El exmandatario Javier Corral acusó que desde que María Eugenia Campos llegó al Gobierno de Chihuahua varios de los cómplices de César Duarte han logrado salir de prisión, mientras que otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de las declaraciones que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El exgobernador Javier Corral Jurado acusó a la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, de ordenar el arresto de un exfuncionario que tenía a su cargo una investigación de corrupción que la involucraba. Se trata de una vendetta entre panistas, pero también uno de los casos de sobornos más ruidosos de los últimos años.
“Fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua el excoordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusado del delito de tortura psicológica, cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices de César Duarte”, dijo Corral Jurado en un mensaje en sus redes sociales.
Corral asegura que Campos –ambos del Partido Acción Nacional, PAN– fue beneficiaria de sobornos cuando fue legisladora y en tiempos en los que César Duarte Jáquez, hoy detenido en Chihuahua, era el Gobernador. Este año, un Juez vinculó a proceso a Duarte y le dictó prisión preventiva de seis meses por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa. Duarte se fugó de México y fue capturado en Estados Unidos. Uno de los que lo inculparon fue su propio exsecretario de Hacienda y socio, Jaime Ramón Herrera Corral.
En atención y seguimiento a una denuncia que dio vista la @CNDH; la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó a Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura.#FGEChih #JuntosSíPodemos pic.twitter.com/K2JoN025XF
— Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) November 21, 2022
Campos afirma que el exgobernador intentó inculparla de corrupción para imponer como candidato del PAN al Gobierno chihuahuense a Gustavo Madero, cercano a él. Corral dice que Campos utiliza su posición para defender a Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Es una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del exgobernador y allanarle el camino de la impunidad. Y es también una venganza política impulsada por la propia Gobernadora”, acusó Javier Corral.
El exmandatario estatal destacó que desde que María Eugenia Campos llegó al Gobierno varios de los cómplices de César Duarte han logrado salir de prisión, mientras que otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de las declaraciones que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos. En ese sentido, Javier Corral aseguró que con el fin de justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”.
Es una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del ex gobernador, y allanarle el camino de la impunidad. Y es también una venganza política impulsada por la propia gobernadora @MaruCampos_G, quien hace más de
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) November 21, 2022
“Es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho que con base en ello se le detenga. Qué caro le está saliendo a Chihuahua el empeño de María Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara”, agregó.
Asimismo, el exgobernador de Chihuahua defendió a González Arredondo, a quien describió como un profesional del derecho con pleno reconocimiento entre organizaciones sociales, quienes lo propusieron para fungir como primer Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos. “Nos consta su honorabilidad y rectitud”, expresó.
Por ello, lamentó enérgicamente este hecho, el cual lo calificó como una injusticia y convocó a “todos los están comprometidos en la lucha frontal y sin excepciones contra la corrupción, a denunciar este acto de vileza política y no permitir que mediante este tipo de maniobras, queden impunes”.
“Pido a todos informarse de este caso y denunciar la maniobra”, concluyó.
Quienes conocemos al Lic. González Arredondo, nos consta su honorabilidad y rectitud. Un profesional del derecho con pleno reconocimiento entre organizaciones sociales, quienes lo propusieron por cierto para fungir como primer fiscal especializado en materia de derechos humanos.
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) November 21, 2022
Otra de las detenciones que se dio a conocer fue la de Araly Cristina Paulina del Rocío, quien se desempeñó como directora Administrativa de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Javier Corral Jurado.
A través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua detalló que la exfuncionaria es acusada por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Posteriormente, el 18 de noviembre, la dependencia informó que gracias a los datos de prueba, una Juez de Control resolvió iniciarle un proceso y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las autoridades, la exfuncionaria de Comunicación Social habría llevado a cabo cinco procesos de contratación de manera ilegal por la cantidad de más de 9.3 millones de pesos durante el periodo comprendido en el año 2018.
CASO DUARTE
El pasado 2 de junio, Estados Unidos extraditó a México a César Duarte, quien es acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos públicos.
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016, por el PRI. Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014”. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el Gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
Su exsucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional, aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.
JAVIER CORRAL ACUSA A GOBERNADORA DE CHIHUAHUA
Campos fue acusada por Corral de haber recibido 10 millones de pesos ilegales de Duarte cuando éste, del PRI, era Gobernador de Chihuahua; y ella, del PAN, era Diputada local. Las acusaciones se dieron mientras se competía por la candidatura de Acción Nacional al Gobierno del estado. Campos fue la candidata, contra la voluntad de Corral, quien quería a Gustavo Madero, su colaborador, como sucesor. Ese enfrentamiento al interior del PAN no impidió que Campos ganara la gubernatura, pero marca la relación entre ambos.
Además, Javier Corral Jurado acusó que César Duarte volvió al poder en Chihuahua, en abierta referencia a la supuesta relación de Campos con el exgobernador del PRI. Corral aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
María Eugenia Campos Galván fue señalada y sometida a juicio por seis delitos de corrupción, los cuales están vinculados con el exgobernador César Duarte Jáquez. A principios de abril del año pasado fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta”, de la que habría recibido más de nueve millones de pesos. Sin embargo, peritos grafoscópicos aseguraron que las firmas de los recibos presentados en contra de la Gobernadora son falsas.
