Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.
Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI), no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.
Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del Distrito Federal, Arturo “El Negro” Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.
Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priísta–, las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.
Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Pública. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.
Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.
Durante la pasada administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.
El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del ex futbolista argentino Rubén Omar Romano.
El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.
En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de la francesa Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.
Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.
Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la Secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal (PF) y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”.
Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.
García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.
Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.
El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.
Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comandó García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.
– Apro
