Las detenciones realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas son legales siempre y cuando se realicen conforme a la Ley, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló las detenciones realizadas por militares a presuntos criminales sin necesidad de informar a la policía y llamó al Congreso de la Unión a legislar para establecer protocolos de actuación ante posibles hackeos o vulneraciones del Registro Nacional de Detenciones.
La SCJN determinó que los soldados pueden realizar un arresto sin informar a la policía, siempre que eventualmente registren la detención en un sistema de cómputo empleado por las agencias civiles.
Se trata de un tema delicado, debido a que se supone que la participación de las fuerzas armadas de México en la seguridad pública es únicamente en apoyo de la policía. Las Fuerzas Armadas han sido acusadas frecuentemente de violaciones a los derechos humanos. Pero la policía no puede enfrentar sin ayuda a los cárteles del narcotráfico, que suelen contar con buen armamento.
La decisión de la Corte se dio como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la acción de inconstitucionalidad 63/2019 en la que demandaba la invalidez de los artículos 19 y quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2019.
El Pleno de la Corte analizó la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
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— Suprema Corte (@SCJN) January 24, 2023
La SCJN determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de ejercicio obligatorio, al no prever en la Ley Nacional del Registro de Detenciones las acciones que el personal de dicho Registro deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de 2019.
En consecuencia, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión legislar dentro de los dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, a fin de subsanar dicha omisión.
Por otra parte, el Pleno validó los artículos 19 de la ley y el quinto transitorio del decreto por el que se expidió dicho ordenamiento.
El citado artículo 19 prevé que, cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso inmediatamente de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente.
El artículo quinto transitorio dispone, entre otros aspectos, que las Fuerza Armadas permanentes que realicen tareas de seguridad pública estarán sujetas a lo dispuesto en esa Ley, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 19 del mismo ordenamiento.
Al respecto, la SCJN realizó una interpretación de dichos artículos en el sentido de que:
1. La Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta al contenido de la Ley del Registro.
2. Dicha sujeción a la Ley pretende prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, por lo que, si bien la Fuerza Armada permanente no está obligada a dar aviso de la detención a una autoridad policial para que ésta genere el registro, ello no implica que éste no se lleve a cabo, pues dicha Fuerza Armada permanente es la que debe efectuarlo de manera directa e inmediata, por lo cual, deberá disponer de cuentas de acceso a la base de datos.
