El Antimonumento colocado por víctimas de desaparición forzada en Jalisco no ha sido reinstalado pese a que cuentan con una orden judicial. A casi cuatro años de las desapariciones forzadas, las víctimas siguen sin justicia.
Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– “El Gobierno de Jalisco ha apostado por el olvido”, asegura Inés, sobreviviente de tortura y desaparición forzada durante la jornada de protestas de junio de 2020, quien junto a otras personas violentadas integra el colectivo 5 de junio Memoria.
El 4, 5 y 6 de junio de 2020 miles de personas se manifestaron en Jalisco por justicia para Giovanni López, un trabajador de la construcción víctima de detención arbitraria por policías municipales de Ixhuatlán de los Membrillos por una falta administrativa –no llevar puesto cubrebocas–, después fue torturado y asesinado.
Lo que indignó a la ciudadanía, la impunidad con la que policías de la entidad abusan de su autoridad, quedó clara durante las protestas.
Esa jornada de protestas, del 5 de junio, se caracterizó porque policías vestidos de civil y hombres con el rostro cubierto a bordo de camionetas sin logotipo ni placas detuvieron a decenas de personas en Guadalajara, a quienes también golpearon. Ellas y ellos, así como organizaciones civiles denunciaron desde entonces que se trató de desapariciones forzadas.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) documentó que, de igual forma, fueron detenidas personas que transitaban cerca de donde se realizarían las protestas sólo por ser jóvenes y, en general, por su apariencia física “porque, a la luz de las policías estatales y municipales, la manera de vestirse, su edad o su apariencia física podría pasar por el imaginario social que se tiene de cómo es una persona manifestante”, dijo en entrevista Denisse Montiel, codirectora del centro.
A casi cuatro años de estas agresiones, las y los afectados reclaman al Gobierno local su falta de voluntad no sólo para esclarecer los hechos, sino también para cumplir con la reparación del daño y, sobre todo, garantizar el derecho a la memoria, pues la exigencia más reciente que mantienen es reinstalar el antimonumento que colocaron el 5 de junio de 2023 en el centro de Guadalajara, el cual fue retirado horas después bajo el aval de la administración estatal y municipal –en ese entonces encabezada por Pablo Lemus– como confirmó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Pese a esta negativa, el colectivo se amparó y logró que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco les diera la razón al ordenar al Gobernador del estado y al Alcalde de Guadalajara –actual aspirante de Movimiento Ciudadano a gobernar la entidad– la reinstalación inmediata del antimonumento, aunque eso fue en julio pasado, autoridades siguen sin cumplir el fallo.
“Nosotros siempre hemos apostado a la memoria, obviamente del Gobierno, pero siempre hemos querido que la ciudadanía sepa lo que pasó y hemos hecho lo posible para que se vuelva a recordar, pero el Gobierno quiere que se olvide”, lamentó Monserrat, integrante de 5 de junio Memoria.
Ella recuerda que desde el primer aniversario instalaron una jardinera en la entonces glorieta de los Niños Héroes –ahora llamada de las y los desaparecidas– donde escribieron la frase “5 de junio no se olvida’, pero también fue borrada.
”Para mí eso da el mensaje de: lo borro de la memoria de la gente”, lamentó.
SIN SANCIONES NI REPARACIÓN
Inés recuerda que el día que fueron víctimas de desaparición forzada –porque la Fiscalía ocultó la información de su paradero a las familias durante horas– participaron decenas de personas, pero por estos hechos sólo avanzaron procesos contra dos policías que obtuvieron su libertad mediante un acuerdo.
“[Los policías] ni siquiera estaban imputados por los delitos más graves, que eran la desaparición forzada y la tortura, sino por otros delitos menores”, lamentó.
La impunidad resalta porque incluso el Gobernador Enrique Alfaro mencionó que ni él ni el Fiscal ordenaron la represión, por lo que grupos del crimen organizado posiblemente estarían involucrados, sobre eso señalamientos, hasta el momento no ha informado sobre los resultados de alguna investigación.
Isa recordó que días después de las agresiones el Gobierno de Enrique Alfaro llamó a las víctimas a mesas de diálogo, pero después de ello, denunció Flavio, otro integrante de 5 de junio memoria, nada cambió.
“Hemos visto que participar más bien fue una estrategia que el Gobierno utilizó para politizar y para lavarse las manos, a nosotros nos utilizaron para eso, como agua y jabón para que ellos limpiaran su imagen. Cuando ellos construyeron todo un espacio social de legitimación, tanto al interior como de imagen publicitaria, fuimos prácticamente despojados”.
En el caso de Inés, aunque solicitó la reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hasta la fecha no tiene respuesta sobre sus peticiones.
“No me han resuelto de todos los gastos que tuve a raíz de ese hecho, que fueron desde traslados, cuestiones médicas, todas las radiografías, mi hermana y yo fuimos lastimadas”, mencionó.
Por su parte, Luis recordó que aunque en 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 82/2021 dirigida a autoridades de Jalisco como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia por la violaciones a derechos, no se reconoció que se cometió tortura y desapariciones forzadas. A él, por ejemplo, ni siquiera lo entrevistaron para saber qué pasó, por ello denunció que también esa instancia les ha fallado.
“En la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ellos también mintieron porque yo soy reconocido como la víctima 79, pero todo lo que mencionan es mentira. Dicen que a mí el 4 de junio me detuvieron, me golpearon, me quitaron el celular y a mí el 4 de junio no me pasó nada, fue el día 5. Me parece muy grave porque tuvieron más de un año para investigar, nunca me hablaron, nunca se comunicaron conmigo y mienten, entonces la verdad está perdida”.
