El exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortíz confirmó en días pasados su intención de contender por la Presidencia de la República a través de una candidatura independiente. Al expriista lo ha acompañado desde tiempo atrás la represión por el conflicto magisterial oaxaqueño, al igual que las acusaciones de desvío y los vínculos con grupos de choque.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el entonces Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) había sido responsable de violaciones graves de garantías individuales durante el conflicto magisterial ocurrido entre 2006 y 2007, un caso por el cual el exmandatario enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional, junto a dos de sus aliados, quienes fueron señalados de protegerlo: los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Pese a la mancha de la represión y de las acusaciones que hay en La Haya sobre cómo en estos episodios de su gestión se perpetraron ejecuciones extrajudiciales —entre ellas las de los periodistas Raúl Marcial Pérez y Bradley Will—, y cientos casos de detenciones arbitrarias y de tortura, Ulises Ruiz Ortiz no ha desistido de sus aspiraciones políticas.
En 2019 buscó ser el dirigente nacional del PRI, una contienda que ganó el polémico Alejandro Moreno Cárdenas o “Alito”, como le dicen, con quien mantuvo una abierta confrontación, hasta que fue expulsado del partido en septiembre de 2021, una decisión que confirmó en marzo pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Ahora Ulises Ruiz se ha planteado una nueva misión, ser candidato presidencial independiente en 2024:
“Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie. Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la Presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo”, escribió en días pasados en su cuenta de Twitter el exgobernador.
En su gestión Oaxaca ocupó el primer lugar en pobreza y marginación, una situación que contrastó con las acusaciones de desvíos de recursos públicos en su contra, las cuales incluso fueron investigadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
No fue la única irregularidad. De hecho, la polémica siempre ha acompañado a Ulises Ruiz Ortiz. Al Gobierno de Oaxaca llegó luego de una elección marcada por señalamientos de fraude y al finalizar su mandato los mismos malos manejos siguieron: cinco exfuncionarios de su Gobierno fueron acusados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por el presuntos desvío de fondos públicos, por una cifra superior a los 400 millones de pesos y 45 auditorías detectaron un quebranto superior a cuatro mil millones de pesos durante su administración.
En 2012, además, la Fiscalía finlandesa lo responsabilizó por el asesinato de dos defensores de derechos humanos, quienes en abril de 2010 participaban en una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, en Oaxaca, la cual fue emboscada por un grupo paralamitar vinculado a Ulises Ruiz.
En ese entonces, Omar Esparza, esposo de la defensora de los derechos humanos asesinada y dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), acusó que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa había enviado emisarios a Europa para impedir que el exgobernador fuera denunciado penalmente en los tribunales de Finlandia por su apoyo al grupo paramilitar que emboscó y asesinó a los activistas.
Las acusaciones que lo vinculan con grupos paramilitares o de choque no se limitaron a su gestión en Oaxaca. Su salida del PRI se dio luego de que la dirigencia del partido lo acusara de haber enviado a hombres armados a la sede del partido en la Ciudad de México para atacar a otros militantes.
Por estos hechos, el PRI denunció al exgobernador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber planeado ataques con armas. “Presentamos ante la FGR denuncia en contra de Ulises Ruiz y Nallely Gutierrez por la probable comisión de delitos federales durante el artero ataque a la militancia del PRI, en la que resultaron heridas por arma de fuego, varias personas”, informó el pasado 30 de junio Marco Mendoza, secretario adjunto a la presidencia del tricolor.
Meses después, en septiembre de 2020, fue expulsado. Y aunque en diciembre él celebró que la decisión había sido revertida, el pasado 16 de marzo el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) confirmó, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la expulsión de Ulises Ruiz Ortiz del PRI.
Este es el equipo de gente armada que @ulisesruizor envío al @PRICDMX_ en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional. No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI. A punta de balazos quieren dividirnos. ¡No lo vamos a permitir! pic.twitter.com/tr4Yju7WJ3
— PRI (@PRI_Nacional) June 30, 2021
Pero a pesar de todo este historial de cargos y acusaciones en su contra, Ruiz Ortiz nunca ha sido juzgado. Por el contrario, se ha vendido en los últimos años, primero como un disidente del priismo y ahora como un crítico del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una postura desde la cual busca construir su candidatura presidencial.
“No existe el PRI como oposición, por eso me corrieron, ¡hombre!, por estar denunciando que el PRI se vuelva oposición, tenga un proyecto de nación. A mí me parece que lo que urge es rescatar a México […] Yo no estoy de acuerdo en cómo está llevando el país López Obrador y de ninguna manera colaboraré con él, por eso a mí me dan pena los gobernadores y exgobernadores, esos que ahí andan de embajadores, pues no sólo andan buscando cómo se acomodan, como no los investigan […] la oposición en general está tronada, está desdibujada, y si no se ponen las pilas, hay que ir a las candidaturas del pueblo, a las candidaturas ciudadanas, a las candidaturas independientes”, dijo Ruiz Ortiz en enero de este año a un medio de Chiapas, al comenzar a trazar sus aspiraciones presidenciales.
El exgobernador de Oaxaca, que no figura en las encuestas rumbo al proceso presidencial, tendrá que presentar ante el INE, en los tiempos que se señalen, las firmas correspondientes al 1 por ciento de la lista nominal de electores en el país, distribuido en al menos 17 entidades federativas con igual porcentaje en cada una de ellas.
Las dos últimas personas que obtuvieron su registro por este vía fueron Margarita Zavala, quien dejó la contienda presidencial apenas iniciada, y el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ahora preso por presunta corrupción, quien obtuvo 2 millones 961 mil 732 votos, poco más del 5 por ciento de la votación total.
