En estos días se ha hablado mucho del traslado de Ovidio Guzmán, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a una prisión estadounidense y han dicho sus abogados molestos que fue ilegal y violaron sus derechos.

Observadores de la relación bilateral también han señalado que fue una concesión del Gobierno mexicano al de Estados Unidos para bajar la presión que se ejerce desde las instituciones y la proveniente de la política mientras el Presidente López Obrador rechaza ambas opiniones, incluso, anunció en una “mañanera” que tiene previsto volver a Badiraguato para inaugurar un camino que conectará este municipio con el estado de Chihuahua.

Estados Unidos vive en estos momentos los estertores de un proceso electoral adelantado que tiene como mejor imagen la de un Donald Trump detenido, exaltado y malhumorado tras las rejas por presuntos delitos cometidos todavía como Presidente de su país.

Y México, ya lo vimos en los comicios de 2020, produce votos sobre todo en sectores conservadores y temerosos que compran los discursos estridentes antimexicanos de Trump.

Trump anuncia que si le beneficia el voto y gana la elección presidencial de 2024 no descarta intervenir en nuestro territorio para combatir los cárteles de la droga y eso, en un momento en que fluyen por el país decenas de miles de migrantes que van en búsqueda del “sueño americano” es insumo electoral.

Y eso con la detención y extradición de Ovidio, cómo veremos, ha provocado cambios, especialmente, en la fracción del Cártel de Sinaloa, que lideran ahora tres de los cuatro hijos del ya legendario “Chapo” Guzmán.

El semanario Riodoce informa que algo ocurrió en está fracción y puede que haya sido una medida de autoprotección gestionada por el propio Chapo Guzmán o producto de un acuerdo con personeros del gobierno obradorista.

En la edición del domingo pasado señala el semanario que hay indicios de que el clan de “Los Chapitos” ha decidido dejar de producir fentanilo y cómo este clan no solo lo produce en Sinaloa, han conminado a que el resto de los productores dejen de hacerlo so pena de muerte de quienes desobedezcan la orden.

Ismael Bojórquez, uno de los periodistas mejor informados en estos temas en el estado, lo dice claramente en su columna Altares y Sótanos: “Poco después de que aprehendieron a Ovidio…sus hermanos, comandados por Archivaldo Guzmán Salazar, dejaron de producir fentanilo y han estado ‘exhibiendo pruebas’, de que la orden es inatacable so pena de pagar con la vida. Los cuerpos que se han encontrado donde a su lado aparecen bolsas y cajas con pastillas de fentanilo, son el mensaje. Las casas cateadas, también. Se cuentan por decenas, en Culiacán y en poblaciones aledañas. Y laboratorios en el monte”.

Sin embargo, todo parece indicar que la producción y distribución de fentanilo supera al área de influencia de “Los Chapitos”, porque siguen llegando los precursores al país y el estado, cómo lo señaló recientemente Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública local, quién afirmó que el fentanilo entra a Sinaloa por Mazatlán.

Esto provocó un desmentido enérgico del Gobernador Rubén Rocha Moya rechazando esa aseveración que pone en entredicho la acción de su gobierno y lastima la imagen del destino turístico y dijo contundente: “Es una mala nota, indebida, inapropiada porque no es cierto; ninguna autoridad en el país ha registrado que el fentanilo llegue por Mazatlán”.

Agregó, además, para demostrar que la afirmación de su subalterno es falsa recordó que en Sinaloa se detuvo el más grande decomiso de fentanilo con 2 millones de pastillas que procedían del estado de Nayarit, es decir, en esa lógica, Sinaloa sólo es un lugar de tránsito, lo que se cae con la detección de laboratorios clandestinos en ciudades y comunidades rurales.

El tema del fentanilo no solo tiene un productor sino muchos y dada su rentabilidad perfectamente cualquier otro cártel podría estar produciéndolo en su área de influencia y, desde ahí, distribuirlo en el mercado nacional e internacional.

Entonces, si esto es un mercado, adonde acuden distintos productores de fentanilo, estamos ante un problema mayúsculo que inmediatamente hace suponer que rebasa al clan de los Guzmán, sin embargo, cuando el Gobierno de los Estados Unidos pone el dedo en está fracción del cártel de Sinaloa con nombre y apellido busca culpable de un problema que está causando a su sociedad, nos dice, 100 mil muertes al año, por lo que no es casual el pronunciamiento de Merrick Garland, el Fiscal General de los Estados Unidos, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde señala que van por el resto de hermanos de Ovidio.

Ante una producción y una distribución compartida entre los distintos carteles, poner nombre a uno de ellos está pensado en clave de tener un enemigo al que hay que perseguir y en un momento político, como el que se vive en los dos países, deriva en propaganda en ambos lados de la frontera.

El Gobierno mexicano muestra “voluntad” para combatir a los cárteles que distribuyen esta droga en la sociedad norteamericana y, del otro lado de la frontera, dirán que es producto de los esfuerzos de sus agencias y de la colaboración binacional que obtiene resultados tangibles como es la detención y extradición de Ovidio, algo que el gobierno de López Obrador,  siempre ha negado e insistentemente señala que estas aprehensiones son producto del trabajo de inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad pública.

La pregunta que ronda en Sinaloa alrededor de la decisión de “Los Chapitos” de abandonar la producción de fentanilo es si fue resultado de un cálculo de costo beneficio o si fue producto de un acuerdo que tenía con intermediarios del Gobierno mexicano.

Si fue lo primero todo hace suponer que responde –como sugiere Ismael Bojórquez– a la indicación del padre de los “menores” para apoyar a su hermano en cautiverio y la otra, que el presunto acuerdo para bajar la presión de los estadounidenses no se respetó y Ovidio fue sacado repentinamente de su celda para ser trasladado a Chicago, donde ya compareció ante un Juez y se declaró inocente.

Esto provocó incertidumbre en los actos masivos sinaloenses de conmemoración de la independencia de México y un despliegue de fuerzas de seguridad. Y hasta eso, no pocos cuestionan, ¿por qué se hizo la extradición en esa fecha llena de simbolismo patriótico? ¿Será que en materia de cooperación binacional eso no importa?

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Entrevista ¬ México puede con políticas de Trump o grilla de Canadá: Subsecretario