España ha estado inmersa, en los últimos meses, en el torbellino político desencadenado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas, que podríamos comparar, para simplificar, con las entidades federativas mexicanas, aunque no sean exactamente equivalentes, el Partido Popular, representante tradicional de la derecha que ya ha ocupado el gobierno central en dos ocasiones desde la instauración democrática de 1978, logró formar gobiernos regionales y municipales en alianza con la extrema derecha de reminiscencias franquistas, incluso cuando no había sido el partido más votado en todos los casos.

La reacción de Pedro Sánchez, el Presidente de Gobierno socialista, fue convocar a elecciones de manera casi inmediata, el 12 de julio, cinco meses antes del final de la legislatura, lo que tomó a todas las fuerzas políticas por sorpresa, aunque llevó al Partido Popular a acariciar la posibilidad de desbancar a los socialistas, gracias al arrastre que venían mostrando sus aliados ultras.

Sánchez había formado gobierno después de las elecciones generales de 2019, en las que sí fue el partido más votado, aunque lejos de la mayoría absoluta, gracias a un pacto con Podemos, la fuerza de izquierda radical y alivianada –woke– que irrumpió en el escenario electoral apenas en las elecciones europeas de 2014, alimentada por el malestar social generado por la crisis económica que había asolado al mundo durante el lustro previo, pero que hasta el momento de cerrar la coalición de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español se había mostrado como fuerza antisistema. Ya entonces, la derecha española e incluso algunos santones del Partido Socialista, incluido el prócer de la transición democrática y de la inserción española en Europa, Felipe González, le afearon a Pedro Sánchez su acuerdo después de haber repetido una y otra vez que no aceptaría a Podemos como socio.

No me alcanza el espacio de este artículo para contar los antecedentes del laberíntico proceso español de la última década, pero un elemento que es imprescindible para componer el rompecabezas que ha armado Pedro Sánchez para volver a ser investido como Presidente del Gobierno después de haber quedado en segundo lugar, aunque apenas un punto porcentual debajo del Partido Popular, en las elecciones del verano pasado, es el tema del independentismo catalán y la crisis cerrada en falso después de la proclamación unilateral de independencia de inmediato suspendida llevada a cabo por el gobierno de la Generalitat de Catalunya en 2017, después de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional Español.

Es verdad que los partidos independentistas catalanes, quienes gobernaban gracias a una coalición con mayoría absoluta en el Parlament catalán (aunque no contaban con la mayoría absoluta de votos ciudadanos), aprovecharon su control sobre la Generalitat y la estructura administrativa autonómica para promover un proceso de independencia inconstitucional. Ante esto, la reacción institucional del Estado español, que cuenta con una judicatura independiente y fiscalías autónomas, fue imputar a los líderes independentistas por diversos delitos, incluyendo el de sedición. La definición de este delito en el código penal mantenía resonancias de la época de la dictadura, al punto de que cuando se solicitó la extradición de los líderes prófugos a Bélgica, esta fue denegada. Además, el sistema judicial europeo no se pronunció claramente a favor de su enjuiciamiento, permitiendo que Carles Puigdemont, el destituido Presidente de la Generalitat, fuera elegido diputado al Parlamento Europeo y ocupara su escaño, a pesar de estar evadiendo a la justicia española.

Cuando ocurrió la crisis catalana, el Presidente del Gobierno era Mariano Rajoy, del Partido Popular, quien decidió dar una respuesta de mano dura, primero con la represión policial del referéndum y después con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que significó la suspensión del gobierno autonómico en Cataluña. Buena parte d ellos líderes independentistas fueron detenidos, procesados y encarcelados, exceptuados el huido Puigdemont y algunos otros que lograron también exiliarse. Rajoy, sin embargo, perdió una moción de censura encabezada por Sánchez en 2018, debido a la condena judicial de su partido en un caso de corrupción que lo implicaba.

A partir de su primera llegada al gobierno, para la cual contó con los votos de parte del independentismo catalán en el Congreso de los Diputados, Sánchez comenzó a tejer una política de distención en Cataluña. Después de las elecciones de 2019, cuando fue investido Presidente gracias a que sumó los votos de Esquerra Republicana, uno de los partidos pilares del independentismo, el líder socialista buscó restañar las heridas con indultos a los políticos catalanes encarcelados y con cambios legales para eliminar el delito de sedición y modificar otros de los aplicados en las condenas. De inmediato, la reacción de la derecha fue furibunda.

Ahora, Sánchez ha logrado formar gobierno gracias a que construyó una mayoría absoluta en el Congreso con los votos de los independentistas catalanes a cambio de un acuerdo para promover una ley de amnistía que elimine las imputaciones a cerca de quinientas personas pendientes de juicio por delitos relacionados con el proceso fallido de independencia, incluidos los prófugos. Desde luego, la derecha ha montado en cólera y la alianza del PP con Vox se ha consolidado. El anticatalanismo se ha desenmascarado y el nacionalismo unitario de aires franquistas ha salido a las calles en manifestaciones multitudinarias.

A Sánchez lo critican por haber afirmado en reiteradas ocasiones, tanto desde el gobierno como en campaña, que no respaldaría una amnistía. Lo tachan de oportunista por haber pactado la investidura a cambio de ceder ante aquellos a quienes han sido considerados golpistas y enemigos del orden constitucional. Sin embargo, su actuación ha sido plenamente institucional. El proyecto de ley de amnistía seguirá el procedimiento parlamentario y, en última instancia, será sometido a revisión por el Tribunal Constitucional. Hasta ahora, Sánchez ha desplegado esfuerzos significativos para normalizar la inclusión de Cataluña en España, en contraste con la gestión del PP, que, en gran medida, contribuyó al conflicto catalán.

Al final, Pedro Sánchez ha salido victorioso utilizando los recursos legales del sistema constitucional español, donde las coaliciones de gobierno se configuran en el Parlamento. Evitó la formación de un gobierno con poder de veto por parte de la ultraderecha más radical, desmontó la coartada de los independentistas y, de paso, se deshizo de los elementos más radicales de Podemos al formar su nuevo gabinete. Es una lección de política democrática, aunque en el proceso se hayan quebrantado algunas promesas. Sin embargo, confiar en la fidelidad de los políticos a sus palabras no solo es ingenuo, sino también insensato.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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