Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocupa un papel de contra peso al poder Ejecutivo y al Legislativo,  a las fuerzas de los tres niveles de gobierno y a los poderes fácticos que controlan México. Ya no es una Corte que actúa bajo consigna y dirección del presidencialismo, como lo era en sus inicios, ahora podemos decir que se ha convertido en una entidad con mayor cercanía y garante de los derechos humanos de la ciudadanía, es por eso, que los próximos relevos deben ser observados y discutidos bajo lupa, ya que está en juego la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Ante esta crisis de credibilidad de nuestras instituciones, en específico de las encargadas de la procuración e impartición de justicia y ante una crisis de derechos humanos reconocida y denunciada a nivel internacional y rechazada burdamente por el poder ejecutivo a nivel nacional, se necesita que nuestro máximo órgano del Poder Judicial Federal, se renueve con perfiles profesionales, con impecables trayectorias en el ámbito Judicial, con personajes de fuerte convicción para proteger y defender  los derechos humanos y de cara la sociedad.

Desde el pasado viernes 13 de noviembre Enrique Peña Nieto mando las ternas para el relevo en la Suprema Corte, a partir de esa fecha inició la cuenta de 30 días naturales para que los senadores elijan a la nueva ministra de entre Sara Orea, Norma Piña y Verónica Sánchez y al nuevo ministro de entre Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

En este sentido, desde Sin Fronteras nos inclinamos para que en los próximos relevos de la Suprema Corte se considere a  mujeres con una importante carrera judicial y que posean una perspectiva de derechos humanos, nuestro máximo tribunal necesita de más mujeres decididas a cumplir cabalmente con las responsabilidades que le confiere la Constitución y que garanticen la autonomía e independencia respecto a los poderes políticos y privados.

Por otro lado, la Suprema Corte tiene actualmente  en su agenda dos procesos importantes que tienen que ver con la impartición de justicia y respeto de derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional, por un lado, está en discusión la desclasificación de los expedientes de las tres averiguaciones previas de la Procuraduría General de República (PGR) por el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando y de Cadereyta, lo cual, obligaría realizar a esta dependencia una  versión publica de todos estos hechos, por otro lado, la Corte atrajo para su estudio y resolución tres demandas de amparo relacionados con determinar si la detención de personas migrantes en estaciones migratorias es inconstitucional y cuáles son los plazos que deben seguirse para que una detención administrativa migratoria sea constitucional. En este sentido, la Corte discutirá qué principios y normas deben seguirse para la detención de personas migrantes y en qué debe consistir la reparación integral del daño para una persona que sufre violaciones a sus derechos humanos.

Sin duda, el Poder Judicial tiene la oportunidad de reivindicar a las miles de personas migrantes que al año son privadas de su libertad en estaciones migratorias, sin que sean respetados sus derechos humanos, así como, garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso en casos de violaciones graves de derechos humanos.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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