Cuando criminales del cártel de Sinaloa tomaron de rehenes a elementos del Ejército Mexicano, les desposeyeron de sus radios de comunicación civil. Utilizaron la frecuencia oficial para hacer contacto con los mandos militares y negociar la liberación de Ovidio Guzmán López, el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

En uno de los audios que llegó a la frecuencia de la radio militar se escucha lo siguiente:

“Afirma, afirma, ¿a ver, me estas copiando guacho? Mira loco, tranquilo plebada, suéltame al chavalo y ahorita mismo paramos el desmadre que hay. Tú estás en un pedacito, hay un desmadre en todo Culiacán de balacera, ahorita van a empezar a levantar guachos en todas las rancherías, suelten al chavalo y listo, se acabó esto en tres segundos. Suéltenlo por favor y en caliente. Habla pa’ México loco, habla para México si quieres también, y diles que tenemos una bola de guachos levantados…”.

Otro audio:

“…es por el jefe, lo sueltan y dejamos ir a todos los guachos que ya les tenemos amagados y a todas las mujeres, donde usted oiga le tire... (Inentendible) a la gente de nosotros, lo vamos a tomar como negatividad y le vamos a ir matando un guachito por (Inentendible)… usted sabe, nosotros estamos en la mejor disposición, oiga, de trabajar las cosas…”.

Al final de la tarde, previo a la conferencia de prensa que protagonizó el gabinete de seguridad del gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, otro audio fue filtrado. El criminal ya había cambiado el tono. Entonces dijo para que se supiera:

“Pendiente plebada, ya rescataron al patrón”.

Al tiempo también fue filtrada por el servicio de mensajería de WhatsApp una fotografía donde se ve a Ovidio Guzmán utilizando un teléfono celular. Porta la misma ropa de la imagen que fue reconocida como oficial, una camisa azul claro, y se alcanzan a percibir los lazos de los escapularios que cuelgan de su cuello. Aparte del celular, el otro objeto novedoso en la imagen es una gorra beisbolera a tono con la camisa.

Esa imagen fue, para quienes investigaban el caso por profesión, por ser periodistas o pertenecer al círculo policíaco, la confirmación no sólo de que el hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, había sido tratado con privilegios, sino que había sido liberado, lo que había confirmado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en una ambigua declaración durante su conferencia de prensa, y después confirmaría a la agencia noticiosa del Reino Unido, Reuters.

En realidad “el chavalo” no fue rescatado como aseguró una voz criminal a los suyos y a desconocidos. Fue liberado en una negociación en la cual la prenda fue la vida de soldados. La tranquilidad –momentánea- para Culiacán.

Entre balas, sangre, la toma de una ciudad, de rehenes y un caos operativo en los altos mandos de la seguridad en el país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primero en la historia moderna de México, en negociar –de manera prácticamente pública– con criminales y además liberar a un capo que ya tenía detenido, custodiado por elementos de seguridad federales y cuya captura había sido producto de un operativo de extrema precisión, sin la utilización de una sola bala, sin el rompimiento de sus círculos de seguridad.

El problema sería la Guardia Nacional. Tan expuestos sus elementos en calles y banquetas, sin protocolos de seguridad más allá del acompañamiento de corporaciones locales y sin de hecho conocer bien las ciudades que patrullan, fueron presa fácil de los criminales que actuaron de manera violenta, arbitraria y en total impunidad, en lo que han hecho sus terrenos. Lo mismo las sedes militares que no eran custodiadas, en pleno Culiacán, con seguridad especializada acorde al nivel de violencia que se vive en aquel estado. Prueba de ello sería la anunciada salida de las familias de militares de dichas instalaciones durante los días posteriores. Los de la milicia tuvieron o les dieron la oportunidad de emprender un éxodo. Privilegio que no tienen quienes en Culiacán residen, trabajan, estudian, viven, hacen negocios y a diario han de convivir con la violencia, la amenaza.

Ninguno de los elementos que participaron en el operativo de captura –que habría sido exitoso si no reciben la orden de liberación del capo- fue rehén de los criminales. Ni siquiera lograron acercarse a ellos. La situación en el exterior a la detención se salió de control. La lenta reacción de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para proteger sus territorios e imponer el Estado de Derecho, le dio la ventaja a los delincuentes que apoyados por la familia del detenido, las células criminales que controlan en el cártel de Sinaloa, y acaso por el capo de capos, Ismael Zambada García el “Mayo” (no sería la primera ocasión que ayuda a salir libres de un conflicto a los hijos de “El Chapo”), lograron lo increíble, que el gobierno mexicano cediera ante sus amenazas, negociara “la paz” a cambio de la liberación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá decir que tiene “la conciencia muy tranquila”, y que actuó “de manera correcta” al liberar a un detenido para evitar una masacre. La realidad es que su actuar soltó la rienda a los asesinos. A los que matan soldados y ciudadanos, a los que tienen muchas ciudades de Sinaloa controladas con la ley de plata o plomo, y a quienes en el resto del país y desde otros cárteles de la droga, se imponen con violencia a la sociedad.

De los diez hijos reconocidos del “Chapo” Guzmán, por lo menos cinco han sido, en distintas ocasiones y en Estados Unidos y en México, ligados a actividades ilícitas. Uno de ellos fue asesinado en 2002. Los cuatro restantes, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, estos últimos de acuerdo a análisis de corporaciones de investigación de Norteamérica y nacionales, crecieron en Culiacán, los primeros en Guadalajara, Jalisco. Y son además –junto al hijo de Dámaso López- sospechosos de ordenar el crimen del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.

No, liberar personas catalogadas como de alta peligrosidad, buscadas para rendir cuentas a la justicia en fiscalías de distrito de los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, entre otros, no es abonarle a la seguridad de los mexicanos, es vulnerarlos aún más al darles a los criminales la categoría de intocables.

Más que dormir con la conciencia tranquila, el Presidente debería actuar en consecuencia. Establecer de inicio a fin, a detalle, con coordinación, planeación y objetivos, la política de combate a los criminales en México, para rescatar las calles del país de las garras de los narcotraficantes, de tal manera que no abra la puerta a la negociación criminal… otra vez.

Adela Navarro Bello

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