El exlíder criminal continurá cumpliendo su condena de 40 años desde la cárcel a las afueras de Guadalajara, y no bajo arresto domiciliario como tenía previsto.
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, seguirá preso en el Penal de Puente Grande, pues la medida para continuar su sentencia en prisión domiciliaria fue suspendida hasta que se revise bien el tema de su brazalete electrónico.
Así lo estableció el Juez Séptimo de Distrito, quien suspendió el traslado del llamado “Jefe de Jefes” al domicilio autorizado. Esta es la segunda vez que se pospone su salida.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco informó en un comunicado difundido en medios que recibió a las 14:50 horas de este viernes 23 de septiembre la notificación del Juez Séptimo de Distrito de la suspensión del traslado en razón de que la Fiscalía General de la República había solicitado fuera trasladado a un Cefereso del Estado de Morelos y subsanar algunas fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico.
“El Juez Séptimo de Distrito negó el traslado a un Cefereso, pero pospuso la medida hasta que se subsanen las fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico, sin fecha definida por el momento”, destaca el comunicado.
Apenas el pasado 15 de septiembre, “El Jefe de Jefes” tuvo una audiencia para determinar su salida a la que sería su prisión domiciliaria, una medida que su defensa solicitó ante el Juez debido a su edad avanzada y a que padece 22 enfermedades, entre ellas sordera y problemas de la vista. No obstante, se pospuso para el día de hoy y de nueva cuenta no salió libre por el tema del brazalete.
El personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco confirmó entonces la suspensión de la salida de Félix Gallardo a la que sería su prisión domiciliaria, donde cumpliría lo que resta de su condena de 40 años tras 33 años en prisión en los que su salud se deterioró tanto que provocó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intercediera en su caso y que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera dicha medida.
Esa mañana, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la lista de las 22 enfermedades que padece el exlíder criminal de 76 años, entre las que se le diagnosticaron sordera izquierda y muy mala audición derecha; atrofia del globo ocular izquierdo y glaucoma en ojo izquierdo; carcinoma facial, hernia de disco hipertrofia de próstata benigna.
Además de vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tuberculosis latente, así como neumonía adquirida en el Reclusorio.
Rosa Icela Rodríguez también informó que por prescripción médica Félix Gallardo toma renacenz, nootropil, néxium, pemix, pregabalina, psyllium plantago, timolol oftálmico, metformina, ketorolaco, aspirina, dotbal, calcitrol y piridoxina.
Asimismo, señaló que la prisión domiciliaria se otorgó por recomendación del encargado de la Coordinación del Área Médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco, debido a que su estado actual de salud requiere de atenciones que el Penal de Puente Grande no podría proporcionar como la atención especializada constante, vigilancia estrecha y supervisión durante las 24 horas del día debido a su edad avanzada y múltiples patologías.
Luego de que el pasado 7 de septiembre el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la capital notificó su resolución en la que se concedió prisión domiciliaria al “Jefe de Jefes” por motivos de salud, cinco días después, la Fiscalía General de a República (FGR) interpuso un recurso para apelar la decisión, por lo que la orden no se cumplimentó esa vez.
Con la resolución del Juez, el exlíder del Cártel de Guadalajara debería de portar un brazalete electrónico, con el fin de conocer su localización y así hacer valer su vigilancia para evitar el riesgo de algún tipo de fuga.
“El Jefe de Jefes” fue detenido en abril de 1989, pero hasta el 2017 fue condenado a 37 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en contra del agente de la DEA Enrique Camarera Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, integrante de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
