El Presidente López Obrador presidió hoy la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, herramienta contemplada en la Ley General de Desaparición de Personas, vigente desde 2018. Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que “si bien hubo una instalación oficial” de la Ley, no tuvo efecto ni resultado. “Yo afirmo que fue una gran simulación”, expresó.
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que “los queremos vivos” al anunciar que no habrá límite presupuestal para buscar a los 40 mil desaparecidos e identificar a los 26 mil cuerpos que se tienen registrados. “Nunca más personas sin identificar recorriendo las calles en tráileres; es dantesco. Por eso tenemos que actuar con urgencia en este caso”.
Adelantó que aprobará el presupuesto para estas tareas y que a más tardar en diciembre se tendrán en operación las 32 comisiones de búsqueda, cada una con recursos. “Está autorizado el presupuesto”, dijo el Presidente al presidir la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una herramienta que contempla la Ley General de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, promulgada desde el sexenio de Enrique Peña Nieto pero que ha servido poco.
Justo sobre eso, hoy también, Alejandro Encinas dijo que “si bien hubo una instalación oficial” de la Ley, no tuvo efecto ni resultado. “Yo afirmo que fue una gran simulación”.
El Presidente dijo que en tres meses se reunirá con familiares de personas desaparecidas para revisar los compromisos hechos para el funcionamiento de más comisiones de búsqueda. Reiteró su compromiso de no hacer uso de la fuerza, que su mandato atenderá las causas al aumentar salarios y atender a las y los jóvenes. “Eso es lo que constituye la nueva política de seguridad pública”, aseguró.
El mandatario destacó el trabajo contra la corrupción, porque es la causa principal de la desigualdad económica y social, la calificó de la causa principal de la violencia. “Esto que padecemos es el saldo, el fruto podrido de la política neoliberal”.
“No vamos a utilizar la fuerza contra los problemas sociales, a eso apostaron las anteriores autoridades. El Estado mexicano que representó no va a actuar con arbitrariedad, no vamos a violar derechos humanos”. Aseguró que antes el Estado era “el violador principal de los derechos humanos”. Dijo que como comandante de las Fuerzas armadas "nunca daré la orden de masacrar al pueblo mexicano". Denunció que solo se destinó a 10 mil elementos policiacos para cuidar a la ciudadanía, pero para cuidar las oficinas gubernamentales y a funcionarios eran 50 mil elementos, aseguró que el 90 por ciento de estos elementos fueron contratados a empresas privadas.
Dijo que con la Guardia Civil “el Ejército que tiene 220 mil elementos y las fuerzas a armadas se suman al compromiso de respetar los derechos humanos”.
El Presidente reconoció que la violencia ha disminuido muy poco tanto en homicidios o el robo de vehículos, pero destacó que el robo de combustible ya se controló y que se ahorrarán “como 50 mil millones de pesos”.
“No hemos logrado una disminución significativa en materia delictiva”, reconoció, pero dijo que seguirá trabajando para contrarrestar la que calificó de una “irresponsabilidad” al declarar una guerra contra el narcotráfico, cuando el origen del problema es la desigualdad social.
“Se tomó la decisión de declarar la guerra a un problema que surgió básicamente por la falta del crecimiento económico, por la desigualdad social. Se optó de manera irresponsable por pegarla un garrotazo a lo tonto al avispero, además con la mala decisión y las malas entrañas de querer con el uso dela fuerza de manera autoritaria resolver el problema. Nunca más a regresar esa política”, criticó sobre la política de Felipe Calderón.
SIN LAS FAMILIAS, NUNCA
La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que el Gobierno de México acepta públicamente la crisis de derechos humanos y en particular de personas desaparecidas. Reconoció que las investigaciones avanzan lento, que hay una crisis forense y prácticamente no hay sentencias en materia de desaparición.
Sánchez Cordero denunció que la Comisión Nacional de Búsqueda no contó con apoyo federal, por lo que la presencia de los gobernadores y responsables de distintas áreas son una muestra de que están comprometidos con las víctimas. “Las desapariciones no solo deben ser motivo de indignación, deben ser motivo para investigar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hermanémonos con esta causa porque es una herramienta para armonizar el país”, dijo.
