas trataban de contener la represión”.
Ante este panorama, las denunciantes buscan que los casos no se acumulen en una misma carpeta de investigación porque las violentaron funcionarios distintos y de maneras particulares. De igual forma, ya solicitaron que las 18 mujeres agredidas y las tres defensoras que las acompañan sean incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Durante las últimas semanas, zacatecanas han protestado para exigir las renuncias tanto del Secretario de Seguridad como del Secretario General de Gobierno; de Osvaldo Caldera Murillo, director de Seguridad Vial; así como una disculpa pública del Gobernador David Monreal, quien en los últimos días sólo difundió un pronunciamiento donde describe a su Gobierno como “aliado de las mujeres”.
La prioridad para el Gobierno de Zacatecas es que todas las mujeres, sin distingo, consideren a sus autoridades como aliadas para caminar y trabajar para su desarrollo.#ElAñoDeLaPaz#JuntosSomosPaz pic.twitter.com/xaUIplFT5Q
— Gobierno de Zacatecas (@gobiernozac) March 15, 2024
Además de Zacatecas, en estados como Puebla, Nuevo León y Colima –donde videos muestran a infancias lesionadas por gas lacrimógeno, se registraron casos de represión durante la jornada del 8 de marzo–, una constante en las movilizaciones de mujeres de los últimos años.
REPRESIÓN E IMPUNIDAD
Un ejemplo de la impunidad en la represión a manifestantes es el caso de las mujeres que ocuparon en 2020 la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en Ecatepec, para exigir el avance de investigaciones por denuncias de violaciones a derechos humanos. El 10 de septiembre de ese año fueron desalojadas con violencia, arrestadas y torturadas.
Las mujeres fueron trasladadas junto a niños y niñas al Ministerio Público sin que se les informara a dónde las llevaban. Un día después volvieron a ser agredidas afuera del Ministerio Público de Atizapán mientras exigían la liberación de las personas detenidas, por ejemplo, ahí personal de la Fiscalía les lanzó objetos pesados para disgregarlas.
Malo Compa, integrante de Manada Periferia, es una de las defensoras de derechos humanos contra las que la Fiscalía del Estado de México inició procesos por este caso, pero a casi cuatro años aún no tiene acceso total a las carpetas de investigación, lo que ha dificultado su defensa. A la par, las denuncias presentadas contra los policías que la agredieron a ella y a sus compañeras no avanzan.
“El proceso de denuncia se ha venido detenido por los ministerios públicos, por los cambios administrativos dentro de las fiscalías. Tenemos señaladas al menos tres personas que ya identificamos de los 48 policías que nos detuvieron, pero la investigación no avanza […]. En nuestras carpetas hemos visto que la orden de nuestra detención vino de las altas esferas del poder porque incluso el relato de un policía de la noche que nos detienen dice que recibe una llamada del Fiscal donde le dice que tiene que sacar esas personas de ahí [a las mujeres de la CODHEM], y que tome a todo el personal que se encuentra en ese momento en la Fiscalía, si están vestidos de civil que usen una chamarra. Y sí, así es como nos detienen”.
La defensora está siendo investigada por la quema de las instalaciones de la CODHEM, pese a presentar pruebas de que no se encontraba ahí ese día. Hasta ahora no ha tenido acceso al número de carpeta.
“Me dicen que no pueden darme ese número porque es buscar una aguja en un pajar”, denunció. Además, en un principio fue detenida pese a que uno de los procesos iniciados en su contra es una falta administrativa y no lo amerita.
La represión en el Estado de México y la impunidad, reconoce Malo Compa, ha dificultado su labor como activista y su vida familiar, al igual que la de otras integrantes de Manada Periferia.
“Yo formo parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas porque he tenido incidentes fuera de casa, de policías que nos amenazan, llamadas de extorsión y amenaza, mensajes de grupos de choque del Estado de México cuando acompañamos a las búsquedas [de mujeres desaparecidas]. ¿Cómo llegan a mi número telefónico? No lo sé. Amenazas a nuestra página [de la colectiva] de que saben quiénes somos, dónde vivimos. Ha sido muy cansado, incluso cuando mi hija ve policía le incomoda, se siente perseguida, y no tendría por qué ser así. Hay un estrés postraumático”.
A nivel estatal, reconoce que el trato de autoridades a sus compañeras y otras activistas ha cambiado, por ello siguen reforzando sus protocolos de cuidado durante las protestas, que continúan como respuesta a la creciente violencia contra mujeres y niñas.
