El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) no posponer la consulta sobre la revocación de su mandato.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente e informó que acatará la decisión en sus términos.
“El INE acata la resolución de la SCJN y se mantendrá atento a que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal. Como siempre, el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía”, dijo Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE.
“No obstante, el Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto”, detalló el INE en un comunicado.
La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de revocación de mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales, agregó.
“Así como el señalamiento del artículo 41 que determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley”, detalló.
El INE dijo que estos mandatos de ley suponen una inversión de 3 mil 830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara el ejercicio de revocación de mandato; “sin embargo, la Cámara de Diputados realizó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana”.
Hasta el momento, el INE cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la revocación de mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades, pues señala que del acuerdo tomado por este órgano “se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”.
En ese sentido, para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto, dijo el INE.
“Cabe señalar que hasta el momento el proceso de verificación y validación de firmas que son necesarias para cumplir el requisito constitucional del respaldo del 3 por ciento de personas inscritas en la Lista Nominal que detone el ejercicio de participación directa sigue en curso y nunca fue suspendido, por lo que se continúa con la revisión de las firmas en papel que el INE recibió durante los últimos días en más de mil 400 cajas, las cuales se habrán de sumar a 1 millón 44 mil 630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias para que abonen al cumplimiento del requisito”, añadió.
“Una vez concluida esta etapa, la Dirección del Registro Federal de Electores entregará los resultados de la revisión y validación de cada una de los apoyos de la ciudadanía para que el Secretario Ejecutivo presente al Consejo General el informe final sobre el cumplimiento del requisito constitucional a más tardar el 4 de febrero de 2022”, detalló.
