Ayer, integrantes de una organización social se concentraron frente a la residencia del Presidente argentino Javier Milei en reclamo de más ayuda estatal; tenían previsto pernoctar allí para sumarse a la huelga convocada por sindicatos y fuerzas políticas en contra del ajuste económico y las reformas que impulsa el Gobierno.
Por Almudena Calatrava
BUENOS AIRES (AP).— A poco más de un mes de su llegada a la Presidencia de Argentina, el ultraliberal Javier Milei enfrentaba el miércoles la primera huelga general encabezada por la mayor central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales propuestas por el Gobierno que limitan el poder de los gremios.
El paro incluye una movilización de la que también participan organizaciones sociales y partidos políticos opositores que desafían las políticas de ajuste impulsadas por el mandatario, un economista de ultraderecha que asumió el poder el 10 de diciembre.
La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con la adhesión de otras centrales sindicales que rechazan un decreto presidencial con modificaciones a la legislación laboral que reducen beneficios para los sindicatos y trabajadores, así como un amplio proyecto de ley oficialista que incluye reformas en los ámbitos político, social, fiscal y administrativo, y una reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.
Hacia el mediodía el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad.
El transporte público funcionará hasta las 19 (22:00 GMT) para facilitar la movilidad de los manifestantes que se congregaban frente al Congreso. Columnas de integrantes de sindicatos, el peronismo y fuerzas políticas de izquierda comenzaban a llenar la plaza ubicada frente al edificio legislativo.
Miguel Parra, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, dijo a The Associated Press que el decreto presidencial y el proyecto de ley que es analizado en la Cámara de Diputados “muestran claramente los objetivos del nuevo Gobierno, que plantea una desregulación absoluta de la economía y un ajustazo en contra de los trabajadores y trabajadoras, y a favor de los que han escrito los artículos de la ley, que son los grandes grupos” económicos.
La docente Karina Villagra dijo por su parte que sería una “locura” no participar en la protesta y se lamentó de que no hubiera más personas movilizándose.
“Si se aprueba la ley vamos a perder más derechos los que trabajamos… la militancia debe estar más fuerte que nunca. Hay cosas que la gente no se enteró qué va a pasar con los artículos que tienen que ver con el trabajo y con la democracia”, sostuvo Villagra.
El proyecto, que busca la privatización de empresas estatales y el incremento de impuestos a las exportaciones de ciertos sectores, encara un futuro incierto, ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica en ambas cámaras legislativas.
Milei, que fue elegido en el balotaje de noviembre con 56 por ciento de apoyo, afronta esta huelga con 55.9 por ciento de valoración positiva y 36.6 por ciento negativa, según un sondeo de la consultora CB Consultora Opinión publicada en la prensa. El estudio incluyó entrevistas a mil 347 personas realizadas entre el 10 y el 13 de enero y tiene un margen de error de 2.5 puntos porcentuales.
Otro sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señaló en tanto que el mandatario tiene 52 por ciento de imagen positiva—respecto del 61 por ciento con que contaba el día que asumió— y 43 por ciento de negativa. El estudio incluyó mil 253 casos.
Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17 mil pasajeros.
El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que la huelga supondrá “una perdida de 2.5 millones de dólares que pagaremos todos los argentinos”.
Los bancos, la administración pública, las gasolineras, el personal de salud y la recolección de residuos funcionarán de forma limitada.
La CGT anunció el paro el 28 de diciembre, la primera vez que lo hizo contra un Gobierno que llevaba menos de un mes en el poder desde el retorno de la democracia en 1983. Por otro lado, esta es la primera huelga en más de cuatro años del sindicalismo, que durante del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no llevó a cabo una medida similar.
El Gobierno de Milei lo considera un paro político y acusa a sus organizadores de ser unos “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza.
Adorni señaló que “no se puede dialogar con gente que intenta parar el país y (el paro) muestra un costado bastante antidemocrático”.
El decreto que es blanco de las críticas incluye la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado.
En materia laboral, restringe el derecho a la huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte, y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
A su vez habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a los prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de los de los sindicatos, lo cual afecta una importante caja de recursos de los gremios.
Todas las iniciativas oficialistas —que en gran parte son apoyadas por sectores empresariales— buscan, según ha aseverado el mandatario, combatir la inflación de 211 por ciento anual y reducir así la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de la población, y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.
Si bien es el primer paro contra el Gobierno de Milei, la movilización callejera será la tercera gran protesta desde que el economista de ultraderecha asumió el 10 de diciembre.
El Gobierno ha advertido que, como en las ocasiones anteriores, el miércoles volverá a aplicar el protocolo de seguridad que prohíbe los cortes de calles.