La funcionaria llamó a todos los gobernadores a que dentro de tres meses ya cuenten con comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas en esta materia. “Las familias no deben vivir con zozobra, su dolor es inimaginable”, expuso. Resaltó que el Gobierno federal no es indiferente, que aunque es “un reto monumental” se enfrentará con todos los recursos que tiene el Estado.
“Sin las familias nunca”, concluyó.
El Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo antes que “este Gobierno hereda una deuda de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar y cientos de fosas clandestinas”. Reveló, para ilustrar el desinterés del Gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, que el año pasado se ejercieron 6 millones de pesos para enfrentar el problema de las desapariciones.
“Partimos de la convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana es una responsabilidad del Estado. Pero también que sólo el trabajo en conjunto y articular con las familias, los colectivos, y las organizaciones que los acompañan se puede encarar y superar esta tragedia para garantizar verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición de estos lamentables hechos”, expresó por su parte Encinas, frente a familias que llevaron consigo fotos de sus desaparecidos.
El Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dijo en Palacio Nacional que el trabajo de las buscadoras para la búsqueda de desaparecidos. Criticó la falta de atención que se les da y lamentó la revictimización. “La desaparición forzada de personas es el tema de mayor relevancia en materia de derechos humanos en nuestro país, no tener acceso a la justicia en estos casos significa un fallo estructural en el sistema democrático del país”.
Riquelme es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago. En ese carácter estuvo en Palacio Nacional. Reconoció la participación de las familias y que el compromiso principal es de las autoridades. Se comprometió a llamar a los representantes de las entidades para implementar todos los recursos en la búsqueda de las personas. “No haremos nada sin las familias”, aseguró.
–¡Coahuila es una gran fosa de personas desaparecidas, de jóvenes inocentes! –le respondió una madre, presente en el acto. Se hizo un gran silencio.
–¡Vivos se los llevaron! –gritó otra.
–¡Vivos los queremos! –respondieron todas.
Encinas, por su parte, dijo que “lamentablemente, en 19 entidades no hay avances legislativos ni decreto para la designación del comisionado local”. Señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda ya tiene más de 400 millones de pesos asignados en el presupuesto; el año pasado apenas ejerció 6 millones de pesos. Dijo que esos más de 400 millones se destinarán a las entidades que ya tienen comisionado.
“Nuestro país enfrenta una emergencia forense”, advirtió. Explicó que se trabaja con los forenses argentinos, la ONU, Cruz Roja e instituciones locales.
Dijo que el sistema buscará implementar el Banco nacional de dato forense, el registro nacional de fosas, el mejoramiento de las alertas amber y una protocolo homologado de búsqueda; afirmó que en los próximos meses deberá coordinarse con otros estados para las comisiones de búsqueda, evaluar el protocolo y el programa nacional de búsqueda y exhumación forense, además de dictar los lineamientos para la participación de familiares.
Señaló que se han promovido la creación de comisiones de búsqueda y que actualmente ya se cuenta con 13. “No basta con contar con una comisión local. Es necesario dotarla de recursos para que estas se conviertan en pies clave para la búsqueda de personas desaparecidas”, expuso. Destacó la declaratoria de emergencia emitida en Veracruz por personas desaparecidas.
Para este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha asignado 400 millones 791 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales el 50 por ciento se destinarán a las labores de búsqueda en los estados de la República que cuenten con la comisión local de búsqueda donde ya estén integrados.
Subrayó que el año pasado la Comisión Nacional de Búsqueda solo ejerció 6 millones de pesos, por lo que se tendrá acceso a más recursos. Recordó que se cuenta con 58 millones 424 mil pesos que distintas entidades aportaron del fondo para seguridad pública dentro del programa de especialización de las estancias responsables de la búsqueda de personas de personas desaparecidas.