“A nosotras ya nos tienen en un contexto extraño porque cada que vamos a manifestarnos las instituciones se encuentran cerradas antes de que lleguemos y no nos dan la atención. Ni siquiera nos escuchan, o cuando saben que vamos a acompañar un proceso de denuncia a alguna víctima nos hablan para decirnos: ‘ya no necesitas venir, ya se está atendiendo’”, expuso.
Un año antes de las agresiones a las activistas mexiquenses ya estaba como antecedente la violencia con la que autoridades respondieron a las protestas de miles de mujeres en la Ciudad de México que exigían justicia para una joven que denunció violencia sexual cometida por policías. La estigmatización a manifestantes continuó y sigue ahora en distintas entidades.
En el informe La era de las mujeres: estigma y violencia contra las mujeres que protestan la organización Amnistía Internacional analizo cinco manifestaciones por diferentes motivos realizadas en 2020 en León, Guanajuato, en Culiacán, Sinaloa, en el Estado de México, la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo.
En esta última entidad, el 9 de noviembre policías locales dispararon sus armas para dispersar la protesta y agredieron a manifestantes, ocho de ellas fueron detenidas arbitrariamente, también reportaron violencia física, sexual y psicológica.
Una práctica común es que agentes policiales se ensañan con ellas porque no se apegan al estereotipo tradicional, entonces reciben comentarios de policías culpándolas por ser agredidas, insistiendo, por ejemplo, en que si estuvieran en su casa no les pasaría eso.
“El efecto inmediato que tiene la represión es de temor en quienes salen a manifestarse, eso es para reprocharle a las autoridades porque es uno de sus objetivos. Sin embargo, la gravedad de la situación de la violencia contra las mujeres en México es de tal magnitud que hemos dejado de tener miedo y a tener estrategias de protección y evaluación de riesgo propias. Las mujeres seguirán y seguiremos utilizando las calles, es nuestro derecho. La exigencia a la autoridad es que garantice el derecho a la manifestación y que se reconozca que la causa de las protestas es legítima”, destacó en entrevista Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional.
Pese a los señalamientos que la organización y otras internacionales y nacionales hicieron, la violencia contra manifestantes continuó en distintos puntos del país. En mayo de 2021 policías detuvieron a 93 normalistas: 74 mujeres y 19 hombres, así como a otros dos adolescentes mientras protestaban para exigir que los exámenes de nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumactzá se realizaran de forma presencial y no virtual, como proponían las autoridades educativas de Chiapas.
Las mujeres detenidas denunciaron violencia sexual y aunque ellas y sus compañeros obtuvieron su libertad, hasta ahora las y los normalistas exigen frenar las investigaciones y criminalización contra las personas arrestadas.
También en 2021 una protesta de mujeres frente a las oficinas de la Secretaría de Educación de Jalisco por la impunidad en casos de violencia sexual a niñas cometidos en escuelas concluyó con la detención de mujeres, para lograr su libertad algunas tuvieron que aceptar como condición evitar actividades a ciertos metros de distancia de instancias públicas, lo que limita su derecho a la manifestación, dijo el mes pasado Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) de Jalisco a este diario digital.
Más recientemente, el 8 de marzo de 2023, mujeres que protestaban en Nuevo León por los altos índices de violencia fueron detenidas y llevadas al Palacio de Gobierno donde, acusan, fueron torturadas, agresiones que siguen impunes.
“No han reconocido que se actuó de una forma desproporcionada, que no hay garantías, pues nosotros como mujeres no tenemos la garantía de de poder ejercer nuestro derecho a manifestarnos sin ser reprimidas, detenidas, golpeadas o desaparecidas”, mencionó Claudia Muñiz, integrante de la Asamblea Feminista de Nuevo León.
Aún con estos antecedentes, la violencia contra manifestantes entre ese y otros estados marcó el 8 de marzo en México. La directora de Amnistía Internacional, una de la organizaciones que condenaron los recientes actos de represión, resaltó que protestar es un derecho de todas las personas, y que las mujeres siguen haciéndolo y se organizan ante la falta de voluntad de las autoridades de distintos niveles.
“Las cosas serían diferentes si los recursos que invierten las autoridades en poner vallas o en sacar a policías durante las manifestaciones se invirtieran mejor en la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, o si esos policías que sacan a las manifestaciones fueran policías que estuvieran en los territorios protegiendo a las mujeres que tienen órdenes de protección y que permitieran prevenir la violencia”, destacó.
