Faltan once meses para el final de la administración, sin embargo, podemos ir adelantando algunos cortes de caja. En las próximas semanas y meses intentaré escribir análisis generales de algunas áreas del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El objetivo es claro: señalar las fallas, reconocer los aciertos y advertir áreas de mejora. En otras palabras, identificar si hubo o no transformación.

Empezaré esta serie de columnas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que urgía ser reformada. De principio a fin. Desde su creación y durante décadas, la CNDH ha sido utilizada como instrumento político del Presidente en turno. Con el nuevo Gobierno, muchos —me incluyo— pensamos que esto cambiaría. No fue así. El trayecto de la CNDH durante los últimos cuatro años ha sido —seré prudente— decepcionante.

Lo que mal empieza, mal acaba, dice el refrán. Así fue el recorrido de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Su designación como presidenta fue desde el inicio un incordio señalado por gritos de fraude desde las bancadas opositoras. Estas acusaciones señalaban, con razón, que Piedra Ibarra estaba inhabilitada para asumir la posición por haber sido militante de Morena poco antes de asumir el puesto. A esto se sumó la sombra de dos votos que no fueron contabilizados en su elección. Sin esos votos, Piedra Ibarra no habría logrado la mayoría calificada requerida del Senado. En aquella sesión, escribió un columnista nacional, “la aritmética se topó con el misterio y la relatividad”. La profecía estaba escrita: la CNDH funcionaría como apéndice del Gobierno. Otra vez. Las pruebas están frente a nosotros. Sin venir a cuento, en octubre de 2022, la CNDH se pronunció en favor de la Reforma Electoral de López Obrador y exhortó a los legisladores federales a eliminar los “privilegios” del Instituto Nacional Electoral (INE). Su opinión no era relevante en la materia. Sí lo era, en cambio, sobre la decisión presidencial de incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Frente a ello, la CNDH tenía la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. No lo hizo.

La CNDH ha sido obsequiosa con el Ejército. El 7 de diciembre de 2022, ante el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra defendió la estrategia de seguridad del Gobierno y señaló, contra toda evidencia, que las violaciones a los derechos humanos “se estaban reduciendo”. Meses después, en marzo de 2023, se negó a indagar sobre la posible responsabilidad de mandos castrenses de los que dependían los militares acusados del fusilamiento de cinco muchachos en Nuevo Laredo. De igual manera, Piedra Ibarra y su equipo han hecho mutis frente a las acciones del Ejército contra los migrantes. Tampoco se pronunció frente a la acusación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que denunció que el Ejército no entregó la documentación necesaria para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. En cambio, otra vez sin venir a cuento, en septiembre del 2023, siguiendo la crítica presidencial, la CNDH atacó al GIEI señalando que su “inacción abona a la incertidumbre y revictimiza a las víctimas”. Si no fuera cruel, parecería broma: a nueve años de la tragedia de Ayotzinapa, la CNDH atacaba al GIEI, pero callaba frente al Ejército. La paradoja no podía ser mayor.

A las denuncias de cercanía con el Gobierno hay que agregar, apenas en octubre de este año, la renuncia de todos los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, un cuerpo colegiado (y honorífico) que ayudaba a guiar las labores de la Comisión. Los seis consejeros acusaron a Piedra Ibarra de desdeñar sus recomendaciones, obstaculizar su trabajo, amenazarlos y calumniarlos. Es la segunda vez que algo así sucede: en 2019 la mitad del Consejo Consultivo había renunciado a su cargo tras la imposición de Piedra Ibarra. A lo largo de los últimos años han renunciado, además, tres directores de Visitadurías.

En enero de este año, la administración actual de la CNDH trató de recobrar el tiempo perdido con una propuesta de creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Lamentablemente tardó cuatro años en llegar. Dicho eso, el diagnóstico que hace no es del todo equivocado; en la iniciativa hace una crítica al modelo de “recomendaciones” que son, en sus propias palabras, “declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad”. Como bien sostiene la exposición de motivos, las recomendaciones que hace 33 años podían tener sentido e impacto en la vida pública se han convertido en meras declaraciones de intenciones que nadie lee y a nadie le importan. Para bien o para mal, la iniciativa sigue detenida en el Congreso desde enero. Es improbable que en este o el siguiente periodo legislativo encuentre algún cause.

Concluyo con una premisa: la CNDH no tiene que ser antagonista al Gobierno. No está en su mandato ser oposición. Sí tiene que ser, en cambio, una voz potente frente a los abusos a los Derechos Humanos que suceden todos los días en México. La CNDH no lo ha sido. Al rechazar esa posibilidad, se han perdido cinco años cruciales para la reforma de una institución que lejos ha estado del discurso de la transformación. Las cosas como son.

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RÉPLICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A PÉREZ RICART

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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