La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que el caso Tlatlaya se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por el caso Tlatlaya en este 2020, pero luego de que lo hicieron el proceso se cerró, pues no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el diario español El País.
“Por primera vez en seis años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014”, escribe el periodista Pablo Ferri para El País.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Tlatlaya fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.
En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento.
“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Así lo consiguió documentar el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. Las pruebas fueron presentadas en 2015.
Las respuestas de los interrogados abren nuevas preguntas “sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿bajo qué tipo de órdenes actuó el Ejército en esa parte de México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto?”, señala Pablo Ferri en el texto La Fiscalía cierra el caso Tlatlaya tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones.
Los interrogatorios se llevaron a cabo el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército en la Ciudad de México, de acuerdo con Pablo Ferri. Sin embargo, apunta, apenas tres días después el Fiscal informó sobre el cierre del proceso.
“Las declaraciones, a las que ha tenido acceso El País, revelan que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 2014, poco después de las ejecuciones. Hasta ahora, el general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos”, detalla Ferri.
“La presencia de Sánchez León en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar aquel día, a la luz de lo ocurrido durante la madrugada. Y más teniendo en cuenta que una de las acusaciones de la Fiscalía contra parte de los soldados implicados en el tiroteo era que habían alterado la escena del crimen”, agrega el periodista.
