Trump está acostumbrado a las batallas legales. Ha sido blanco de numerosas demandas y ha demostrado una inusual capacidad para sobrevivir a situaciones que parecían muy comprometedoras.
Por Eric Tucker
Washington, 23 de septiembre (AP) — Un importante fallo en su contra de jueces que él mismo designó. Fuertes denuncias de fraude de la Procuradora general del estado de Nueva York. Fue una semana de reveses legales para Donald Trump, que reflejan los problemas que se le acumulan y para los cuales no podrá acogerse a las protecciones que le daba la Casa Blanca.
Las bravuconadas que tanto rédito le dieron en la política no lo ayudan mucho en un ámbito legal en el que priman las evidencias verificables y donde una investigación de presuntos fraudes que comenzó cuando todavía era presidente dio paso a una demanda de 222 páginas en su contra.
“En la política uno puede decir lo que quiera y, si a la gente le gusta, suma puntos. En el ámbito legal, las cosas son diferentes”, dijo Chris Edelson, profesor de la American University especializado en los poderes de la Presidencia. “Es un terreno en el que, a diferencia de lo que ocurre en la política, hay consecuencias tangibles para los pasos en falso, las acciones ilegales, las declaraciones falsas”.
Esa distinción entre la política y las leyes quedó en evidencia en un período de 30 horas esta semana.
En una entrevista con Fox News, Trump insistió esta semana en que los documentos secretos que tenía en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) habían sido desclasificados y en que un presidente tiene la facultad de desclasificar información “incluso de tan solo pensarlo”.
El día previo, sin embargo, un árbitro independiente que sus propios abogados habían recomendado se mostró asombrado de que la gente de Trump declinase presentar información corroborando su afirmación de que los documentos habían sido desclasificados. El árbitro Raymond Dearie, un veterano juez federal, dijo que, ante la ausencia de evidencia que justificase la postura de Trump, tendía a considerar que los documentos seguían siendo clasificados, como dice el gobierno.
El miércoles por la mañana, Letitia James, la procuradora general de Nueve York, acusó a Trump de exagerar su patrimonio en miles de millones de dólares y de incurrir en la práctica habitual de inflar ante los bancos el valor de sus propiedades. La demanda, producto de una investigación de tres años que comenzó cuando Trump ocupaba la presidencia, también abarca a los tres hijos adultos de Trump y plantea que se les prohíba volver a dirigir una empresa en el estado de Nueva York. Trump niega haber cometido las irregularidades que se le imputan.
Horas después, tres jueces del Juzgado de Apelaciones del 11mo Circuito –dos de ellos designados por Trump– le asestaron otro duro golpe en relación con la investigación del allanamiento a su residencia de Mar-a-Lago.
Rechazaron tajantemente el argumento de que tenía derecho a pedir un árbitro independiente para que revise los aproximadamente 100 documentos clasificados confiscados el mes pasado en un allanamiento del FBI. Dijeron asimismo que no estaba claro por qué Trump podía tener “interés o necesidad” alguna en esos documentos.
El fallo despejó el camino para que el Departamento de Justicia reanudase la revisión de los documentos. También eliminó una orden de la jueza Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores revisar los documentos. El jueves la jueza eliminó de su dictamen la parte que disponía que el Departamento de Justicia debía dar a Dearie y a los abogados de Trump acceso a los documentos clasificados.
Sus abogados nos respondieron de inmediato a pedidos de comentarios.
En la Casa Blanca, Trump enfrentó una peligrosa investigación de si había obstruido o no una pesquisa del Departamento de Justicia sobre los contactos de su campaña electoral con Rusia en el 2016. En esa ocasión gozó de los privilegios que le daba la presidencia. El fiscal especial Robert Mueller respetó la tradición de que no se encausa a un presidente en ejercicio.
Fue sometido a dos juicios políticos por disposición de la Cámara de Representantes, y absuelto en ambos casos por el Senado con votos republicanos.
No está claro si será acusado de delito penal alguno en conexión con algunas de las investigaciones en curso. La demanda de Nueva York es un asunto civil.
De lo que no hay dudas es de que Trump ya no goza de los privilegios legales que le daba la presidencia, un argumento al que él ha apelado una y otra vez.
Expertos en jurisprudencia que normalmente apoyan las posturas de Trump dudan ahora de sus estrategias.
Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington que declaró a favor de los republicanos en el primer juicio político de Trump en el 2019, dijo que le llamaba la atención la “ausencia de una postura coherente y consistente del ex presidente en torno a los documentos clasificados”.
“No entiendo cómo un abogado puede decir que tú puedes desclasificar un documento de solo pensarlo”, manifestó. “Es poco probable que los tribunales acepten ese argumento”.
