La popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto también ha sido víctima de la violencia. Las encuestas que miden el desempeño del Gobierno federal en diferentes rubros detallan que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población y uno de los pendientes que más lastiman la imagen del Jefe del Ejecutivo Federal. El número de carpetas por homicidios doloso del pasado enero, recientemente dado a conocer, superó al registrado en los últimos tres meses de 2016. Especialistas consultados advirtieron que la violencia, además del costo humano, impacta en la economía. De manera especial en los negocios e inversiones.
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Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El incremento de la violencia marcó la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto y a la economía nacional, coinciden ciudadanos y especialistas.
“Sin duda el tema de la violencia afecta directamente la confianza y la credibilidad en el Gobierno. Si hay una razón por la cual existen los estados y el poder Ejecutivo, pues es la garantía de la paz y de la vida misma. La violencia pone en riesgo no sólo al individuo sino también sus bienes, su tranquilidad, y hasta su propia existencia”, dijo Ricardo Espinoza Toledo, investigador del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Enero pasado registró mil 938 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. Un aumento del 4.81 por ciento con relación a diciembre, y superior a la registrada en el último trimestre del 2016, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Y los ciudadanos, que viven a diario con altos niveles de violencia, consideran que esa situación es la que más impacta su calidad de vida.
Una reciente encuesta de Consulta Mitofsky de este mes expuso que desde el inicio del actual sexenio, la inseguridad ocupó el primer lugar [en cada febrero] entre los problemas más graves del país, de acuerdo con los ciudadanos. Y este año, a diferencia de los previos, fue catalogada sólo detrás de la inflación.
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Peña Nieto ostenta los niveles más bajos de popularidad de un Presidente mexicano desde que se realizan mediciones de aprobación. De acuerdo con Consulta Mitofsky sólo el 17 por ciento de la población avala su gestión, mientras el 77 por ciento no.
Sin embargo, esto pareciera no haber calado en su proyección hacia los mexicanos. El lunes 20 de febrero, el mandatario dijo que protegería al país económicamente, “con todo y los costos políticos que eso pueda tener”.
Enero inició cuesta arriba para el Gobierno federal. El aumento en los precios de la gasolina hasta en un 20 por ciento, sumado al arreció de las hostilidades del Presidente Donald Trump, han mermado la imagen presidencial.
“Muchas factores son un caldo de cultivo [para la baja popularidad de Peña]. ¡Y que todavía tenga el descaro de decirnos que gobernará así!, en vez de preguntarse qué hacer para cambiar el rumbo de las cosas. No se ve un acuerpamiento del Gabinete que anteponga a la ciudadanía a los intereses personales y partidarios”, destacó María Eugenia Suárez de Garay, doctora en Antropología Social y profesora–investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdG).
VIOLENCIA PEGA A LA ECONOMÍA
Los negocios en México no escapan de la ola de violencia. Enero dejó un saldo de 3 mil 736 carpetas de investigación por robos a negocio. Un incremento del 26 por ciento con respecto a diciembre, registraron cifras del SESNSP.
“Es un asunto que preocupa. Vale la pena mencionar que empresarios tienen que dedicar recursos a protegerse, aspectos preventivos, correctivos, pólizas de seguros, instalar equipos”, expuso Oliver Ambía López, director del Departamento del Finanzas del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.
Esta situación varía según la región de la República, expuso el profesor, de tal suerte que los pequeñas y medianas empresas no enfrentan las mismas dificultades en todo el país.
“En el Valle de México hay delegaciones con tiendas donde los dueños están enjaulados con barrotes. Tienen sólo una ventana por donde pasar el dinero y demás. Eso es normal. En otros lugares, como Guerrero y Michoacán, hay municipios donde el crimen organizado, cárteles de la droga como la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios, pedían derecho de piso”, recordó Ambía.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) en el país operan 37 células delictivas y nueve cárteles.
La última semana de enero, la casa de Encuestas Parametría apuntó que sólo el 7 por ciento de los mexicanos calificó como bueno o muy bueno el desempeño de Peña en el combate al narcotráfico, en tanto que el 74 por ciento lo catalogó de malo o muy malo.
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Sólo el 9 por ciento calificó de forma positiva la lucha contra la delincuencia que emprende Peña, en contraste con el 76 por ciento que la calificó de mala o muy mala.
Por otra parte, en el caso de Michoacán, detalló Oliver Ambía, los negocios presentan mayor vulnerabilidad según su rubro: “Extorsionaban [2013-2014] a taxis, hoteleros, productores de aguacates. Y ese tipo de gasto en seguridad eventualmente mató, en el sentido figurado de la palabra, a muchos empresarios porque los obligó a que básicamente cerraran su negocio y abandonaran todo”.
¿Pero qué pasa con empresas más grandes? En julio del año pasado, la Cámara Americana del Comercio (Amcham, por sus siglas en inglés) apuntó que el 9 por ciento de sus empresas se van del país por la suma de incidentes que afectan negocios, de acuerdo con el informe “Seguridad Empresarial en México: retos y tendencias 2015-2016”.
Vidal Romero León, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), apuntó que las grandes empresas incluyen los costos que les generará la violencia antes de invertir.
Aunque una escalada en los incidentes contra sus negocios conlleva en ocasiones replantearse su ubicación: “Evalúan sí se van a ir a Brasil, o a la India. A veces, contando el transporte, ven que hubiera costado igual que la seguridad en México. Pero lo cierto es que sí afecta”.
La violencia también impacta en los consumidores. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refirió que el gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015 tuvo un incremento de 17.7 por ciento en relación a 2014.
Entre las principales medidas de las familias se encontraron: cambiar o colocar cerraduras, candados, puertas, ventanas y colocar rejas o bardas.
La percepción de inseguridad de la población adulta se ubicó en 72.4 por ciento, de acuerdo con los resultados dados a conocer en septiembre.
“Cuando aumentan los homicidios aumenta el ahorro. Y la explicación es que la gente gasta menos y se compra un auto más barato, un reloj más barato, no salen a cenar por seguridad”, ejemplificó Romero.
Además, la falta de un marco jurídico golpea las calificaciones de riesgo que obtiene el país. En julio del año pasado, Fitch Ratings planteó una calificación soberana BBB+ para México por la violencia y corrupción como limitantes, según lo publicó en su momento la revista Forbes.
“Los calificadores de riesgo toman en cuenta la debilidad institucional que tienen los países, o los gobiernos federales. Se revisa que tengan leyes que protejan al empresario, sus derechos de propiedad intelectual, protección del empresario, ejecución de contratos, y resolución en los tribunales”, explicó Ambía.
Si bien en México hay leyes en la materia, la ejecución de las mismas no ha protegido a los empresarios al momento de ser víctimas de la violencia.
“Cuando vienen las compañías y denuncian robos y demás, pueden tomar incluso años el trámite, y no se resuelve de manera expresa. No es posible que alguien que robó un negocio, a las dos semanas esté libre. Eso ciertamente no ayuda a México”, añadió.
