El informe apenas menciona el desorden que ha sacudido las operaciones de la DEA en México, donde la cooperación entre las fuerzas del orden público se vino abajo durante el mandato de un director regional que fue destituido discretamente de su cargo por mantener contactos indebidos con abogados de narcotraficantes. No habla del incidente de Cienfuegos ni la detención del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Por Jim Mustian y Joshua Goodman
NUEVA YORK (AP).— Después de casi dos años y de haber gastado por lo menos 1.4 millones de dólares, la DEA publicó el viernes una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción y ofreció una serie de recomendaciones que son, de acuerdo con los críticos, demasiado vagas.
La mayor parte del reporte de 50 páginas esboza la “huella” de la DEA en 69 países, al tiempo que elogia sus esfuerzos para tapar enormes huecos en la supervisión de los operativos encubiertos de lavado de dinero y de las unidades especiales en el extranjero.
“Las recomendaciones son muy amplias y carecen del mérito o del valor que mejorarían las operaciones exteriores de la agencia”, estimó Mike Vigil, exdirector de operaciones exteriores de la DEA. “¿Qué hay de acabar con el sistema de amiguismo, en el que se ascienden unos a otros sin estar calificados?”
DEA releases the final report of the Foreign Operations Review Team, which contains recommendations to improve the effectiveness & enhance the integrity of DEA’s foreign operations & allow DEA to maximize the impact of its work in 69 countries worldwide. https://t.co/SQNpsuL2vx pic.twitter.com/OFulmxQXD5
— DEA HQ (@DEAHQ) March 24, 2023
La investigación externa se anunció en 2021 a raíz de un reportaje de The Associated Press sobre los delitos de José Irizarry, un exagente de la DEA que cumple ahora una condena de 12 años en prisión federal tras confesar haber lavado dinero para los cárteles narcotraficantes colombianos y haber sustraído millones de dólares de las incautaciones y de los informantes para financiar un viaje internacional de placer con cenas de lujo, fiestas y prostitutas.
Irizarry declaró a la AP el año pasado que los agentes de la DEA han llegado a aceptar que no pueden hacer nada para frenar el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos, los cuales han llegado a provocar más de 100 mil muertes por sobredosis al año.
“La guerra contra las drogas es un juego”, dijo Irizarry. “Era un juego muy divertido”.
Una pesquisa en curso de un jurado investigador federal sobre algunos de los antiguos colegas de Irizarry en la DEA fue mencionada en una nota a pie de página de la revisión externa.
“Las entrevistas y los documentos demostraron que la DEA ya ha aplicado en gran medida las recomendaciones de la OIG del DOJ para mejorar la supervisión de los riesgos de cumplimiento derivados de las operaciones de la agencia en el extranjero”, concluía la revisión, utilizando las siglas en inglés de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación detectó fallas en la burocracia que, señala el reporte, entorpece la asignación de agentes a divisiones extranjeras, y recomendó crear incentivos para atraer a “los mejores talentos a las oficinas difíciles de cubrir”. También culpaba a la “influencia corruptora” de los cárteles por la “mala conducta individual del personal de la DEA”.
“La DEA también podría hacer más para garantizar que los supervisores son evaluados eficazmente y, en última instancia, rindan cuentas por los problemas en el cumplimiento”, según el informe.
La revisión externa fue realizada por Jack Lawn, exadministrador de la DEA, y Boyd Johnson, exfiscal federal que manejó casos internacionales de drogas. Los registros públicos muestran que el contrato sin licitación se adjudicó al bufete de abogados WilmerHale, donde trabaja Johnson, por un costo de 1.4 millones de dólares.
El informe apenas menciona el desorden que ha sacudido las operaciones de la DEA en México, donde la cooperación entre las fuerzas del orden público se vino abajo durante el mandato de un director regional que fue destituido discretamente de su cargo por mantener contactos indebidos con abogados de narcotraficantes.
La AP reportó a principios del año que Nicholas Palmeri estuvo en el puesto 14 meses y dejó el cargo antes de que un reporte de la Oficina del Inspector General encontrara que solicitó un reembolso del gobierno para pagar su propia fiesta de cumpleaños.
“Para ser un reporte que costó al gobierno más de 1,4 millones de dólares, no parece recomendar el tipo de cambios que realmente evitarían otro caso Irizarry u otros delitos”, dijo Bonnie Klapper, exfiscal federal de Nueva York. “Aunque el informe es muy exhaustivo al exponer el papel y las responsabilidades de la DEA, sólo menciona unos pocos ejemplos de infracciones, y sus recomendaciones no van lo suficientemente lejos”.
Palmeri llegó a México luego de uno de los reveses más grandes de los últimos años en la guerra contra el narcotráfico encabezada por Estados Unidos: la frustrada detención del exsecretario de Defensa Nacional de México Salvador Cienfuegos. El general jubilado fue detenido bajo una orden de arresto estadounidenses precintada y relacionada con las drogas cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles en 2020, sólo para ser liberado unas semanas después bajo la presión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tomó represalias disolviendo una unidad policial de élite que era un aliado clave de la DEA.
Ni el incidente de Cienfuegos ni la detención de otro destacado aliado de Estados Unidos en México —el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna— fueron mencionados en el informe.
John Feeley, diplomático estadounidense jubilado que trabajó junto a la DEA en numerosos destinos en el extranjero, afirmó que “la principal conclusión del informe sobre la mejora del intercambio de información y el desmantelamiento de los cotos internos no puede ser más encomiable”.
“Pero el mayor coto que hay que desmantelar desde una perspectiva operativa es la incapacidad de la DEA para comunicar a las oficinas centrales y a los embajadores cuando está investigando a altos funcionarios de los países anfitriones”, añadió.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, quien ha rechazado varias solicitudes de entrevistas, dijo en un comunicado que la agencia implementaría las 17 recomendaciones que realiza el reporte.
“La DEA está comprometida a hacer frente a los desafíos presentados por las actuales amenazas mundiales de las drogas y a garantizar que nuestro trabajo se lleve a cabo al más alto nivel posible”, señaló.
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Goodman reportó desde Miami.
