En total, señalaron las dependencias, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por el Juez Samuel Ventura Ramos a favor de los acusados.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, presentó una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa y que ha dejado en libertad a varios de los acusados.
En un comunicado difundido esta noche se informó que las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la Fiscalía General de la Republica (FGR) para ingresar la denuncia en donde se señala al Juez por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.
“Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo”, expusieron la Segob y la SSPC en un comunicado conjunto.
Por acuerdo del #GabineteDeSeguridad, este viernes se presentó denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en #Matamoros, #Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso #Ayotzinapa.
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— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 24, 2022
Pese a ello, agrega, “los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”.
Además recordaron que el 14 de septiembre pasado el Juez dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.
En total, señalaron las dependencias, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por el Juez Samuel Ventura Ramos a favor de los acusados.
LAS LIBERACIONES DEL JUEZ
Apenas ayer, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que se presentaría una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como una penal en contra del Juez Samuel Ventura Ramos.
“Señalar que no es la primera vez que este Juez emite este tipo de sentencias absolutorias. En días pasados absolvió a José Luis Abarca Velázquez [exalcalde de Iguala] por el delito de secuestro”, recordó el funcionario federal en conferencia de prensa presidencial, en Palacio Nacional.
El pasado miércoles, el Juez dio la orden de liberar a 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.
El Subsecretario de Seguridad explicó que la sentencia absolutoria fue a 24 personas por el delito de homicidio calificado, ya que supuestamente habrían participado en el homicidio en grado de tentativa de Aldo “N”, el estudiante de Ayotzinapa que se encuentra en estado vegetativo desde el 2014.
Destacó que en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este Juez bajo el argumento de “cuestiones procesales de temas de debido proceso”.
“En nuestra opinión no ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia”, añadió.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, criticó esta semana la orden de liberar a 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Reiteró que con ello se volvió a cometer dicha resolución después de que también fuera absuelto José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Asimismo, también dijo que espera que la Fiscalía General de la República recurra a la causa que se abrió a inicios de 2018, cuando la FGR era la Procuraduría General de la República (PGR).
“Con lo que suman de 120 libertades absolutorias dictadas por este Juez en favor de acusados. La causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR. Esperamos que @FGRMexico la recurra. Esta es la justicia que defienden los testaferros de la Verdad Histórica”, sentenció en su cuenta de Twitter.
La causa penal se abrió a inicios de 2018 por la entonces PGR. Esperamos que la @FGRMexico la recurra.
Esta es la justicia que defienden los testaferros de la Verdad Histórica.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 21, 2022
El pasado 14 de septiembre se informó que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas determinó la inexistencia de pruebas para vincular al exedil José Luis Abarca por la presunta desaparición de los normalistas, imputación mencionada en la causa penal 66/2014.
A pesar de ello, Abarca permanecerá en prisión debido al actual proceso penal al que es sometido por el presunto homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ); así como de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda —presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac—, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentado el pasado 18 de agosto, José Luis Abarca fue identificado como “A1” y quien, en conjunto con dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
CPM SSPC Cero Impunidad, 22sep22
