El salario bruto mensual de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, asciende a un máximo de 579.4 mil pesos. Esto es superior a los ingresos brutos de sus homólogos ingleses, canadienses, estadounidenses, alemanes, españoles, colombianos, brasileños y argentinos, por ejemplo. Entre 2010 y 2018, el incremento salarial anual para los magistrados fue, como mínimo, 1 mil 265 veces mayor al incremento del salario mínimo.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- El salario de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es uno de los más altos del mundo. Sólo en los últimos ocho años, sus ingresos netos aumentaron en 5 mil 219 pesos anuales, en promedio.
En el máximo tribunal de justicia en México hay dos tipos de salario para los magistrados.
Uno corresponde a los jueces que comenzaron a ejercer funciones antes de la reforma (2009) al Artículo 127 constitucional (porque la Ley no es retroactiva); y otro a quienes lo hicieron posterior a ella.
A partir de la reforma y desde hace 10 años, “ningún servidor público podrá recibir remuneración […] por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República” –193.5 mil pesos brutos mensuales, según el Presupuesto de Egresos (PEF) 2019– salvo por algunos magistrados.
Los cuatro jueces con mayores salarios (579.4 mil pesos brutos mensuales) ganan menos que sus homólogos de Australia (718) y Suiza (631), pero más que los de Inglaterra (543), Canadá (517), Estados Unidos (457), Alemania (324), España (252.2), Colombia (205), Brasil (194) y Argentina (106.4 mil pesos brutos mensuales), de acuerdo con los datos oficiales de cada nación.
Este salario, que le correspondería a los magistrados Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos, aumentó en 1.61 por ciento anual entre 2010 y 2018. El incremento, en términos monetarios, fue equiparable a 5 mil 552.41 pesos por año.
En cambio, el salario de los siete magistrados restantes (371 mil pesos brutos mensuales) aumentó a un promedio anual de 2.35 por ciento. Esto es, un alza de 4 mil 884.77 pesos por año.
Aunque los ingresos brutos de estos siete jueces son 56.2 por ciento inferiores a los de Zaldívar, Franco, Aguilar y Luna, aún son superiores a los de sus homólogos de Alemania, España, Colombia, Brasil y Argentina, por ejemplo.
Inclusive, si tomamos los datos de los tabuladores salariales de la SCJN, tendríamos que los magistrados mexicanos que más ganan (269.2 mil pesos netos mensuales) tienen ingresos superiores al monto bruto percibido por los magistrados españoles, colombianos, brasileños y argentinos.
En el caso de los magistrados que cotizan según lo establecido en la Constitución, a partir de 2009, su salario (159.3 mil pesos netos mensuales) es dos veces mayor al ingreso bruto (con prestaciones) de los jueces argentinos y 32 por ciento menor al de los brasileños.
Comparado con el incremento salarial de los magistrados mexicanos, los ingresos de la ciudadanía en general son nimios.
Entre 2010 y 2018, el salario mínimo en México aumentó a una tasa anual de 6.74 por ciento (o a un ritmo de 3.86 pesos por año). Aunque el porcentaje de crecimiento del salario mínimo fue superior al incremento salarial de los magistrados (1.61 y 2.35 por ciento), en términos monetarios, el aumento salarial de los integrantes de la SCJN fue 1 mil 438 y 1 mil 265 veces mayor al incremento del salario mínimo.
A la par que los magistrados luchan por mantener su salario –a principios de diciembre recularon las enmiendas a las disposiciones reglamentarias de los artículos 75 y 127 constitucionales, establecidas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos– la mayor parte de la población económicamente activa ocupada con ingresos (42.8 millones de personas) padece la pérdida de su capacidad de poder adquisitivo.
“México es un país de contradicciones”, donde a pesar de que la “población es de las que más horas trabaja al día […], es de las que menos salario percibe” a nivel mundial, aseguró la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján, durante la presentación de la Nueva Política de Salarios Mínimos del pasado 17 de diciembre.
Según la funcionaria, a partir de 1976 el salario mínimo siguió “una pauta descendiente hasta perder más del 70 por ciento de su poder adquisitivo al día de hoy”. En consecuencia, añadió, “el reto durante el presente sexenio es pasar de un salario mínimo a un salario digno que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas”.
Tan sólo en 2019, dijo Alcalde Luján, habrá un aumento de 16.21 por ciento en el salario mínimo nacional (hasta 102.68 pesos diarios). Asimismo, será duplicado el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte del país (hasta 176.72 pesos diarios).
LA CONTROVERSIA
En la Administración Pública Federal existe “un manejo discrecional” de los criterios que determinan la base salarial de los cargos públicos, concluye el estudio “Análisis de puestos y sueldos de personal de mando en la Administración Pública Federal 2018”, realizado por el profesor Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según su análisis de las estructuras organizacionales de las instituciones de Estado, Sánchez recomienda una revisión y redistribución de las estructuras orgánica y de remuneraciones en el sector público, con mecanismos “de evaluaciones del desempeño objetivas y un servicio civil de carrera funcional, para evitar la asignación de sueldos que no correspondan a las realidades y necesidades de la institución ni del servicio público”.
De acuerdo con la normatividad actual, en México no debería de haber funcionarios públicos que ganen más de 108 mil pesos mensuales netos, que es el límite de “remuneración líquida” que puede percibir el primer mandatario mexicano, salvo en los casos excepcionales establecidos en el Artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Tales excepciones, aplican para servidores públicos que desempeñen varios puestos de trabajo, que tengan ingresos establecidos según un contrato colectivo, que sean técnicos calificados o que tengan un trabajo de alta especialización.
No obstante, el Artículo 6 establece que en toda excepción, la suma de las retribuciones no debe exceder “la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Esto es, 162 mil pesos mensuales netos (líquidos) o 290 mil brutos por mes.
Si los magistrados ganan el máximo establecido en sus tabuladores –269.2 y 159.3, según sea el caso– la Ley se cumpliría, ya sea por no rebasar el tope legal, o bien, por la irretroactividad establecida en la base III del Artículo 6.
Pero si ganaran el tope establecido en el PEF 2019, salvo en los casos de Zaldívar, Franco, Aguilar y Luna, el ingreso mensual del resto de los magistrados (255.5 netos o 371 brutos) entraría en controversia legal con las disposiciones constitucionales y de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
