De esta forma, sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General; tres también están acusados de delincuencia organizada, ya que presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Los ocho militares, adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, y acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, salieron esta madrugada de la prisión del Campo Militar Número 1, para continuar en libertad provisional su proceso penal.
De acuerdo con la defensa de los procesados, los militares salieron del centro de reclusión, alrededor de las 3:00 horas de este miércoles, por la puerta 3 del Campo Militar, la cual conecta con la avenida Conscripto, luego de cumplir con todos los requisitos preestablecidos.
Los ocho militares, adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
Los requisitos para llevar el proceso en libertad fueron los siguientes: la exhibición de un garantía económica de 50 mil pesos, la entrega del pasaporte original como seguro de que no saldrán del país, y presentarse los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito para la firma del libro de procesados.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el fallo de la Jueza que cambió la medida cautelar de prisión preventiva para los ocho militares, y acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sólo quiere desprestigiar al Ejército y al Ejecutivo.
Desde Palacio Nacional, López Obrador lamentó que el Poder Judicial “proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.
Asimismo, reveló que le envió una carta a Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para advertirle sobre el caso de estos ocho militares, y por una posible liberación del exprocurador Jesus Murillo Karam.
“Se le envió una carta a la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la Secretaria de Gobernación [Luisa María Alcalde Luján] que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: ‘Libérenlos’. Fue hace como 15 días porque lo veíamos venir, igual que la liberación del Procurador [Jesús Murillo Karam]”, compartió.
“Como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la presidenta de la Suprema Corte ‘cuidado con esto’, no sé en qué términos envió el oficio, y ‘sabadazo’, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia, con ese propósito: seguir culpando al Ejército y cuestionándonos, de que no hacemos nada”, agregó.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Por ello, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compartió minutos después la carta que envió el mandatario a la Ministra presidenta el pasado 12 de diciembre sobre la posible liberación de los ocho militares, que ahora llevarán su proceso en libertad.
“Resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Ademas, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”, se lee en el documento.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizara los derechos humanos de las víctimas, y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”, agrega.
FGR NO IMPUGNÓ FALLO PARA LIBERAR A MILITARES: CJF
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusó el pasado lunes 22 de enero a la Fiscalía General de la República (FGR) por no impugnar el fallo judicial que derivó en el cambio de la medida cautelar para ocho militares ligados al caso Ayotzinapa, luego de que una Jueza federal revocara la prisión preventiva a los señalados por la desaparición de los 43 estudiantes, y después de que se les permitiera seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza.
La CJF explicó que un juzgado determinó la prisión preventiva oficiosa, ya que se ponderó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado mexicano por la inconvencionalidad del Artículo 19 constitucional; sin embargo, “únicamente los militares” interpusieron un recurso de revisión, “no así la Fiscalía”.
Nota informativa sobre el Caso Ayotzinapa
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— CJF (@CJF_Mx) January 23, 2024
“Únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, cuyas personas integrantes en sesión de 30 de noviembre de 2023, resolvieron modificar la resolución del juzgado de amparo”, expresó la CJF.
“En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, la persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”, precisó.
Asimismo, refirió que aunque los militares no cuentan con la prisión preventiva, tienen las siguientes medidas cautelares: la presentación quincenal ante el juzgado; la exhibición de un garantía económica de 50 mil pesos; la prohibición de salir del país, pues entregaron su pasaporte original; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y al estado de Guerrero; y no convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos protegidos.
MÁS LEJOS DE LA JUSTICIA
El pasado sábado 20 de enero, una Jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, acusados de la desaparición de 43 estudiantes.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó el sábado a The Associated Press que la audiencia en que se tomó la decisión tuvo lugar la víspera y los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena [Secretaria de la Defensa Nacional]”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General, cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército; tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada, ya que presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque, sino en la posterior obstrucción a la justicia. El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.
-Con información de AP
