México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias consideraron preocupante el panorama de “franco retroceso”, pues evaluaron que el gasto en programas no obligados a tener ROP “es incluso mayor que en la anterior administración”.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Cuatro organizaciones de la sociedad civil instaron a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a ejercer y garantizar el artículo 134 de la Constitución mexicana, que mandata al Gobierno a ejercer de forma “transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada” los recursos de la ciudadanía.
A través de una carta abierta, dirigida también al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, hicieron un llamado para que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 cumpla con las características descritas.
Las organizaciones México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias solicitaron que los programas de transferencias y subsidios que recibirán recursos del PEF cuenten con Reglas de Operación (ROP).
“Lamentablemente, el proyecto de presupuesto que ha llegado a la Cámara para su aprobación propone gastar 64 por ciento (402 mil millones de pesos) del presupuesto en programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con dichas reglas”, afirmó el grupo.
Ante esto, consideraron preocupante el panorama de “franco retroceso”, pues evaluaron que el gasto en programas no obligados a tener ROP “es incluso mayor que en la anterior administración”.
El documento también dio cuenta que del decreto actual fue eliminado el texto que atribuía a la Cámara de Diputados para “dar una opinión sobre las ROP de los programas sujetos a tenerlas”.
“Sin ROP no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación”, afirmaron.
Para las cuatro organizaciones este acto evita garantizar un trato justo y no discriminatorio, que tenga perspectiva de género y regional, además de contar con el registro de sus beneficiarios y operación, lo que afecta la auditoría y rendición de cuentas y la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados.
“Por ley, sólo los programas que cuentan con reglas de operación deben llevar a cabo una evaluación de sus resultados, que es la única forma de saber si el programa está logrando sus metas o no”, recordó el grupo.
Solicitaron que el Presupuesto de Egresos de 2020 incluya la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos dirigidos a la población cuenten con Reglas de Operación.
“Es momento de exigir responsabilidad en el uso del dinero de todos. La situación, creemos, lo amerita ampliamente. Como sabe, las finanzas públicas del país enfrentan una situación complicada. Las obligaciones de gasto crecientes, como el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, desafían los limitados ingresos públicos”, escribieron a Ramírez Cuéllar.
