La planta forma parte de un megaproyecto energético que incluye un ducto de gas natural que atraviesa tres estados del país. Está en el centro de una controversial y añeja batalla, y ahora está generando cuestionamientos entre algunos grupos sobre los compromisos del nuevo Gobierno izquierdista con los derechos de los indígenas a decidir sobre sus tierras.
Docenas de comunidades, en su mayoría indígenas, ubicadas a lo largo de los 159 kilómetros (casi 100 millas) de ducto se han unido para combatir el proyecto, que creen los despojará de agua para sus cultivos y contaminará la tierra y el aire.
Por Alicia Fernández y Amy Guthrie
HUEXCA, México (AP).— La planta termoeléctrica se levanta sobre un puñado de casas y vacas que pastan en los maizales de Huexca, una pequeña comunidad agrícola en la región central de México, donde muchos de sus habitantes consideran que el proyecto es un monstruo dormido a punto de despertar.
Durante las pruebas a equipos en la termoeléctrica aún inactiva, los residentes aseguran que el ruido superó los 110 decibeles, lo que equivale al volumen de una turbina de avión durante el despegue y prácticamente 50 por ciento por encima de los niveles considerados tolerables para el umbral promedio de dolor del ser humano. Las personas dijeron que experimentaron jaquecas severas, los niños vomitaron y algunos de los habitantes sufrieron pérdida auditiva.
“La termoeléctrica no la queríamos, más bien nos la impusieron”, dijo Teresa Castellanos, una residente de Huexca que desde 2012 se ha manifestado en contra del proyecto gubernamental.
Huexca significa “lugar de alegría” en la lengua indígena náhuatl, pero la localidad de menos de mil habitantes se ha convertido en un sitio de discordia. Algunos quieren que la planta comience a operar. Otros la rechazan fervientemente, asegurando que destruirá su vida rural y posiblemente los obligue a abandonar la única tierra que han conocido.
La planta forma parte de un megaproyecto energético que incluye un ducto de gas natural que atraviesa tres estados del país. Está en el centro de una controversial y añeja batalla, y ahora está generando cuestionamientos entre algunos grupos sobre los compromisos del nuevo Gobierno izquierdista con los derechos de los indígenas a decidir sobre sus tierras.
Docenas de comunidades, en su mayoría indígenas, ubicadas a lo largo de los 159 kilómetros (casi 100 millas) de ducto se han unido para combatir el proyecto, que creen los despojará de agua para sus cultivos y contaminará la tierra y el aire.
Cientos de ambientalistas marcharon el viernes en la Ciudad de México para mostrar su oposición a los enormes planes de infraestructura del Gobierno. Además del megaproyecto energético, los planes incluyen un tren turístico en territorio maya y una línea ferroviaria de carga en el sur del país que los activistas aseguran da preferencia al comercio por encima de los deseos de las comunidades indígenas, además de ser un riesgo para la flora y fauna de la región.
El proyecto eléctrico ha avanzado con altibajos durante más de una década. Está prácticamente finalizado, pero los obstáculos legales y los bloqueos efectuados por habitantes del lugar han impedido que se conecten los últimos metros de ducto necesarios para el encendido de la termoeléctrica.
En la localidad de San Pedro Apatlaco, hombres de las comunidades ubicadas en el trayecto del ducto se turnan para dormir bajo lonas en las márgenes del río Cuautla para asegurarse de que no se instalen los últimos tramos de tubería. Esos ductos llevarían agua de la termoeléctrica a una planta de tratamiento de aguas. Los hombres han acampado durante más de tres años en el lugar, a un costado de las tuberías abandonadas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, quiere echar a andar el proyecto. Cancelarlo le costaría al país más de 19 mil millones de pesos (mil millones de dólares), asegura.
“Ese es dinero del presupuesto, dinero del pueblo”, dijo el mandatario la semana pasada.
La primera fase del proyecto involucró la construcción del ducto por debajo de las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, que se ubica entre la enorme área metropolitana de la capital y la ciudad de Puebla.
Los residentes se quejaron de que la construcción comenzó subrepticiamente, sin consultas populares. Les preocupa que el ducto pueda tener fugas o incluso explotar, particularmente en esta región volcánica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está de acuerdo en que el proyecto violó los derechos de los indígenas.
El año pasado, el activista Samir Flores, quien había reunido a un gran número de opositores, fue asesinado a balazos frente a su casa en la localidad de Amilcingo. Apenas unos días antes, había cuestionado las afirmaciones del Gobierno sobre el proyecto energético en un foro público.
Castellanos dijo que también ha recibido amenazas de muerte. Ha sido golpeada, afirmó, y se le ha dicho que sus hijas serán vendidas a tratantes de blancas si continúa oponiéndose a la termoeléctrica.
Dijo que las amenazas provienen de otros habitantes de Huexca a los que acusa de recibir dinero del gobierno o de fuentes privadas para generar apoyo local al proyecto.
Una elevada reja de metal con alambre de púas en la parte superior protege la modesta residencia de una habitación en la que vive Castellanos.
“Así vivo, como un pájaro enjaulado”, dijo mientras los gallos cantaban en el exterior.
Defender el medio ambiente es una tarea peligrosa en México. Según Amnistía Internacional, 12 activistas ambientales fueron asesinados en los primeros nueve meses de 2019, mientras que Global Witness _ con sede en Londres _ contó 15 homicidios de ese tipo en 2017 y 14 en 2018.
En enero, Homero Gómez González, quien defendía los santuarios de la mariposa monarca de la tala ilegal y la agricultura en el estado de Michoacán, en el occidente del país, fue localizado sin vida y con una herida en la cabeza en el fondo de un estanque.
Los investigadores rara vez establecen motivos claros o logran condenas en este tipo de casos.
En el asesinato de Flores, familiares y amigos aseguran que no creen que las autoridades mexicanas hayan realizado un verdadero intento de dar con los culpables.
“Ya un año y no tenemos ningún indicio que nos señale quienes fueron los asesinos”, dijo Liliana Velázquez, viuda de Flores y madre de sus cuatro hijos.
Velázquez, al igual que Castellanos, se opone al proyecto termoeléctrico.
“Lo que buscamos es que estos megaproyectos salgan de nuestras tierras”, comentó.
