El sector salud en México no carece totalmente de dinero. Sin embargo, en alguna parte del reparto y la aplicación, los recursos se pierden. Nadie sabe a dónde van a dar cientos de millones de pesos que, cada año, la SHCP y el Congreso le destina, debido a la opacidad que impera. En tanto, los hospitales no tienen medicinas, hay falta de servicios y un retraso alarmante en la atención a los derechohabientes, lo cual provoca incremento del riesgo en la enfermedad o, incluso, su muerte.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– En el sector salud, cada retraso en la atención, cada consulta no prestada y cada medicamento no dado, representa discontinuidad en tratamientos, un costo de sufrimiento para los pacientes, incremento del riesgo en la enfermedad e incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La salud pública en México, aseguraron expertos, no es una enfermedad de la sociedad, sino que se trata de un “sistema inmunológico que no funciona”. Y no porque carezca de dinero, puesto que actualmente el gasto público en salud equivale a 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la mala repartición de los recursos, la opacidad y hasta la corrupción, afectan el surtimiento de medicamentos, equipo, la contratación y prestaciones del personal, entre otras situaciones –con la discriminación– afectan la calidad de los servicios.
El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas para ser atendida.
El documento expone problemas como fallas en el surtimiento de medicamentos o de estudios, los cuales deben ser cubiertos por los mismos pacientes; incumplimiento en los tiempos de espera de consulta y cirugías; altos índices de quejas por parte de los usuarios; falta de transparencia en las unidades de salud; y otros malos tratos.
El investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), Gustavo Leal Fernández, consideró que a pesar de los recortes presupuestales, hay mucho dinero para la salud pública.
“Lo que no ha habido es la inteligencia estratégica para el uso sanitario de esos recursos. La pregunta lógica es por qué no lo ha habido, y la respuesta es muy clara: el Presidente [Enrique Peña Nieto] no ha sido capaz de remover del cargo a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, porque se ha pasado tres años hablando de una supuesta reforma sectorial y a degradar el derecho a la salud de los mexicanos, y bajarlo al nivel de los paquetes del Seguro Popular. Y no han atendido las dos demandas principales de los ciudadanos, que son: la mejora de los servicios con los recursos que tenemos y la ampliación del catálogo de intervenciones del Estado”, comentó.
El catedrático agregó que “existe una gran incapacidad gubernamental por parte del equipo de Enrique Peña Nieto durante estos tres años de administración. No se ha iniciado el ajuste que requiere el sector. No se trata de una enfermedad de los mexicanos, sino de la incapacidad del Gobierno, que no ha podido con los grandes pendientes”.
LA INVESRISÓN NO SE REFLEJA
En 2014, la Federación destinó 134 mil 847 millones de pesos para la procuración de 121 millones de mexicanos; es decir, aproximadamente mil 114 pesos por ciudadano. Sin embargo, esos recursos no se ven reflejados en las mejoras de los servicios de las unidades de salud, denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“Ni siquiera sabemos cuánto dinero recibe cada unidad. Por eso pedimos que para el Presupuesto de 2016 se obligue a las instituciones de salud a rendir cuentas. Para que sepamos dónde queda el dinero. Nosotros queremos seguirle la ruta al dinero porque en algún lado se está yendo y no está llegando a donde debería llegar. Por un lado, los médicos, enfermeras y usuarios se quejan de no tener los servicios, pero ellos no son los responsables, evidentemente, ellos no son quienes deben administrar y destinar los recursos; y por el otro lado, en medio, se genera una caja negra que es la que tiene que ser transparentada con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por ejemplo, los recursos se pueden poner en una cuenta separada [en lugar de una cuenta integradora, como actualmente se hace], ese es un buen paso. No se trata de un asunto de contabilidad, sino de rendición de cuentas”, informó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La organización civil detalló que actualmente, muchas de las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los estados es por el daño o perjuicio por recursos que habían sido destinados al sector salud, como es el caso del Seguro Popular.
Ejemplo de ello es una auditoria al estado de Veracruz donde se realizó una observación por un monto de más de mil 580 millones de pesos, que debieron ser transferidos para la Cuota Social y las Aportaciones Solidaria Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Seguro Pupular.
