El Poder Judicial está determinado en gran medida por el nepotismo, que impone la presencia de familiares de ministros, magistrados y jueces en la estructura laboral.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El personal del Poder Judicial de la Federación continua en paro, con el argumento de que la reforma constitucional que obliga a la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular directo atenta contra la carrera judicial, que presumiblemente se construye con base en la preparación, los concursos de oposición y los méritos de los servidores públicos que pretenden ascender en la estructura laboral; sin embargo, no se habla de la perniciosa forma como han sido asignados durante décadas, por favoritismo y a familiares, los puestos de trabajo en la administración de justicia.
Pocos mencionan que el mérito y la preparación no han sido, en forma natural, los argumentos para avanzar y ascender en los terrenos de la administración de justicia, pues el Poder Judicial está determinado en gran medida por el nepotismo, que impone la presencia de familiares de ministros, magistrados y jueces en la estructura laboral, de tal manera que, según estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022, por lo menos el 49 por ciento del personal del Poder Judicial de la federación, es decir, 24,546 trabajadores, tenían al menos 1 familiar laborando en los diferentes tribunales o juzgados federales.
El estudio sobre el nepotismo en el Poder Judicial de la federación, presentado en el Consejo de la Judicatura Federal el viernes 9 de diciembre de 2022, establece además que el 67 por ciento, es decir, 616 de los órganos jurisdiccionales, tribunales o juzgados, que integran el Poder Judicial de la Federación, reportó que entre su personal había servidoras y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaban en áreas bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. En 2021, la cifra del nepotismo ascendía al 82.6 por ciento, es decir, 723 de los juzgados o tribunales de todo el Poder Judicial, de modo que, en este aspecto hubo una disminución de casos de nepotismo en 107 tribunales o juzgados del Poder Judicial.
El estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal cuando todavía era presidido por el ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, advertía también que el 23.75 por ciento del personal del Poder Judicial tenía más de 4 familiares trabajando en la administración de justicia. Se concluyó que en 2022 los magistrados tenían, cada uno de ellos, en promedio 4 familiares trabajando en el Poder Judicial.
Se identificaron los casos de 16 magistrados que contaban con más 13 familiares en la estructura del Poder Judicial y el tope en un caso fue de 23 parientes. Con información referida al año 2018, se documentó que entonces 2 magistrados contaban con más de 13 familiares trabajando en el Poder Judicial.
En cuestión de género, las categorías de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal secretarial reportaron que había 10 por ciento más de hombres que tenían relaciones familiares con personal que ocupaba algún cargo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación.
Tribunales y juzgados de la Ciudad de México eran los que en 2022 concentraban el mayor número de relaciones familiares, con 2 mil 877 casos, aunque en el 2021 ascendía a más de 3,000; seguida por Jalisco, con relaciones familiares dentro de los órganos del poder judicial federal de entre 900 y 1,000 personas; y Estado de México, con estrucrturas de relaciones familiares en el Poder Judicial federal de entre 500 y 600 trabajadores.
De acuerdo con el estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, destacanban 22 órganos jurisdiccionales, tribunales o juzgados, por tener de 5 a 9 grupos de familia entre el personal. Los 5 casos más relevantes eran en 2022:
El Décino Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de la Ciudad de México era el órgano jurisdiccional que reportaba el mayor número de grupos y relaciones familiares: se trataba de 9 grupos de familias que involucraban a 19 personas en una plantilla de 72 plazas ocupadas.
El Tribunal Colegiado de Circuito de Colima se identificaba en 2022 por el alto número de grupos familiares que tenía entre su personal: 9 familias que involucraban a 17 personas. Aunque en 2021 eran 11 familias que relacionaban a 21 personas.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en Puebla reportaba en su interior 8 grupos de familia que involucraban a 16 personas en una plantilla de 54 plazas ocupadas.
El Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas reportada en su estructura 8 grupos de familias que involucraban a 17 personas en una plantilla de 50 plazas ocupadas.
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo Penal en Puente Grande, en Jalisco, tenía 6 grupos de familia en su estructura, que involucraban a 19 personas en una plantilla de 39 plazas ocupadas.
En las áreas administrativas del Poder Judicial de la federación sobresale la Coordinación de Seguridad, pues, con una plantilla que asciende a 715 plazas ocupadas, existen 38 grupos familiares que involucran a 80 personas; la mayoría incluyen a 2 personas por núcleo familiar.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación establece en su Artículo 73, todavía vigente, que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Mientras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 100 que “el Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República”.
El actual Consejo de la Judicatura federal, que todavía preside la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, es el encargado de resolver sobre la designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y, en su caso, reincorporación de jueces de distrito y magistrados de circuito; también puede suspender en sus cargos a magistrados de circuito y jueces de distrito que estuvieran involucrados en la comisión de un delito; además de que está facultado para investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a las personas servidoras públicas y empleadas del propio Consejo de la Judicatura Federal, así como de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y plenos regionales.
Luego de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que tendrá plena vigencia operativa luego de los comicios de ministros, magistrados y jueces del primero de junio del 2025, el Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que se encargará de la administración de los recursos y del personal del Poder Judicial. Mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial, supervisará el desempeño de ministros, magistrados y jueces, hará evaluaciones y dictará sanciones.
En el estudio referido sobre el nepotismo en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura no incluyó a la Suprema Corte ni a los ministros que la integran porque no tiene facultades para hacerlo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su Artículo 11 advierte que “el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la atribución de resolver sobre las responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respecto de las faltas de las y los ministros y las faltas graves cometidas por los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Y puede, el Pleno de la Suprema Corte, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal la averiguación de la conducta de magistrados y jueces federales.
