Al anunciar el cierre de su revista, que había significado una respuesta al despido del que fueron objeto por parte del dueño de los medios impresos para los que trabajaban, los reporteros reconocieron sus limitaciones: no somos administradores, somos periodistas. Y aunque ahí confluyeron varios de los mejores reporteros del estado, su falta de pericia en las finanzas y sus distracciones para allegarse de recursos económicos que abonaran al sostenimiento del semanario, terminó por estallarles.

Eran mediados los años ochenta del siglo pasado, y aunque aquella era una empresa privada, en cierto modo eso es lo que le pasó a Notimex, empresa estatal cuya liquidación anunció la semana pasada el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y Sanjuana Martínez Montemayor, que formó parte de una estirpe de grandes periodistas críticos e investigadores, no sólo abandonó este perfil al arribo de la Cuatroté al poder, sino que se convirtió en funcionaria pública, más concretamente, en directora de Notimex, en marzo de 2019. Y a ella, la falta de pericia administrativa y política, también le estalló en las manos.

Un año después de haber asumido el cargo, Sanjuana Martínez trastocó las viejas costumbres de un sindicato como el de Notimex, que con todo y el disparate de su existencia misma, tenía una planta laboral con derechos y obligaciones, conformada además con el 80 por ciento de mujeres, madres y jefas de familia. Sanjuana les modificó, al estilo de cualquier funcionario del viejo régimen, que debió pasar por la pluma crítica de su ahora pausado estilo periodístico, el contrato colectivo de trabajo.

No sólo eso. Hubo despidos injustificados, suspensión de cláusulas y prestaciones, maltrato y hasta acoso laboral. Pero los trabajadores ahí no se dejaron y salieron a las calles. La nueva directora los ninguneó, nunca los recibió, pero la huelga duró tres años, hasta el día del cierre definitivo de Notimex, algo que de todos modos ya estaba cantado desde el pasado mes de abril, según revelaciones del Senador morenista, Ricardo Monreal, quien se adelantó a decir que López Obrador planeaba liquidar la empresa paraestatal, tal y como se confirmó hace unos días.

A Sanjuana Martínez terminaron acusándola informalmente de ejercer un presupuesto de manera ilegal. De acuerdo con cifras del presupuesto público, la directora general de Notimex, junto con varios de los funcionarios de la empresa, ejercieron durante estos tres años de huelga, más de 600 millones de pesos, correspondientes a los tres presupuestos anuales que le otorgó la Cámara de Diputados.

En mayo de 2020 se acusó a Martínez Montemayor y a una parte de la directiva de Notimex, de haber orquestado ataques en redes sociales contra periodistas y extrabajadores, cuyas posiciones políticas consideraba contrarias. Incluso contra algunos de sus antiguos colegas en la revista Proceso, a la que López Obrador le aplicó la misma dosis que Luis Echeverría en los setenta al Excélsior de Julio Scherer y que dio origen al semanario: el escarnio público y el retiro de la publicidad oficial.

La huelga de Notimex fue, históricamente hablando, la más larga para un medio informativo del Estado, tanto a nivel nacional como latinoamericano que se recuerde. Sin embargo, Notimex ya había padecido un paro similar, de apenas unas horas, en 1993, casi al final del salinato.

Lo que pudiera representar un descargo para Sanjuana Martínez, es cuando digo que un sindicato como el referido tiene vicios de origen y presentes, porque dentro de las 94 cláusulas de beneficios que exigía, se encontraban el 15 por ciento de aumento salarial y beneficios económicos a favor de su lideresa, Adriana Urrea, quien demandaba más de 242 mil pesos mensuales por concepto de “apoyo sindical”.

Notimex fue creado en plena efervescencia estudiantil, en agosto de 1968, “con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos” de ese año, según algunas reseñas de la época. En 2006 se reformaron sus estatutos y se diseñó una falsa independencia, pues su junta de gobierno estaba integrada por varias entidades del gobierno, incluida la Secretaría de Gobernación, de la que inicialmente dependía por completo.

Varios estados a nivel internacional han tenido su propia agencia intermediaria de noticias, que es una de las razones que argumentó López Obrador al anunciar su liquidación. Ahí están los ejemplos de Prensa Latina y Granma en Cuba, y el Pravda en Rusia, por citar sólo un tercio.

Es un discurso que podría tener una apariencia liberal y emancipadora, salvo porque todo mundo sabe que Notimex le estorbaba a López Obrador, porque el único hacedor de noticias, desde la “mañanera”, es él; y porque desde hace muchos años la estrategia es él, así declarado por él mismo en 2006, lo cual le valió uno de sus tempranos desaguisados con Proceso, que recogió oportunamente sus palabras en una portada, durante aquella candidatura presidencial en picada.

Por eso su despropósito de haber propuesto a Sanjuana Martínez para el cargo, y por eso el desatino de mantener una rémora como esa agencia intermediaria casi hasta el final de su sexenio.

Quizás otras entidades informativas merezcan una revisión, así sean organismos descentralizados, y al menos en cuanto a sus objetivos de administrar y producir contenidos se refiere, cuando dicen que lo hacen “en beneficio de la sociedad mexicana”. Tal es el caso del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), a cargo de Jenaro Villamil, quien también trabajó como reportero de Proceso durante catorce años, y desde su nuevo empleo genera programación sólo favorable, acrítico del poder, que hoy ostenta la Cuatroté, en la radiodifusión pública y en las televisoras estatales, como el Canal Once, que administra el Instituto Politécnico Nacional.

Tal vez no se pueda medir el alcance de estos cambios de piel, pero lo que sí pueden acreditar las democracias más o menos consolidadas, es que mucho le beneficia a un país el encargo de la información, precisamente, a los medios de información, para que la crítica fluya y resistan los embates de un poder, hoy por hoy, más presidencialista que antes, y más mediático que nunca.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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