Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La periodista Carmen Aristegui Flores dijo hoy que ante un panorama de “silenciamiento de voces y plumas” que se ha originado, en mayoría, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la sociedad mexicana aún no vive en democracia, y advirtió que podría suscitarse un escenario aún peor, un “vendaval autoritario”.
Durante la presentación del informe “Estado de Censura” realizado por la organización internacional Artículo 19, la ex conductora de Primera Emisión de MVS Radio, aseguró que la actual administración se ha mostrado incapacitado para resolver temas de justicia, derechos humanos, económicos y de libertad de expresión.
La publicidad oficial –explicó– es una herramienta de control de los medios, que a la fecha no está reglamentada a nivel federal, estatal o municipal, a pesar que transparentarla fue uno de los puntos prometidos en el llamado Pacto por México.
“La publicidad gubernamental es de los grandes temas que nos tenemos que plantear como medios y como sociedad en general […]. No ha sido reglamentada para que ese dinero que es de todos, en lugar de favorecer campañas debería favorecer la libertad de expresión. Lejos estamos de que eso ocurra en México”, aseguró.
“México tiene un conjunto de luces y muchas sombras en cuanto a periodismo se refiere, como los casos que aquí se han expuesto. Además tenemos los que no conocemos incluso; los casos que están fraguándose en este momento y que nos hablan de una intolerancia del propio poder, nos hablan de la incapacidad de aceptar la voz disidente, una incapacidad sistemática de las instituciones”, dijo la periodista.
Aristegui planteó que es necesario que se regulen la publicidad del gobierno para que el poder político no mine la libertad de la prensa y se garantice la libertad de expresión.
“La calidad de una vida democrática se mide, entre otras cosas por su libertades, por la oportunidad de criticar, de opinar, de investigar, de decir, de recorrer todo el mundo de noticias”, agregó Aristegui.
El pasado 15 de marzo, MVS, empresa de medios de Joaquín Vargas, dio por terminada su relación con la periodista Carmen Aristegui, y por medio de un comunicado difundido, dijo que no aceptaba su “ultimátum”.
Aristegui había pedido a la empresa la reinstalación de Daniel Lizárraga e Irving Huerta, parte de su equipo de investigación, despedidos por la empresa.
Ante el hecho, el ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, dijo inmediatamente después, en Twitter: “Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”.
La semana pasada, Aristegui llamó a los empresarios a retomar el diálogo; sin embargo, la emisora sólo le deseó suerte. Ante esa situación, la comunicadora informó que su equipo y ella seguirán su lucha por la vía legal y la calificó como de “lanzar una piedra a la Luna”.
El Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella, de acuerdo con el informe anual “Estado de censura” realizado por Artículo 19. Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el documento.
A pesar de los mecanismos que existen –y que atraviesan “su peor crisis de legitimidad”–, la impunidad y deficiencia pesaron más durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, donde los atentados contra la prensa se dispararon a 326 y, cuyos principales agresores son funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
El informe de la organización internacional dice que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, agrega, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, dice.
En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio.
ONGs ENVÍAN CARTA A CIDH
El pasado 21 de marzo, 114 organizaciones de derechos humanas enviaron una carta a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer el caso de la salida del aire del programa noticioso conducido por la periodista Carmen Aristegui.
Las organizaciones solicitaron al Relator Edison Lanza que pida informes al Gobierno de México sobre la existencia de “posibles presiones o injerencias” hacia MVS Comunicación por parte de agentes del estado para que esta empresa diera por terminada de manera unilateral la relación contractual con la periodista y para despedir de manera injustificada a todo su equipo de trabajo.
También expresan su preocupaciónsobre acciones de censura previa, la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión yla implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica.