Inclusive, actualmente la ASF ha interpuesto más de una docena de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El Ramo 12, que es el que garantiza el derecho a la salud de toda la población mexicana y que administra 37 programas presupuestarios, tuvo un ajuste por 3 mil 339 millones de pesos, asociado a reducciones en prestación de servicios en diferentes niveles de atención a la salud (mil 183 millones de pesos); al Seguro Médico Siglo XXI (593 millones de pesos), y para Proyectos de Infraestructura Social de la Salud (400 millones de pesos), según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la demanda de obligar al sector salud de transparentar los recursos y su calidad en el servicio no es un tema menor, pues la deficiencias afectan directamente a la ciudadanía y provoca sufrimiento y la muerte de los pacientes.
“Lamentablemente no lo sabemos [cuántas personas mueren por las deficiencias]. Pero hay algo claro: todo retraso en atención salud y toda atención no prestada como se debe médicamente tiene un costo de sufrimiento para las personas, un incremento de riesgo para la enfermedad y otras que se relacionan y, por supuesto, puede llevar a la muerte. Es decir, el surtimiento de medicamentos no sólo es un problema económico: dónde están quedando esos recursos si no lo hay, sino que la falta de medicamentos provoca que haya tratamientos incompletos, que no curan. Y todo retraso en salud aumenta el costo y sufrimiento del siguiente paso”, aseveró Gómez Hermosillo.
En un artículo titulado “La necesidad de transformar el sistema de salud en México”, publicado en la Gaceta Médica de México, tres investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sintetizaron los que consideraron son los principales problemas del sistema de salud mexicano.
“Los servicios no se ajustan geográficamente a las necesidades de la población, lo que se traduce en una falta de correspondencia entre las necesidades y demandas de los distintos grupos sociales, y la oferta y distribución de los recursos y servicios; problemas de acceso por barreras geográficas, económicas, culturales y organizacionales; baja e inequitativa calidad en los servicios, fallas en su estructura y problemas en la atención médica; fallas en la racionalización y optimización de los recursos; y falta de personal y recursos materiales adecuados para resolver los asuntos prioritarios, mientras que existe una asignación significativa a asuntos de importancia secundaria y a atención de alto costo y cuestionable efectividad”, detalla el documento.
COBERTURA BAJA, NECESIDADES ALTAS
El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados, como señala un artículo llamado “Sistema de Salud Mexicano”, y elaborado por miembros del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CSNPSS) y la Escuela de Salud Pública de Harvard.
Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal.
Tanto la Secretaría de Salud como los Servicios Estatales de Salud (Sesa) se financian con recursos del Gobierno federal y los gobiernos estatales, además de contribuciones que pagan los usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación).
El Seguro Popular se financia con recursos del Gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra servicios de salud para sus afiliados a la SS y a los Sesa (y en algunas ocasiones a proveedores privados).
Las instituciones privadas del país se financian con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados. Sus servicios son proporcionados en consultorios, clínicas y hospitales privados, de modo que van dirigidos a la población con capacidad de pago.
En la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con el IMSS contabilizaron un total de 91 millones 540 mil 602 de derechohabientes de algún tipo de seguro, público o privado.
La mayoría está afiliada a los servicios públicos de salud. Se trata de 41 millones de personas en el Seguro Popular, otros 40 millones en el IMSS y 6 millones en el ISSSTE. Sólo 848 mil 264 personas pertenecen al segundo rubro.
El documento de la OCDE, titulado Desempeño y Reformas del Sistema Mexicano de Salud, dedicado a analizar el desempeño y las reformas del sector, señala como el mayor de sus problemas la “amplia inequidad en el acceso”, pues además de que un porcentaje menor cuenta con seguridad social, alrededor de la mitad del gasto en este sector proviene del bolsillo de las personas, en contraste con la mayoría de los países miembros de la organización que cuentan con una cobertura universal o casi universal y el gasto directo del paciente es menor al 20 por ciento.
Es decir, que más del 90 por ciento tiene algún tipo de cobertura en el sistema público, pero la cobertura no es suficiente, de acuerdo con el catedrático Gustavo Leal.
“Tenemos que tener una sector que dé seguridad social a las futuras generaciones, como lo prometió la Secretaria Mercedes Juan. Pero lo que vemos es que no están dando los paquetes los usuarios necesitan, para lo cual se requiere mucha más inversión estatal en materia de salud. Están dando seguros de gastos médicos menores para personas que necesitan una cobertura de gastos médicos mayores”, refirió Leal Fernández.
Por otra parte, existe un sector de la población que al no encontrar una pronta respuesta acude a servicios privados de fácil acceso. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, cerca de 22 por ciento de las personas que reciben atención en los consultorios de farmacia (el llamado médico de punto de venta), lo hace porque no quieren ir al médico en el sistema público.
