El acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica exige un enfoque triple para documentar un conflicto tan inmenso en el que es prácticamente imposible calcular todos los crímenes cometidos.
Por Christine Armario y César García
Bogotá, 23 de septiembre (AP).- Ante un tribunal especial creado para el proceso de paz, algunos ex integrantes del que fuera el grupo rebelde más grande de Colombia pidieron perdón este lunes y reconocieron secuestros cometidos durante el largo conflicto civil del país.
Once ex rebeldes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz tres carpetas con su primer testimonio colectivo escrito en el que detallaron la responsabilidad que tuvo la guerrilla en los secuestros de políticos, soldados y civiles.
“Nos acercamos a las víctimas, haciendo una reflexión profunda sobre los hechos de la guerra, para pedir perdón por los errores cometidos”, dijo Rodrigo Londoño, mejor conocido como “Timochenko”, el ex líder guerrillero que ahora encabeza el partido político de las FARC.
El testimonio se produjo mientras siguen surgiendo grietas en el aún frágil proceso de paz de Colombia. Un pequeño grupo de ex comandantes rebeldes abandonó recientemente el acuerdo y anunció su retomaría las armas. Amplias franjas de zonas rurales y lejanas siguen bajo control de grupos armados ilegales que se disputan rutas para el narcotráfico. En tanto, muchos excombatientes que están haciendo la transición a la vida civil han aparecido muertos.
“Asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”: Rodrigo Londoño.#VersionFarcSecuestro pic.twitter.com/OVMyXQSAKi
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 23, 2019
Londoño acudió al Tribunal Especial para la Paz en Bogotá con un asiento de coche para su pequeño hijo y prometió a los magistrados que, pese a los obstáculos que han enfrentado, gran parte de los ex rebeldes están comprometidos a proporcionar un relato completo sobre los crímenes de guerra.
“Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor”, leyó de un comunicado ante el tribunal. “Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenados a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones. Todos y todas perdimos”.
El tribunal está encargado de la investigación, enjuiciamiento e imposición de sentencias para los crímenes de guerra más graves. Hasta ahora ha abierto media docena de casos contra guerrilleros de izquierda y oficiales militares. La mayoría de los 9 mil 700 ex rebeldes que han prometido cooperar evitarán pasar un periodo tras las rejas al proporcionar una confesión completa.
El primer caso trata sobre los secuestros que los rebeldes de las FARC cometieron entre 1993 y 2012, periodo en el que el que el movimiento se expandía.
Los secuestros fueron una práctica común utilizada para conseguir dinero y mostrar su control sobre la población civil. Entre las víctimas hubo políticos importantes como Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada mientras realizaba su campaña presidencial.
Algunas víctimas de secuestro fueron rescatadas, mientras que otras fueron asesinadas o se sigue sin conocer su paradero.
Londoño describió los secuestros como una “desafortunada práctica” que los guerrilleros trataron de mantener a un nivel mínimo. Pero con el transcurso del tiempo, las guerrillas se empezaron a debilitar cada vez más a causa de arrestos y ataques por parte de las fuerzas militares del país. “Timochenko” señaló que la dinámica de la guerra los obligó a atacar a civiles que podrían lograr avances en los objetivos políticos y económicos de los rebeldes.
“No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del derecho internacional humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos y colombianas a construir lo que fueron las FARC-EP”, dijo.
Londoño añadió que el testimonio presentado el lunes surgió luego de varios meses de reuniones, entrevistas e interrogatorios en zonas de desmovilización en diversas partes del país. El testimonio escrito no da detalles sobre casos individuales. Sin embargo, el ex líder guerrillero dijo que espera proporcionar una documentación más detallada sobre los secuestros en los próximos meses.
“Asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado”, declaró.
El acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica exige un enfoque triple para documentar un conflicto tan inmenso en el que es prácticamente imposible calcular todos los crímenes cometidos.
El conflicto con duración de cinco décadas entre rebeldes de izquierda, paramilitares y el Estado dejó por lo menos 250 mil muertos, 80 mil desaparecidos y a millones de personas desplazadas.
Una comisión de la verdad independiente está encargada de investigar las razones por las que ocurrió el conflicto, qué atrocidades se cometieron y cómo se puede evitar un futuro derramamiento de sangre. Una unidad para los desaparecidos recopila información sobre aquellos cuyos restos todavía no son hallados o identificados. El Tribunal Especial para la Paz, quizás la parte más polémica del acuerdo, impondrá sanciones en gran parte simbólicas dirigidas a realizar reparaciones.
Aunque se parece a otros procesos de paz en el mundo, muchos colombianos con la memoria todavía fresca del conflicto consideran que los términos fueron demasiado generosos y preferirían ver a los ex comandantes rebeldes en prisión.
Mónica Cifuentes, representante de la procuraduría, pidió a los ex rebeldes compartir información sobre las 522 personas de las que se desconoce su paradero, incluidos detalles como cuáles guerrilleros estuvieron involucrados, y cómo, cuándo y dónde ocurrió el secuestro.
“Ha llegado el momento de hacer tales aclaraciones, explicaciones”, dijo Cifuentes mientras estaba sentada ante una hilera de ex líderes rebeldes vestidos con camisetas de colores pálidos y chamarras deportivas en una gran habitación en las oficinas del tribunal. “De arrojar luz sobre tales sucesos, para el bien de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos y para el bien de la sociedad colombiana”, agregó.
Los magistrados revisarán los testimonios por escrito de los rebeldes y los compararán con relatos proporcionados por el Estado y organizaciones de víctimas.
El que el proceso de paz de Colombia sea considerado creíble a los ojos de las víctimas y ciudadanos escépticos dependerá en gran parte de si los exguerrilleros pueden dar un relato detallado de sus crímenes de guerra, comentó el analista político León Valencia.
“Sin duda, el principal delito por el cual se les acusó públicamente a las FARC y el que tuvo más resonancia mediática fue el secuestro”, comentó. “Tienen que explicar si ellos están vivos o muertos, cómo murieron y ahí ellos tienen una tarea muy grande”.
