Los redactores de la Constitución estadounidense incorporaron originalmente, a los siete artículos principales, lo que se conoce como el Bill of Rights. Se trata de las diez primeras enmiendas al texto constitucional que aprobaron los delegados en la Convención de Filadelfia en 1787. La segunda de ellas se refiere a la libertad que debe tener todo ciudadano de poseer armas. Cuando se promulgó, el espíritu de la enmienda se refería, sobre todo, al derecho de los ciudadanos para levantarse en armas contra un gobierno evidentemente tiránico.

Con el paso del tiempo, y sobre todo a últimas fechas, se empezó a interpretar la segunda enmienda más como una prerrogativa ciudadana para defenderse en contra del crimen. Grupos de interés, como la Asociación Nacional del Rifle, han sido muy exitosos en su intento de influir en el Congreso y en las Cortes para que Estados Unidos sea hoy una de las naciones con una de las políticas más laxas de portación de armas.

Los críticos de esta posición señalan que la facilidad con que en Estados se pueden conseguir todo tipo de armas ha llevado a una situación en la que, con gran frecuencia, ocurren asesinatos en masa en escuelas y localidades públicas. Este es un debate central en la escena pública de nuestro vecino del norte. En cómo se resuelva en los próximos años dependerá el destino de Estados Unidos en el largo plazo.

Al parecer, este asunto de carácter meramente doméstico hasta ahora, se ha internacionalizado. En efecto, de acuerdo con una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito podrá proceder la demanda del gobierno de México contra seis manufacturadores de armas. Es la primera vez que una Corte federal de apelaciones sentencia en favor de un gobierno extranjero contra esta industria. De esta manera, el caso México vs Smith and Wesson et al, pone presión sobre el influyente lobby de armas en Estados Unidos y coloca la situación en un nuevo paradigma donde México es ya uno de los actores en disputa.

De cualquier manera, la cuestión muy probablemente llegará a la Suprema Corte de Justicia donde su sentencia resolverá la cuestión legal de una vez por todas. Dado que Trump nombró a tres jueces conservadores en la Suprema Corte, la decisión será de pronóstico reservado.

Pero en lo que esto se resuelve, hay que decir que indudablemente los abogados contratados por el gobierno mexicano para llevar el caso han hecho, hasta ahora, un buen trabajo.

Ellos tienen razón en que el tráfico de armas que proviene de Estados Unidos a México tiene una estrecha relación con el incremento de la inseguridad en nuestro país. Si la decisión última de la Suprema Corte tuviera como consecuencia que el nivel de armas que ingresan a nuestro país disminuya, sería uno de los grandes logros de este gobierno que, por otro lado, carece de ellos. Esperemos que ese sea el caso, por el bien de todos.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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