Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz fueron desaparecidos presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y supuestos elementos policiales la tarde del 19 de marzo de 2018 en Tonalá, Jalisco. La Fiscalía de Jalisco determinó que los estudiantes fueron asesinados y disueltos en ácido, pero amigos y familiares no han aceptado esa versión.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- A más de cinco años de la desaparición forzada de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, amigos y familiares aún exigen saber la verdad y sobre todo justicia, así como una búsqueda en vida, debido a que denunciaron que la versión oficial de las autoridades de Jalisco sobre su asesinato es otra “verdad histórica”.
“La versión de las autoridades fue otra ‘verdad histórica’ no solo para darle carpetazo mediático sino para desacoplar el movimiento que se generó. Fue una verdad de terror, no solo por la manera en que la que se describió y las autoridades presentaron su video. Yo recuerdo el sentimiento de horror de todos mis estudiantes, de cómo muchos se alejaron y dejaron de ir a las de las marchas a las protestas; entonces pues eso fue para desmovilizar”, señaló en entrevista con SinEmbargo Carlos Valencia, profesor del CAAV, que ha dado seguimiento y ha acompañado a las familias de Marco y Daniel.
Salomón, Marco y Daniel fueron desaparecidos presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y supuestos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco la tarde del 19 de marzo de 2018 en Tonalá, Jalisco. El crimen en contra de los estudiantes, perpetrado al momento en que ellos habían terminado de grabar un trabajo audiovisual para su escuela en Jalisco, movilizó a estudiantes y miles de ciudadanos en Jalisco como en la Ciudad de México, quienes en múltiples marchas exigieron la aparición de los alumnos.
Un mes después, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, en ese entonces encabezada por Raúl Sánchez Jiménez, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que los estudiantes fueron asesinados por integrantes del CJNG y sus cuerpos fueron disueltos en ácido.
Era el final del periodo del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la campaña presidencial estaba en uno de sus puntos más álgidos, a la espera del primer debate de los candidatos. La noticia sobre los jóvenes levantó una ola de indignación nacional y un llamado de activistas por la defensa de los derechos humanos y especialistas en seguridad nacional para cambiar la estrategia federal de combate al crimen.
Aunado a ello, la indignación crecía, pues el entonces Presidente Peña Nieto se encontraba de gira por Europa y ni siquiera había enviado sus condolencias; contrario a ello, sí había enviado un mensaje de solidaridad al pueblo y Gobierno de Canadá, porque en Toronto un conductor de una camioneta rentada se había metido en una acera y mató a 10 personas.
Al paso de cinco años, la familias y padres de los estudiantes Marco García y Daniel Díaz aún exigen justicia y el esclarecimiento del caso pues no han aceptado la versión de la Fiscalía de Jalisco ya que afirman que no existen pruebas forenses contundentes para concluir que, efectivamente, sus cuerpos hayan sido disueltos en ácido.
“La continuación de las búsquedas en vida es lo que han demandado las madres desde el principio porque lo que sucedió, después de la ‘verdad histórica’, es lo que siempre pasa en todos los casos de desaparecidos en México: que no los buscan y dan carpetazo”, señaló el profesor Carlos Valencia.
LA DESAPARICIÓN
Javier, Daniel y Marcos estudiaban el segundo cuatrimestre en la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara, Jalisco. Iban comenzado sus estudios de cine. Javier Aceves Gastélum tenía 25 años de edad y era oriundo de Mexicali, Baja California; Daniel Díaz, de 20 años y era procedente de Los Cabos, Baja California y Marco Ávalos tenía 20 años y era de Tepic, Nayarit.
El 19 de marzo de 2018, cerca de las 18:00 horas, los tres estudiantes viajaban por Periférico y la calle Colina Central en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, Jalisco, cuando dos camionetas les cerraron el paso, de acuerdo con testigos; de estos vehículos bajaron sujetos que presuntamente se identificaron como personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y les ordenaron tirarse al piso y luego los subieron a una camioneta. Después ya no se volvió a saber de ellos.
Por la mañana del día siguiente, familiares de las víctimas acudieron a la Fiscalía de Jalisco a denunciar la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales.
Los familiares informaron que Aceves, Díaz y Ávalos se encontraban grabando un cortometraje en una casa del conjunto habitacional de Tonalá.
Carlos Valencia, profesor de los tres estudiantes, narró que al momento de la desaparición ellos realizaban una tarea audiovisual que les fue encargada.
“Ellos eran mis estudiantes cuando los desaparecieron, ellos estaban en clase conmigo. De hecho estaban haciendo una tarea que había dejado otro profesor amigo mío. Nosotros nos enteramos el martes poquito antes de salir de clases, incluso yo estaba hablando del tema de los desaparecidos y de repente uno de los compañeros dice: ‘Ah, sí pues como nuestros compañeros’; en ese momento me quedé frío, a ese grupo de los tres yo los quería mucho. Entonces nos comenzamos a reunir para ver qué se iba hacer, para la realización del primer video y la marcha para denunciar que habían llevado a nuestros compañeros y exigir que se les buscara y que los devolvieran con vida”, narró el catedrático.
La desaparición de los jóvenes generó múltiples protestas en exigencia por su aparición con vida y el reclamo por las desapariciones en el país, que en ese momento era gobernado por el priista Enrique Peña Nieto.
Por su parte, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares de estudiantes y anunciaron que darían “puntual seguimiento a la evolución de los acontecimientos, para que los responsables respondan ante la justicia y reciban el castigo que en derecho proceda, y no haya impunidad ni olvido en este caso”.
Ambos organismos exigieron que las autoridades estatales no omitieran línea alguna de investigación y se respete el debido proceso en la averiguación de los homicidios de los estudiantes de cine.
