El pasado 13 de noviembre comenzó una nueva batalla: comunidades mayas de Holpechén, Campeche, y organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron ante las autoridades la presunta siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas de soya transgénica y aseguran que la semilla es propiedad de Monsanto.
Las denuncias incluyen documentación en foto y video de cultivos y evidencias de fumigaciones con glifosato, herbicida que se usa principalmente para garantizar que la leguminosa modificada crezca sin malezas o insectos que puedan afectarle.
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México, 23 noviembre (EFE).- Desde que México autorizó la siembra comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán en 2012, sin consultar a los agricultores locales que defienden los cultivos tradicionales, la leguminosa modificada que patentó la empresa Monsanto se convirtió en la semilla de la discordia.
Cinco años después, continúan los litigios legales de comunidades mayas que denuncian el avance de la siembra de soya transgénica pese a que la Suprema Corte suspendió en noviembre de 2015 los cultivos a escala comercial en algunos municipios de los estados surorientales de Campeche y Yucatán para dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas desean en sus territorios.
Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso ha demorado casi año y medio.
El pasado 13 de noviembre comenzó una nueva batalla: comunidades mayas de Holpechén (Campeche) y organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron ante las autoridades la presunta siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas de soya transgénica y aseguran que la semilla es propiedad de Monsanto.
Las denuncias incluyen documentación en foto y video de cultivos y evidencias de fumigaciones con glifosato, herbicida que se usa principalmente para garantizar que la leguminosa modificada crezca sin malezas o insectos que puedan afectarle.
Las acusaciones se presentaron ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el estado de Campeche.
"Es necesario que Senasica investigue qué responsabilidad tiene Monsanto, que debe mantener una rigurosa cadena de custodia para saber en todo momento dónde está la semilla que vendió y quién la está cultivando" explicó a Efe Naayeli Ramírez, abogada del Colectivo de Comunidades de los Chenes.
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Monsanto dice no haber vendido su semilla de soya en Campeche para cumplir la sentencia de la Corte y pone en duda el sustento de estas denuncias.
"Asumir que 25 mil hectáreas (sic) son de soya genéticamente modificada me parece peligroso; es importante que la autoridad (Senasica) se involucre para encontrar la verdad", dijo a Efe Rodrigo Ojeda, director jurídico de la empresa para Latinoamérica Norte.
Consideró que "el hecho de que haya soya cultivada no se puede ser argumento para decir que es genéticamente modificada. Debe haber mucho cuidado en las afirmaciones que se hacen al respecto; muchos de los agricultores de Campeche son soyeros y puede ser que sembraran soya convencional", expuso.
En 2016, Senasica reportó siembras y comercialización de soya transgénica patentada por Monsanto y que fue de dos tipos distintos, denominados MON-04032-6 y MON-89788-1, o una combinación de ellos. El segundo tipo no ha sido evaluado por Senasica como establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
En las denuncias del 13 de noviembre los mayas y organizaciones también exigen a Senasica que investigue la presencia de la variedad de soya de Monsanto no autorizada en el país y que pudo llegar a Campeche a través del mercado negro.
Sobre el tema Ojeda enfatizó: "Hay mecanismos legales para que se combatan este tipo de mercados. Tenemos un régimen de bioseguridad muy fuerte en México que permite a la autoridad en este caso hacer las investigaciones necesarias para entender de dónde vienen estos productos y evitar que existan estos mercados ilegales".
Sin embargo, los denunciantes no opinan lo mismo. "En un sistema de bioseguridad la autoridad mexicana debe saber dónde está el producto genéticamente modificado. Esto no ha ocurrido con este permiso de Monsanto en Holpechén. Esta es una clara en violación a la ley", señaló la abogada Ramírez.
"Estas irregularidades demuestran que el sistema de bioseguridad en nuestro país no funciona y únicamente sirve los propósitos de empresas como Monsanto con ambiciones económicas en este ramo", enfatizó.
Desde 2012, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reportó irregularidades en las etapas experimental y piloto del cultivo de soya genéticamente modificada de Monsanto, porque se sembraron miles de hectáreas de ese producto fuera de los perímetros permitidos y en Áreas Naturales Protegidas.
Ante estas irregularidades Conabio se negó a recomendar la autorización de este cultivo de Monsanto por las posibles afectaciones a la biodiversidad en la Península de Yucatán, que incluye a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. EFE
