El Presidente republicano presionó a Ucrania para que investigara a sus rivales políticos, basándose en una hipótesis conspirativa desacreditada y rechazada por sus propios asesores. Funcionarios temían que Trump congelara un paquete de ayuda militar a dicho país.
Por Julie Pace
WASHINGTON (AP) — Dos semanas de audiencias públicas en la investigación que podría conducir a un juicio político al Presidente Donald Trump han dejado un cúmulo de pruebas que no admiten dudas: Trump ordenó explícitamente a funcionarios del Gobierno que colaboraran con su abogado personal Rudy Giuliani en asuntos relacionados con Ucrania, un país que depende de la ayuda de Washington para rechazar las agresiones rusas.
El Presidente republicano presionó a Ucrania para que investigara a sus rivales políticos, basándose en una hipótesis conspirativa desacreditada y rechazada por sus propios asesores. Adicionalmente, funcionarios tanto estadounidenses como ucranianos temían que Trump congelara un muy necesario paquete de ayuda militar hasta tanto Kiev anunciara el inicio de esas pesquisas.
Los hechos han sido confirmados por una decena de testigos, en su mayoría moderados funcionarios de carrera bajo gobiernos tanto demócratas como republicanos. Respaldaron sus declaraciones sobre lo sucedido meses atrás con correos electrónicos, mensajes de texto y apuntes tomados en el momento.
Todas juntas, esas horas de declaraciones televisadas pintan el retrato de un Presidente estadounidense dispuesto a utilizar el poder de su cargo para que un Gobierno extranjero le brindara ayuda política personal. Eso les basta a muchos demócratas para impulsar la realización de un juicio político a Trump antes de que termine el año. Esto conduciría a un juicio en el Senado.
Sin embargo, las declaraciones de los testigos dejaron un hueco importante que ofrece una vía de salvación a Trump y sus aliados republicanos. Ninguno de los testigos ha podido confirmar personalmente que Trump condicionó la entrega de 400 millones de dólares en ayuda militar al anuncio de investigaciones por parte de Ucrania al ex Vicepresidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata.
Algunos republicanos insinuaron que aunque se demostrara ese enlace, no les bastaría para apoyar el juicio político y la destitución de Trump. Adicionalmente, sin ese enlace, el muro de apoyo de los legisladores republicanos a Trump luce infranqueable.
“No he escuchado pruebas que demuestren que el Presidente es culpable de sobornos o extorsión”, dijo Will Hurd, un legislador republicano moderado que se retira el año entrante y sería un indicio de cualquier señal de debilitamiento del apoyo partidista al Presidente. Al igual que otros republicanos, dijo claramente que consideraba las acciones de Trump “inapropiadas”, pero no merecedoras de un juicio.
La perspectiva para los demócratas es una votación sobre el juicio político en la cámara con cada partido atrincherado en sus propias posiciones. Esto reflejaría las encuestas públicas, según las cuales la población está dividida en torno a si se debe juzgar a Trump por sus relaciones con Ucrania y destituirlo.
Finalizadas las audiencias públicas, los demócratas planifican sus próximos pasos en lo que sería apenas el cuarto juicio político en la historia del país.
En primer lugar, deberán decidir si elaboran el acta de acusación sobre la base de lo que se ha revelado hasta el momento o buscan nuevos testigos que podrían dar pruebas más directas de las acciones de Trump.
En efecto, hay funcionarios que podrían llenar algunos de los espacios en blanco. Los demócratas han citado a declarar al jefe de despacho interino Mick Mulvaney y al ex asesor de seguridad nacional John Bolton, hombres que pasaron horas junto a Trump en el despacho presidencial y cuyos nombres aparecieron una y otra vez en las declaraciones de los testigos.
El jueves, la ex funcionaria de seguridad nacional Fiona Hill expresó la opinión de que “quienes poseen información que el Congreso considera pertinente, tienen la obligación legal y moral de brindarla”.
Pero parece improbable que Bolton y Mulvaney revelen lo que saben al Congreso. Con el argumento de la inmunidad ejecutiva, ambos han recurrido a las cortes para que determinen si deben comparecer. Adicionalmente, la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, dijo el jueves que no quiere que los próximos pasos queden “a merced de un tribunal”.
Muchos demócratas coinciden: dicen que se ha satisfecho el criterio para el juicio político con las pruebas acumuladas durante las últimas dos semanas. Los diplomáticos y funcionarios de seguridad nacional hicieron sonar reiteradamente las alarmas sobre las relaciones del Gobierno con Ucrania y describieron los esfuerzos realizados para ayudar a Kiev a congraciarse con Trump para recibir la ayuda militar.
William Taylor, el principal diplomático en Kiev que inició las audiencias, expresó vívidamente cómo la ayuda era cuestión de vida o muerte para los soldados ucranianos en una guerra encarnizada con Rusia. Dijo que lo inquietó profundamente la perspectiva de que el Gobierno abandonara a los aliados de Estados Unidos en el extranjero.
El teniente coronel Alexander Vindman, un asesor sobre Ucrania que se presentó a declarar de uniforme y con el pecho cubierto de medallas, expresó su consternación al escuchar a Trump pedirle al Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que investigara a Biden y al partido demócrata en la llamada telefónica del 25 de julio que dio lugar al proceso.
Vindman, quien huyó con su familia de Ucrania cuando él tenía tres años, tuvo que defenderse de acusaciones de los aliados de Trump de que su lealtad está dividida.
El embajador ante la UE, Gordon Sondland, dijo claramente que el intento de obligar a Ucrania a investigar no era un secreto en el seno del Gobierno. “Todos estaban enterados”, afirmó.
En los próximos días, los demócratas tratarán de convencer tanto a los republicanos como a la opinión pública de que no se trata sólo del futuro de Trump, sino de lo que los estadounidenses deben esperar de su Presidente.
Cuando se le preguntó cuáles son las consecuencias si el Congreso permite al Presidente pedirle a un Gobierno extranjero que investigue a un rival político, Hill se limitó a responder: “Es un precedente pésimo”.