LA VERSIÓN OFICIAL Y DETENIDOS
Las autoridades de Jalisco atribuyeron el asesinato de los tres estudiantes a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación y aseguraron que supuestamente los criminales los mataron al confundirlos con miembros de una banda rival.
A 36 días de la desaparición, la Fiscalía de Jalisco realizó una rueda de prensa en la que mostró un video con presuntos avances de la investigación y en una línea del tiempo cómo habrían ocurrido los hechos desde el momento en que los jóvenes fueron privados de su libertad.
La versión dada por las autoridades señaló que los jóvenes realizaban trabajos escolares cerca de la finca vigilada por integrantes del CJNG, a donde llegaría a quien identificaron como “El Cholo”, líder un grupo criminal rival conocido como Nueva Plaza.
Según las autoridades desde el momento de su detención, los jóvenes fueron trasladados a una finca ubicada en Tonalá en donde Javier fue golpeado e interrogado por integrantes del grupo delictivo. Derivado de las heridas, el joven perdió la vida, por este motivo, los sicarios decidieron matar a los otros dos estudiantes.
Además, indicaron que tenían indicios que mostraban que “en la finca marcada con el numero 2 en Lechuza golpearon a uno de ellos y lo mataron a golpes, en tanto que se ordenó “ejecutar a los otros dos”, mencionaron las autoridades en esa rueda de prensa.
La Fiscalía detalló que luego de las investigaciones fueron detenidas dos personas por su presunta participación en la privación de la libertad de los jóvenes. Se trataba de Gerardo “N” y Omar “N”, alias “QBa”, un rapero local.
A lo largo de cinco años, han sido detenidas al menos seis personas. La captura más reciente fue anunciada a mediados de junio del año pasado y se trata de Alejandro “N”, alias “El Pimpoyo”.
De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, “El Pimpoyo” tenía una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado y quien presuntamente pertenecía al CJNG, a quien le atribuyeron el asesinato.
Además de “El Pimpoyo”, las otras cinco personas que fueron capturadas como presuntos implicados y que se encuentran encarcelados en Puente Grande son: Gerardo ‘N’, alias ‘El Cochi’; Omar ‘N’, alias ‘El QBA’; Jonathan ‘N’, alias ‘Kalimba’; Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Tuntún’ o ‘Chaparro’; y Jonathan Josué ‘N’, alias ‘El Choco’.
En ese momento, el Gobernador de Jalisco era Aristóteles Sandoval, quien fuera asesinado en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020 y cuyo caso la Fiscalía también ha insistido que el crimen “se encuentra aclarado” ya que se tiene identificado al autor intelectual de dicho crimen, sin embargo, sobre esa investigación también pesan diversas dudas.
EXIGEN VERDAD
Carlos Valencia, profesor del CAAV, que ha dado seguimiento y acompañado a las familias de las víctimas destacó que los padres y madres de Marco y Daniel Díaz no aceptaron la versión de la Fiscalía de Jalisco ya que afirman que no existen pruebas forenses contundentes y porque consideran que se planteó para dar un carpetazo mediático, judicial y para desmovilizar.
“El manejo desde el principio fue coaptar a los padres, a quienes no vimos hasta que se dio la verdad histórica, la que se dio sin la autorización de los padres, quienes no estuvieron presentes en la rueda de prensa. Estuvo una abogada, que dijo que los padres la aceptan, lo cual era una mentira absoluta, porque los padres se enteraron hasta dos semanas después”, señaló.
Los familiares de Javier Salomón, Marco y Daniel han preferido no aparecer en público desde el inicio y aunque se esperaba que asistieran a las protestas que se efectuaron no participaron.
Carlos Valencia indicó que consideran que el motivo por el que le dieron carpetazo es para quitar la presión mediática y desmovilizar las protestas. Desafortunadamente, añadió, con el paso de los años lo lograron.
“El papá de Marco fue el primero en negar absolutamente esta verdad histórica. Nosotros la negamos desde el desde el principio en las asambleas interuniversitarias que se hicieron, sin embargo, el que los padres no estuvieran sí provocó que se disminuyera el movimiento”, expresó el maestro.
Valencia destacó que el caso también se olvidó de cierta forma en los medios de comunicación.
“A los cinco meses los padres nos contactaron y los volvimos a ver. Les ayudamos que en aquel momento presentaran con Carmen Aristegui que negaban la verdad histórica, pero desafortunadamente fue a finales de diciembre, y fue cuando se mató el Gobernador Moreno Valle se mató con su esposa y eso opacó la noticia. Entonces, mucha de la sociedad no se enteró siquiera que los padres negaron esa verdad que dio la Fiscalía de Jalisco”, abundó.
El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero debido a las irregularidades y desaseo en la indagatoria; sin embargo, a la fecha no hay mayores avances en la investiga.
“Incluso Gertz Manero, cuando todavía hablaba con los medios, se comprometió a darle seguimiento al caso que les había enviado la Fiscalía de Jalisco, el cual estaba muy desaseado; pero el caso a la fecha sigue sin avanzar. Las madres han ido a que les presenten los avances, pero no hay mayor novedad y siguen en lo mismo: no los buscan”, dijo.
A cinco años, la familias y padres de los estudiantes Marco García y Daniel Díaz aún exigen justicia y el esclarecimiento del caso.
“Lo que sucedió es que después de la verdad histórica pasó lo que siempre pasa, que no los buscan y esa ha sido la lucha de los familiares de Daniel y Marco, quienes piden justicia y que el caso sea esclarecido. Son cinco años sin verdad y sin justicia. Queremos saber realmente qué pasó con ellos”, concluyó.
