El alza de precios ha desatado protestas de sectores productivos, sindicatos y organizaciones políticas y ha obligado a los gobiernos a actualizar los salarios, subsidiar la energía e incrementar las ayudas para apaciguar el descontento social.
Por Almudena Calatrava
BUENOS AIRES (AP). — La mexicana Elena Alcántara no compra más ropa y dejó de ir a restaurantes. El chileno Pedro Serrano reemplazó la carne vacuna por el pescado enlatado, que es más barato, y en Uruguay María Fulquere recurre a las ollas populares para poder comer.
Son los efectos de la inflación que a excepción de Venezuela y Argentina -que han lidiado con este problema durante largos años- reapareció con fuerza en América Latina y el Caribe luego de una etapa de relativa estabilidad.
Alcántara, de 32 años, afirmó a The Associated Press días atrás en un mercado de la Ciudad de México que este año prescindió de algunos gustos como salir a comer afuera y su familia aprendió “a comprar lo esencial” para que rinda su salario de 258 dólares mensuales en una guardería infantil.
Así, redujo de tres a una vez por semana las compras de carne para sus padres y su pareja y ella misma prepara las tortillas de maíz.
Serrano, de 43 años y con dos hijos, dijo que “es muy brutal la inflación” y explicó que los chilenos se ajustan el cinturón “ya sea comiendo menos carne, ya sea teniendo muy en cuenta los viajes en auto para no gastar bencina (gasolina)”.
Este empleado de un local comercial señaló que acude menos al supermercado porque en las ferias barriales de verduras “uno puede encontrar oportunidades” para lidiar con la disparada de precios.
En el último año la guerra de Ucrania y Rusia disparó el precio de los combustibles y alimentos, profundizando el alza en el costo de vida que había comenzado durante la pandemia de COVID-19 por las restricciones que afectaron la producción e impactaron en la oferta de bienes.
México registró en agosto una inflación anual de 8.7 por ciento, la mayor en más de dos décadas, mientras Chile cerró 2021 con un índice de 7.2 por ciento -el más alto en 14 años-, que no cedió hasta llegar al 13.3 por ciento interanual en noviembre último.
El alza de precios ha desatado protestas de sectores productivos, sindicatos y organizaciones políticas y ha obligado a los gobiernos a actualizar los salarios, subsidiar la energía e incrementar las ayudas para apaciguar el descontento social.
En junio en Ecuador se produjo un levantamiento indígena que paralizó al país en demanda de la reducción del precio de la gasolina, mientras que Argentina es escenario de constantes protestas de organizaciones que agrupan a desempleados y trabajadores del sector informal, cuyos magros ingresos no paran de licuarse.
En Uruguay la suba de precios ha obligado a los más humildes a recurrir a ollas populares organizadas por las autoridades y los vecinos.
Fulquere, de 65 años, hacía fila días atrás junto a una veintena de personas en La Teja, una zona de Montevideo con viviendas de techos de chapa. Allí una mujer reparte guisos y verduras a unas 200 personas por día.
La mujer, que vive con sus tres hijas y dos nietas, dijo sentir el peso del alza de precios “en las cosas básicas: la leche o el pan, los fideos, el aceite está carísimo”. Fulquere cobra una pensión mínima de 400 dólares al mes, cuatro veces menor al valor de la canasta básica para cuatro personas. “La olla ayuda”, sostuvo.
Según el Fondo Monetario Internacional la región finalizaría este año con un alza en el índice de precios al consumidor de 14,6% respecto de 2021.
Los que sufrirían más son Venezuela, con 220 por ciento; seguido por Argentina, con 95 por ciento, países donde esta distorsión se ha convertido en la regla desde hace mucho tiempo.
Siguen Chile, con 12.2 por ciento; Colombia, con 11 por ciento; Uruguay, con 8.9 por ciento; México, con 8.5 por ciento; Perú, con 6.8 por ciento; Brasil, con 6 por ciento; Bolivia, con 4.2 por ciento, y Ecuador, con 3.8 por ciento, acotó el informe “Perspectivas Económicas para las Américas: Navegando condiciones financieras más restrictivas”, publicado por el FMI en noviembre.
Varios países -como Brasil- han logrado en los últimos meses desacelerar los precios con políticas como la suba de las tasas de interés y, según el Fondo, en 2023 se espera que la inflación disminuya en la región hasta alcanzar 9.5 por ciento, una tasa todavía elevada.
Las presiones inflacionarias obedecen a las restricciones durante la pandemia, la adopción de políticas fiscales expansivas y el efecto que la guerra ha tenido desde marzo en los precios de la energía y los alimentos.
El Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros indicó que en América Latina -con excepción de Argentina y Venezuela- la inflación comenzó a acelerarse a mitad de 2021 al mismo tiempo que en Estados Unidos.
El incremento del precio de los alimentos está golpeando a los hogares más pobres e incrementando el hambre, alertaron en un informe conjunto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos.
A su vez, la fuerte suba de los fertilizantes incidiría en un peor rendimiento de las cosechas.
Y como los salarios no se actualizan según la inflación, este año 1.8 millones de personas ingresarían a la pobreza extrema hasta sumar un total de 81.8 millones en toda la región.
En varios países latinoamericanos se encendieron las alarmas y se aplicaron medidas para abaratar los alimentos. México, donde su valor subió por encima del 14 por ciento este año, impulsa un plan de siembra para avanzar en el autoabastecimiento de productos clave como el maíz o el frijol mediante ayudas directas y asesoramiento técnico a los agricultores. Además, suspendió por un año los aranceles de importación de 21 alimentos.
Colombia subsidiará los insumos agropecuarios que se utilicen para producir alimentos y El Salvador ordenó la exoneración de impuestos a productos importados como el aceite, el arroz y el azúcar al tiempo que subsidia los combustibles.
Otros países han recurrido a los controles de precios. El Gobierno del Presidente argentino Alberto Fernández lo hace con cientos de artículos de la canasta básica y el del mexicano Andrés Manuel López Obrador con más de 20.
La CEPAL y Naciones Unidas han instado a los gobiernos a reactivar la asistencia estatal con programas de alimentación que se establecieron en escuelas y comedores populares durante la pandemia.
En Venezuela, que experimenta un alza sostenida de precios impulsada por la devaluación de su moneda después de varios meses de estabilidad, más de siete millones de personas dependen de uno de los programas de asistencia alimentaria del gobierno.
Cuba tiene uno de los escenarios más complejos, ya que atraviesa al mismo tiempo un alza del costo de vida y un fuerte desabastecimiento de productos básicos. La inflación en la isla fue de 77.3 por ciento el año pasado.
En la región destaca el fenómeno de Bolivia, cuya baja tasa de inflación -en comparación con las de sus vecinos- obedece en parte a los subsidios al precio de los carburantes y al cambio fijo del dólar respecto del peso boliviano. La contracara ha sido una pérdida de las reservas internacionales y un mayor endeudamiento.
Según cálculos del gobierno y el FMI, se prevé que ese país cierre 2022 con una inflación de entre 3.2 por ciento y 4.2 por ciento.
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Los periodistas de AP Eva Vergara y Patricia Luna, desde Chile; Guillermo Garat, desde Uruguay; María Verza y Fabiola Sánchez, desde México; Jorge Rueda, desde Venezuela; Astrid Suárez, desde Colombia; Andrea Rodríguez, desde Cuba; Carlos Valdez, desde Bolivia; Marcos Alemán, desde El Salvador; Gonzalo Solano, desde Ecuador y Gisela Salomon, desde Miami, participaron en esta nota.
