20 de diciembre, el último día del periodo ordinario del Congreso del estado, se ha presentado un dictamen para reformar profundamente la ley de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones del estado de Chihuahua, que a pesar del profundo desconocimiento, del contenido de las reformas dictaminadas, se sometió a la discusión y aprobación en el pleno del Congreso por 21 de 32 votos, una mayoría ciega y sorda. 

Este es un momento crítico para la credibilidad en la honestidad de las acciones de Gobierno, se han presentado varios convenios y contratos de servicios, que arrojan una sombra de duda, de posible corrupción en la celebración de los mismos, veamos:

Se celebró un contrato de compra venta con el terrateniente Tito Lara, mediante el cual, el Gobierno le vendió un terreno industrial de 16 hectáreas con servicios a la mano en 20 pesos el metro cuadrado.

Se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa Seguritech para que administre una plataforma de información, inteligencia y vigilancia por cinco años, pagándole como contraprestación, cuatro mil millones de pesos. De los cuales, el Congreso autorizó un adelanto de casi mil millones de pesos este 2023. 

Se celebró un contrato de servicios profesionales por 14 millones de pesos con Ernesto Córdoba para que asesore a la administración en la formulación del paquete económico, y lo que se entregó al Congreso fue el mismo paquete del año pasado, con una serie de correcciones de redacción y ortografía. 

Se celebró un contrato de prestación de servicios por 34 millones de pesos entre la Presidencia Municipal y el Gobierno del estado con los Sres. Espino y Elias para exhibir la  obra teatro-musical “La Golondrina y su príncipe” con actores locales a los que se les hicieron pagos menores. Y una escenografía que en opinión de expertos no llegó a siete millones de pesos.

Todo se ha hecho mediante contactos firmados con particulares sin previa autorización del Congreso y sin supervisión de la auditoría superior del estado, incluso el con trato más costoso, es totalmente desconocido y se mantiene en secreto, argumentando que atiende un problema de seguridad pública y que ésta se pondría en riesgo si se conoce el contenido del contrato. 

En la discusión de la ley, la Diputada de Morena Leticia Ortega expuso razones indiscutibles que no fueron ni siquiera contestadas, ella señaló que la amplia propuesta de reforma legal” fue analizada y discutida solamente durante la sesión del 16 de diciembre por la Comisión de Obras, Servicios Públicos… pues se había presentado y turnado apenas el día 14. “Y se llevó a votación del pleno 4 días después dos de los cuales fueron inhábiles”. 

Tampoco “se realizó ninguna mesa técnica” para escuchar a los expertos, a la auditoría Superior del Estado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.  Y así “ la Comisión la votó el 19” y un día después la vota el pleno.

Y la mayoría PAN-PRI+ MC aprobó barbaridades, por ejemplo, continúa la Diputada Ortega: “El artículo 9 pretende establecer que se puedan realizar contratos en el extranjero para adquirir o arrendar bienes que serán usados en el estado, cuando sea más conveniente desde el punto de vista técnico o económico”.

En pocas palabras se abre al mercado mundial sin requisitos de necesidad o emergencia, así el estado de Chihuahua podrá comprar todo lo que sea más conveniente, donde sea. A contra-pelo la federación si contempla múltiples requisitos. 

También ”la iniciativa propone exceptuar del registro en el Padrón de Proveedores todas las contrataciones que tengan un valor inferior a seiscientas veinte veces el UMA diario”.

Así cualquier compra menor a 60 mil pesos se puede hacer en cualquier comercio callejero, siempre que expida factura. Y con muchas compras de 60 mil, se burlan los requisitos de buenas prácticas del proveedor. 

1. “El artículo 73, fracción XII abre la puerta para que cualquier evento, sean ferias, festivales, eventos deportivos, educativos y culturales, puedan ser adjudicados de manera directa sin someterse a licitación”.

Así después de un cuestionable contrato para “La Golondrina y su príncipe” ahora le dan manos libres a cualquier evento, cueste lo que cueste, que al fin el dinero no es de su bolsillo. 

Asimismo, “en el artículo 71 se pretende establecer que los entes públicos, a través de su Comité, puedan cancelar una licitación incluso hasta antes de la firma del contrato”.

Eso abre una ventana de oportunidad a funcionarios corruptos para presionar a cualquier proveedor que haya ganado una licitación.

Igualmente “se pueden hacer compromisos sin licitación con proveedores registrados hasta por 400 mil pesos”.

Las citas entre comillas son Leticia Ortega, los comentarios míos. 

Pero la aprobación de la ley de adquisiciones no viene sola, viene acompañada del nombramiento del Fiscal Anticorrupción Lic. Leobardo Valenzuela, un militante incondicional del PAN y de quien gobierne por ese partido sin ninguna experiencia de investigación penal. Y la persecución en contra del Fiscal que íntegro las carpetas contra César Duarte. 

Todo eso sucede en los últimos tres meses, de 2022, así que en Chihuahua, hemos recibido el mensaje: El legendario Año de Hidalgo, que tocaba para el 2027, se ha adelantado para el 2023, y todavía nos desean FELIZ AÑO NUEVO. 

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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