Investigar la desaparición forzada, a manos de militares, de Rosendo Radilla como terrorismo de Estado le daría una nueva dimensión a su caso y sentaría un precedente para casos similares, consideró la hija del activista.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La oficina de la Jueza Karla Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, confirmó a SinEmbargo una sentencia de un juicio de amparo en el que se concluye que la represión del Estado mexicano durante la década de 1970 fue terrorismo de Estado y se ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar bajo esa lógica el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido hace 50 años por militares.
En esta sentencia histórica también se ordena a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero que procese a decenas de militares de alto rango implicados en el caso del activista, entre ellos el General Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, según publicó el diario El País el jueves en una nota firmada por el periodista Pablo Ferri, quien tuvo acceso al expediente del caso.
La licenciada Norma Cruz Campos, secretaria de la Jueza Karla Macías, confirmó a este diario la información publicada por El País: “La sentencia ya está firmada, pero se están haciendo las adecuaciones para la versión pública”.
Investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla como terrorismo de Estado le daría una nueva dimensión a su caso y sentaría un precedente para casos similares, consideró la hija del activista.
“Sí, nosotros estamos muy contentos con esa resolución de la juez. Sabemos que va a tener un fuerte impacto, esperamos que cumpla con esa sentencia, que no estén negándose, como siempre lo hacen, al cumplimiento de esa sentencia. Creo que ahí no solamente es el caso de Rosendo, mi padre, sino que arropa a los demás casos”, expresó en entrevista telefónica con el periodista Álvaro Delgado, de SinEmbargo.
El próximo domingo se cumplen 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974 durante la llamada “Guerra Sucia”. Han sido décadas de lucha para la familia Radilla, que a veces ha parecido infructuosa al seguir los responsables en la impunidad.
“Estamos casi a 50 años, ya se cumplen los 50 años de la desaparición de mi padre. Pronto serán los 15 años de la sentencia que no ha sido cumplida. Entonces, pues esperamos, tenemos esperanzas todavía de que pueda dar cumplimiento a estas dos sentencias; una que ya va a cumplir el 23 noviembre, 15 años, y la otra, que recientemente acaba de salir”, dijo.
Sobre el papel de la Fiscalía General de la República, Radilla solicitó que se realicen investigaciones efectivas para localizar a los responsables vivos y que se encuentren a los familiares desaparecidos. “Queremos que los busquen y que hagan investigaciones reales para dar con el paradero de nuestros seres queridos,” añadió.
A pesar de este avance, Radilla fue enfática en exigir su cumplimiento, señalando que espera que esta sentencia se acatada por el Estado mexicano efectivamente, a diferencia de las resoluciones anteriores en el mismo caso que no han sido cumplidas.
ROSENDO RADILLA, 50 AÑOS SIN JUSTICIA
En el periodo de la llamada “Guerra Sucia”, que comprende de 1965 a 1990, los gobiernos del PRI embistieron una persecución en contra de la disidencia y eso incluyó a Rosendo Radilla, un músico que disfrutaba de escribir corridos sobre injusticias y abusos y que fue detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974 en un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se dirigía a Atoyac en compañía de su hijo en un autobús.
El líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, participó en el proceso de organización independiente de campesinos de la región y organizó el Congreso Campesino en Atoyac junto a la Liga Agraria del Sur “Emiliano Zapata”.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuando Rosendo preguntó a los militares de qué se le acusaba, estos le respondieron que “de componer corridos a Lucio Cabañas”.
La familia del líder social tuvo que esperar hasta la década de los 90 para interponer denuncias formales ante autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (hoy FGE) debido a la represión de la época.
Hasta la fecha se han tramitado seis denuncias penales ante distintas instancias; sin embargo la FGR no ha imputado ningún delito en relación con la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
En el caso del General Enrique Cervantes Aguirre, el más alto mando implicado en la desaparición de Radilla y a quien la sentencia de la Jueza Karla Macías ordena procesar, fue Secretario de Defensa durante el sexenio de Ernesto Zedillo y ha sido señalado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) como uno de los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos.
Cervantes Aguirre, asesor del actual secretario Luis Cresencio Sandoval, es acusado de haber perseguido a los integrantes del Partido de los Pobres en la década de los 70.
En esa época también trabajó en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y en la 27 zona Militar de Guerrero; mientras que en 1980 se desenvolvió como director del Heroico Colegio Militar.
De acuerdo con el MEH, Cervantes Aguirre “combatió al Partido de los Pobres en Coyuca, Atoyac y Técpan, incluso participó en el operativo de liberación del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa y en la operación que resultó en la ejecución de Lucio Cabañas”.
En octubre del 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró a Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes, exsecretarios la Defensa Nacional, durante el marco de la celebración del bicentenario del Heroico Colegio Militar.
–Con información de Álvaro Delgado y Romina Gándara
