Hay ocasiones en las que la repetición permanente de una palabra o idea hace que pierda sentido. En la medida que los dos grandes polos políticos  lo usan como “munición” para descalificarse unos a otros, se va perdiendo la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre el caso del expolicía que lideró la supuesta estrategia anti-narco de Felipe Calderón.

Para el oficialismo, el veredicto en contra de García Luna es muestra irrefutable de la corrupción que imperaba en el pasado. También demuestra que el de Calderón fue un narcogobierno que desplegó su  “Guerra contra la delincuencia organizada” para beneficiar al Cartel de Sinaloa. Del otro lado, la oposición apela a la incapacidad de este Gobierno para llevar a estos personajes clave ante la justicia doméstica. Ese “pasado” ominoso no pasa por las instituciones mexicanas, dicen.

Al parecer ambas narrativas tienen sentido y parte de razón. Aunque las intenciones detrás de estos argumentos no son las mejores, pues ambos quieren destrozar al oponente y no necesariamente resolver en términos estructurales el problema que encarna un personaje como García Luna. En suma, no quieren obtener conclusiones que conduzcan a una mejora de la seguridad, los derechos humanos y la legalidad en México.

Obviamente hay muchas más lecciones que las que aquí se expondrán. Pero es tiempo de tomar el asunto con seriedad para evitar que el escándalo se convierta en cortina de humo de unos y otros.

1.- La crisis de violaciones graves a derechos humanos en este país no es un daño colateral de una estrategia frontal de lucha contra el narcotráfico. Es el resultado central, el más doloroso y profundo de dicha estrategia que a la fecha no se ha logrado revertir. Esa “guerra” declarada por Calderón no fue otra cosa que un pretexto para militarizar más al país y reconfigurar acuerdos criminales entre gobiernos y crimen organizado. En medio quedan cientos de miles de víctimas de desaparición forzada y por particulares, asesinatos, tortura y detenciones arbitrarias. El daño inconmesurable a la vida de las personas en lo individual, es un daño también colectivo y a largo plazo que pone en entredicho la viabilidad de un proyecto social con fundamentos democráticos y de derechos humanos.

2.- Los testigos que desfilaron durante el juicio a García Luna revelaron la profunda compenetración Estado-crimen organizado. Más allá de los nombres específicos -que por supuesto deberían importar- da cuenta de una relación aceitada por déadas entre políticos de todos niveles, policías, fiscales, militares y criminales. Los protagonistas cambian, los pactos de corrupción, impunidad y silencio quedan a la largo del tiempo.

3.- La justicia mexicana ha sido incapaz de procesar a García Luna. Queda esperar que pasa con las denuncias que presentó la UIF ante la FGR. Dados los resultados de la institución de procuración de justicia en otros “macroprocesos”, apunta que no habrá grandes avances. O en todo caso, esos resultados serán parciales y bajo la racionalidad política que rige su actuación.

Ahí están los casos de Pemex, Odebretch, y la Estafa Maestra, por mencionar algunos. Un largo etcétera donde hay que sumar muchos nombres y apellidos de prominentes figuras implicadas en casos graves de corrupción, e inclusive, crimen organizado. Peor aún es el estado del arte en materia de violaciones graves a derechos humanos. La abrumadora mayoría de los máximos responsables de atrocidades cometidas en México durante los últimos 20 años no son siquiera investigados, ya no se diga procesados o sentenciados. Si acaso Mario Marín -en el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho- es una excepción que se ve empañada por  la exoneración del poderoso Kamel Nacif, empresario implicado en toda clase de redes de poder legal e ilegal.

4.- La relación medios y poder público otra vez está en el centro de la discusión. Más allá de las intencionalidades políticas del oficialismo, es urgente que el caso de García Luna derive en una discusión social seria sobre la manera como se condujeron periodistas y casas de medios durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública. Pero cuidado con acotar ese debate a un periodo o un personaje en específico. Eso sería tramposo. Hay que aplicar ese análisis riguroso para las relaciones sostenidas ayer y hoy entre la prensa y los políticos. Para ello se requiere más objetividad y menos maniqueísmo. La situación exige no seguir poniendo en riesgo el derecho a la información de la sociedad.

5.- Las víctimas que padecen las consecuencias de los malos gobiernos siguen quedando en segundo plano. Es evidente que este país tiene una enorme deuda que no será saldada con la institucionalidad en materia de seguridad y justicia que ha sido derruida durante años. Si del caso de García Luna no se detonan debates profundos sobre nuestro sistema de seguridad y justicia, precedidos de una escucha honesta y activa a las miles de víctimas de este país, quién sabe qué pueda hacerlo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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