El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla fue asesinada a manos de su pareja. Poco después de que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, se difundieron imágenes gráficas que mostraban al agresor aún ensangrentado confesando el crimen, además de fotografías del cuerpo de la joven. Por ello, se impulso la propuesta de reforma de ley para sancionar a quienes filtren este tipo de material.
Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Artículo 239 del Código Penal local, con la que ahora se tipifica como delito la difusión contenidos de investigaciones judiciales como imágenes y videos de víctimas, la cual es mejor conocida como la “Ley Ingrid“.
Con esta nueva modificación a la ley se castigará a personas del servicio público que indebidamente compartan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. La pena será de entre dos a seis años de cárcel y una multa de 500 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que, en este momento, equivaldría entre 44 mil 810 pesos hasta 89 mil 620 pesos.
El dictamen se aprobó mediante una reunión virtual con 58 votos a favor y cero abstenciones, por lo que ya fue remitido al Gobierno que preside Claudia Sheinbaum Pardo y entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Ciudad de México.
“La adición del Artículo 293 Quáter, señala que ‘se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos’, expresó el presidente de la Comisión de Administración de Justicia, el Diputado Eduardo Santillán Pérez.
📌 Piden prisión a servidores públicos que difundan imágenes o información de procedimientos penales.
Aprueban legisladoras y legisladores dictamen para adicionar el artículo 293 Quáter al Código Penal del Distrito Federal.
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 23, 2021
Santillán Pérez agregó que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información se difunde con la finalidad “de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima”.
Luego de un año en “congeladora legislativa”, el dictamen se construyó con las propuestas de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y por las diputadas Isabela Rosales Herrera, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Gabriela Quiroga Anguiano, del Partido Revolución Democrática (PRD); y Ana Patricia Báez Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN).
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen”, se lee en el comunicado del Congreso de la capital.
La modificación a la ley surgió a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja el 9 de febrero de 2020. El caso conmocionó al país debido a la saña que aplicó su pareja sentimental para asesinarla y a la cobertura mediática, muy criticada, por su crudeza.
Un video que varios medios sensacionalistas publicaron a las pocas horas y días siguientes mostraba al presunto homicida y pareja sentimental de Ingrid cuando confesaba ensangrentado y dentro de una patrulla que “enterró” el cuchillo en el cuello y descuartizó a su pareja, tirando restos por el drenaje.
#VIDEO 🎥| #TuCongresoCDMX aprobó las modificaciones al Art. 293 del Código Penal local.
El objeto de la conocida #LeyIngrid, es tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes de investigaciones vinculadas con hechos delictivos. pic.twitter.com/sp3cxSKuwi
— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 24, 2021
El crimen de Escamilla se hizo viral en México no sólo por su crueldad, sino porque además del video en el coche patrulla se filtraron fotos del cuerpo descuartizado de Escamilla, que aparecieron tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales.
El acusado, una vez cometido el crimen, llamó a su exmujer y le contó lo sucedido. Ella fue quien dio aviso a la Policía y quien recogió al hijo del asesino, un chico autista de 15 años que presenció el feminicidio.
En 2019, Escamilla presentó una denuncia por violencia de género contra su pareja, aunque finalmente la mujer no siguió con el proceso legal y el caso fue archivado.
En los últimos años en México las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres han ido en aumento, además del alto índice de impunidad que permite que agresores y asesinos sigan en las calles.
México registró en 2020 un aumento anual del 0.3 por ciento en los feminicidios, lo que significa que al menos mil 015 mujeres murieron en un asesinato tipificado por violencia machista o de género.
-Con información de EFE