“Si bien es una cifra importante, mayor a la de años anteriores, también hay que señalar que estos 58 millones representan solo el 0.77 por ciento del total de los recursos del fondo para aportaciones para la seguridad pública. Cinco entidades no solicitaron fondos para los retos de la emergencia forense”, dijo.
Edna Dolores Rosa Huerta, familiar de una persona desaparecida e integrante del Consejo Ciudadano, resaltó la deuda que el Estado tiene con las más de 40 mil personas desaparecidas en los dos gobierno pasados. “Gobiernos anteriores han respondido con indolencia, por lo que reconocemos que López Obrador esté aquí para reconocer la crisis y escucharnos”.
Destacó la esperanza que acciones como la implementación de la Comisión de Búsqueda en el caso Ayotzinapa dan esperanza a las familias de personas desaparecidas. Rosa Huerta explicó que el Consejo ciudadano está integrado por familiares y organizaciones civiles. “El Consejo ciudadano no sustituye a las familias y víctimas”, aseguró. Resaltó que el Sistema Nacional de Búsqueda debe cumplir con la creación de una Fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos, que las familias deben participar en la designación.
Dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda debe ser una institución fuerte con recursos pues son insuficientes. Llamó a la Conago a impulsar las comisiones de búsqueda y dotarlas de recursos. Sobre el mecanismo de identificación forense recordó que es esencial porque todas las familias buscan identificar a sus familiares, dijo que existen al menos 26 mil personas muertas sin identificar. Urgió a establecer un mecanismo de identificación forense extraordinario. “Cada uno es una hija, una madre, todos tienes que ser identificados”, señaló.
“No hemos frenado la ola de violencia, pero es momento de trabajar todos juntos, debemos construir un México distinto”, dijo.
Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, resaltó la importancia de reconocer a las víctimas en instancias forenses y resaltó la responsabilidad del Estado en esta materia. “La Comisión Nacional de Búsqueda es la piedra angular para responder a esta crisis”, destacó.
“Se deben coordinar las diferentes bases de datos estatales”, demandó, pues esto ayudará a agilizar las búsquedas. Karla Quintana llamó a realizar búsquedas históricas, como en los casos relacionadas al periodo de la guerra sucia. La funcionaria resaltó que la búsqueda en vida debe ser la prioridad, pero esta debe realizarse a la par de búsquedas en terrenos.
La Comisionada adelantó que se agilizarán medidas para que las personas puedan solicitar que se investigue a autoridades relacionadas con los casos de desaparición. Las obligaciones constitucionales son claves en la desaparición de personas, dijo, por lo que anunció que que se reforzarán las comisiones de búsqueda, que se crearán las fiscalías especializadas en materia de desaparición y se fortalecerán los sistemas forenses.
RETRASOS EN LAS BÚSQUEDAS
Los retrasos en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el cumplimiento de lo estipulado por la ley de desaparición forzada de personas han sido fuertemente criticados por familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esta semana, la CNDH atribuyó el incremento en las desapariciones de personas con al poco compromiso de las autoridades estatales y federales por Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, emitida hace más de un año. El organismo aseguró que no basta con que autoridades reiteren su voluntad por atender el problema, sino que deben cumplir con lo estipulado en la ley.
Recordó que hasta al fecha 18 entidades federativas no han establecido una Comisión Local de Búsqueda y en siete no se han formado o iniciado operaciones en su Comisión Local de Atención a Víctimas.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó el pasado 4 de febrero que existen 40 mil personas desaparecidas, 27 mil cuerpos sin identificar en forenses y unas mil fosas clandestinas. Dijo que es una crisis humanitaria de grandes dimensiones.
Encinas denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto simuló la instalación del Sistema Nacional de Víctimas. El año pasado se asignaron 468 millones de pesos 946 mil y se ejercieron apenas 6 millones.
El Subsecretario de Derechos Humanos fue cuestionado sobre si se trató de un subejercicio que sólo se gastaran 6 millones de los 468 mil que asignaron el año pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda. “No se trató de subejercicio, sino que nunca se libraron los recursos para la comisión”, respondió.