LAS FALLAS Y LAS QUEJAS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recibió 3 mil 684 denuncias de enero del 2014 a junio del 2015. Sin embargo, a partir de estas denuncias la Comisión sólo ha hecho 27 recomendaciones a las instituciones para tomar cartas en el asunto.
Del total de quejas recibidas, el 70 por ciento se acumulan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por su parte la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibe cada año alrededor de 18 mil solicitudes, entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades. Son estas últimas las que derivan en quejas que son tratadas en audiencias, en primera instancia de conciliación, y segunda, de arbitraje.
Las estadísticas de la Conamed arrojaron que el número de inconformidades aumentó de mil 651 en el 2010 a ser 2 mil 50 en el 2014.
Una inconformidad puede tener varios motivos, el año pasado los afectados registraron en la Conamed que 3 mil 333 de éstos fueron por diagnósticos; 2 mil 299 por relación médico paciente; 613 por tratamiento médico; 496 por deficiencias administrativas; 98 por auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 92 por atención a parto; 75 por accidentes e incidentes y 75 por tratamiento quirúrgico.
Del 2010 al 2014, entre las entidades que registraron un aumento en las peticiones de intervención de la Conamed sobre servicios de salud estuvo Campeche, donde subieron 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán, 47; Zacatecas, 43, y Quintana Roo, 34.
Por el contrario, las entidades que reportaron descensos fueron Tlaxcala con 44 por ciento; Hidalgo, 43; Puebla, 39; Aguascalientes, 38, y Oaxaca, 34.
La observación que hicieron voluntarios en unidades médicas de 17 entidades del país, para el primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud arrojó que:
• Una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.
• Las Cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.
• Casi la mitad de las unidades de salud (46.2 por ciento) no reportaron información en el último periodo de 2014.
• Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.
• Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.
• Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.
• Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento).
• El 42.3 por ciento por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
• Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).
CAMINO A LA PRIVATIZACIÓN
Las 21 organizaciones que impulsan la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza adelantaron que pedirán a la Secretaría de Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación y a más autoridades que se investigue el destino del dinero del sector, pues, advirtieron, “no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud”.
Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.
“A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, detalló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la tendencia del Estado es “dividir y vencer” en el sector salud apunta que se quiere privatizarlo.
“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.
Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”.
El académico Gustavo Leal Fernández criticó que la administración de Enrique Peña Nieto hubiese permitido quitarle recursos al sistema de salud pública para dárselos al sector privado por medio de vales, luego de una alianza electoral.
“Fue una acción electoral. Es una vergüenza. A Peña Nieto no le importó quitarle dinero al IMSS y al ISSSTE que hubiese servido para mejorar los servicios, pero sí los quiere para cumplirle a su aliado el Partido Verde”, opinó.
Pero mientras el sector público comienza a desmantelarse, en México operan actualmente 20 empresas especializadas en turismo médico en 11 entidades federativas, con potencial para alcanzar hasta 25 mil pacientes anuales a escala nacional en los próximos cinco años, señaló el Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón.
Durante el tercer Congreso Internacional de Turismo Médico, el dirigente del sector patronal señaló que los estados que impulsan actualmente estrategias para participar en ese mercado son: Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora.
El presidente nacional de la Coparmex dijo que esas entidades “se están convirtiendo en una opción atractiva para pacientes de Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales en la región, que buscan atenderse con costos accesibles, calidad y menores tiempos de espera”.
El dirigente empresarial consideró que el potencial de México para desarrollar el turismo médico es enorme. “Estamos seguros de que puede convertirse en un motor de desarrollo para las regiones involucradas. Si lo hacemos bien, el turismo médico tiene el potencial de crear 10 mil puestos de empleo en los próximos cinco años, en las áreas de turismo ysalud”.
En su intervención, el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Carlos Joaquín González, afirmó que México es un país altamente competitivo en turismo médico: “nuestra posición geográfica, los recursos humanos acreditados, la calidad de la atención, la calidez de nuestra gente, los costos competitivos y hasta un clima propicio nos han colocado en los primeros lugares en cuanto a desarrollo de esta línea”.
Sin embargo, reconoció que este desarrollo se ha ido gestando de manera desarticulada, por lo cual hizo un llamado a los distintos sectores: “requerimos coordinación y sinergia para realmente aprovechar el potencial que tenemos enfrente”, exhortó.
–Con información de Juan Luis Hernández.
